Resumen

¿Le importa a la ciudadanía española cómo se toman las decisiones políticas? Y en caso afirmativo, ¿qué tipo de procesos políticos desea? La publicación de Stealth Democracy hace unos años abrió un interesante debate sobre este tema, pero los datos de este estudio norteamericano sólo se habían replicado para el caso finlandés. Este texto describe y analiza los resultados de la encuesta CIS 2860 donde se realiza una réplica, ampliación y crítica de ese texto y del cuestionario en que se basaba. Los dos primeros capítulos de este volumen realizan una descripción de los procesos políticos que desea la ciudadanía española, discutiendo si se desean los mismos tipos de procesos para todos los temas y todos los ámbitos territoriales. La segunda parte del volumen se dedica a intentar explicar de dónde surgen esas actitudes, incorporando tanto las variables centrales del texto norteamericano, enriquecidas con nuevos indicadores (percepción de consenso, aversión al conflicto o percepción sobre las capacidades de políticos y ciudadanía), como otras que habían sido ignoradas hasta ahora (por ejemplo, la intensidad de las actitudes).

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COLECCIÓN «OPINIONES Y ACTITUDES», NUM. 71

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado

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Primera edición, septiembre de 2012

© Centro de Investigaciones Sociológicas

Montalbán, 8 - 28014 MADRID

Tels.: 91 580 76 07 - 91 580 76 00

© Joan Font, Clemente Navarro, Magdalena Wojcieszak, Pau Alarcón

Diseño de cubierta: Joaquín Gallego

DERECHOS RESERVADOS CONFORME A LA LEY

NIPO: 004-12-023-X (papel); 004-12-022-0 (electrónico)

ISBN: 978-84-7476-598-4 (papel); 978-84-7476-599-1 (electrónico)

Conversión a libro electrónico: J. A. DISEÑO EDITORIAL, S.L. - www.jadiseno.es

Índice

1. Introducción

1.1. Presentación

1.2. Stealth Democracy: aportaciones y debates

1.3. Las preferencias sobre procesos políticos: preguntas sin respuestas, nuevas ideas

1.4. Contenidos

2. Las preferencias ciudadanas sobre los procesos políticos

2.1. Procesos políticos deseados: una mirada genérica y comparativa

2.2. ¿Qué más sabemos sobre cómo prefiere la ciudadanía española que se tomen las decisiones?

2.3. ¿Qué miden exactamente los indicadores de Stealth Democracy?

2.4. Conclusiones

3. ¿Procesos políticos iguales para todo?: temas y territorios

3.1. ¿Procesos iguales para todo?: procesos participativos, pero según dónde y para qué

3.2. «Procesos tematizados»: demandas sobre procesos participativos y temas políticos

3.3. «Procesos territorializados»: demandas sobre procesos y escala de la comunidad política

3.4. Conclusiones

4. El papel de la intensidad de las actitudes y de la participación

4.1. Issue publics definidos por sus actitudes

4.2. Issue publics y actitudes frente a distintos temas

4.3. La actividad participativa y las preferencias sobre procesos políticos

4.4. El asociacionismo y la participación como explicaciones de las preferencias sobre procesos

4.5. ¿La experiencia participativa articula las preferencias hacia los procesos políticos?

4.6. Conclusiones

5. Consenso y conflicto: dos prismas para comprender la participación

5.1. Dos perspectivas sobre las consecuencias del consenso percibido: teoría y resultados

5.2. El papel de la aversión al conflicto y la heterogeneidad de las redes sociales

5.3. La heterogeneidad de las redes sociales y la aversión al conflicto

5.4. La aversión al conflicto como inhibidora de participación

5.5. Conclusiones

6. Procesos y confianza política: ¿quiénes deben ser virtuosos?

6.1. Ciudadanía y políticos: capacidades y principios morales

6.2. Confianza vertical: desafección institucional y desconfianza moral

6.3. Confianza horizontal: la (poco) mejor valoración de la ciudadanía

6.4. Procesos políticos, confianza y dilemas morales

6.5. Conclusiones

7. Conclusiones

7.1. Los procesos políticos deseados

7.2. Los factores explicativos de estas preferencias

7.3. Reflexiones metodológicas

7.4. Más allá de las preferencias sobre procesos políticos

Anexo

Bibliografía

Índice de tablas

Índice de gráficos

Notas

1.   Introducción1
Magdalena Wojcieszak y Joan Font

1.1.   Presentación

¿Tiene preferencias la ciudadanía sobre cómo quiere que sean los procesos políticos o le importan únicamente los resultados de los mismos? Si esas preferencias existen, ¿cuáles son? En el terreno académico este importante debate ha recobrado actualidad a partir del impacto que ha tenido la publicación de Stealth Democracy2 (Hibbing y Theiss-Morse, 2002), un libro muy sugerente que parece demostrar que a la ciudadanía sí le importan los procesos políticos, y que su preferencia mayoritaria, al menos en el caso norteamericano, es por una democracia sigilosa: es decir, por delegar las decisiones a los políticos, sin que sea necesaria la implicación de la ciudadanía. Cuando menos, estos hallazgos son chocantes, tanto respecto a la discusión académica como al debate público sobre el tema. Aún más en estos momentos en España, cuando la clase política aparece como uno de los problemas más importantes para la ciudadanía y habida cuenta del activismo del movimiento 15-M o de los indignados, que surgió en 2011 mediante masivas movilizaciones, acampadas de protesta y asambleas, y una de cuyas demandas y prácticas centrales es la de dar mayor voz a la ciudadanía en la toma de decisiones políticas. ¿Es esta demanda generalizada entre la población española o más bien la mayoría prefiere también procesos políticos sigilosos?

Sin duda, los argumentos y resultados de la citada obra han contribuido a avivar el debate, al menos entre los estudiosos del tema. No obstante, esta aportación debe profundizarse por diversas vías. En primer lugar, es importante comprobar si se trata de unas preferencias exclusivas de la ciudadanía norteamericana o si son compartidas por la población de otras poliarquías. ¿Le importa a la ciudadanía española cómo se toman las decisiones políticas, los procesos y procedimientos utilizados, o solo, o fundamentalmente, sus resultados? Para dar respuesta a estas cuestiones de carácter comparativo, nuestro estudio replica los análisis de Stealth Democracy para el caso español. Hasta ahora son muy pocas las aportaciones empíricas que aborden otros casos más allá de Estados Unidos (véase Bengtsson y Mattila, 2009, para el caso finlandés), por lo que extender el ámbito territorial donde se verifica la existencia o no de estas ideas ya es una aportación importante.

En segundo lugar, nuestro estudio mejora los instrumentos de medida de estas preferencias. En este trabajo replicaremos las preguntas centrales del estudio norteamericano, pero las analizaremos aplicando críticamente el modelo de Stealth Democracy. Es decir, utilizamos todos los indicadores básicos originalmente presentes en el libro y al mismo tiempo añadimos otras preguntas, viendo cuáles aportan más a nuestro conocimiento de los procesos democráticos que desea la población española. Por ejemplo, examinaremos si esas preferencias son las mismas para varios ámbitos de gobierno (del municipio a la UE) y para varios temas.

En tercer lugar, nuestro estudio complementa el modelo explicativo original. No solo enriquecemos la información sobre las preferencias políticas que queremos analizar, sino que añadimos otros factores importantes en la explicación de estas preferencias, que habían sido poco tratados anteriormente. Específicamente, incluiremos en la explicación de estas preferencias factores como la confianza en políticos y ciudadanía, la importancia de la intensidad de las actitudes hacia los temas sobre los que se decide, la percepción de consenso en la sociedad o nuevas variables relativas a rasgos psicológicos individuales.

Pero antes de comentar con mayor profundidad estos tres objetivos de nuestro estudio intentamos sintetizar en el próximo apartado el debate académico que se ha generado a partir de Stealth Democracy. Esto nos permitirá mostrar mejor las nuevas ideas que incorpora nuestro estudio, que expanden, critican y complementan el modelo original en el apartado que le sigue.

1.2.   Stealth Democracy: aportaciones y debates

Stealth Democracy (Hibbing y Theiss-Morse, 2002) fue una contribución fundamental para nuestra comprensión del tipo de procesos políticos que desea la ciudadanía. Hasta ese momento, la mayor parte de la investigación sobre participación asumía que existía una importante demanda ciudadana. Hibbing y Theiss-Morse dejaron claro que esta demanda no es universal y que, de hecho, va en contra de los deseos de muchas personas que no tienen ningún interés en estar más involucradas en el proceso político. Otras investigaciones han demostrado que este patrón no es exclusivo de Estados Unidos (Bengtsson y Mattila, 2009; Donovan y Karp, 2006).

Más concretamente, Stealth Democracy hace dos aportaciones muy sugerentes. En primer lugar, Hibbing y Theiss-Morse (2002) afirman que la ciudadanía no solo está interesada en los resultados del proceso político, sino que también se preocupa por cómo se toman esas decisiones, sin que ese interés hacia el proceso de toma de decisiones implique un deseo de participar en el mismo. Esto es, existe el clásico «espacio de las políticas públicas» (o «policy space», en su texto), que suele estudiarse en términos de la distinción entre izquierda y derecha, pero también un «espacio de los procesos políticos» (o «process space»). También afirman que las preferencias de la ciudadanía respecto a estos espacios son independientes una de la otra: se puede estar a favor o en contra de un modelo más participativo desde la opción republicana o demócrata. Pero además, la postura frente al tipo de procesos políticos deseados es políticamente relevante, porque se relaciona con la confianza política, el apoyo a muchas reformas políticas o con el apoyo a políticos no convencionales, como fue el caso de Ross Perot durante las elecciones norteamericanas de 1992 y 1996.

En segundo lugar, Hibbing y Theiss-Morse (2002) muestran que el apoyo a procesos participativos, de implicación directa de la ciudadanía, no es universal. En gran medida, el apoyo a las reformas que reducen el poder de los políticos depende de la valoración que la ciudadanía tenga de los mismos, que al menos en su caso (Estados Unidos) es mayoritariamente negativa. La cuestión es que su valoración de las capacidades de sus conciudadanos no es mucho mejor. Además, la mayoría de la ciudadanía considera que existe un amplio consenso sobre los grandes temas políticos y que, por tanto, muchos de los debates políticos son innecesarios y generados por la voluntad de polemizar de los políticos. Asimismo, la ciudadanía no siente mucho interés por participar en actividades que impliquen conflicto potencial con otras personas. La combinación de desconfianza respecto a las demás personas, junto a la percepción de amplio consenso en muchos temas políticos y la aversión al conflicto, suponen la base de la preferencia por procesos invisibles y sigilosos, en los que se tomen decisiones efectivas sin hacer mucho ruido, sin debate, polémica, ni participación estridente. Así, habría un amplio apoyo de la ciudadanía al modelo que Hibbing y Theiss-Morse han denominado «Stealth Democracy»: el deseo de que existan políticos empáticos, que no sesguen sus decisiones hacia intereses particulares o hacia los suyos propios (2002: 132), al tiempo que se otorga un papel importante en el proceso de toma de decisiones a personas a las que se percibe como independientes y capacitadas, como podrían ser los expertos o los empresarios exitosos. Todo ello haría innecesaria la implicación directa de la ciudadanía. Esto podría suponer un protagonismo de personas que han demostrado sus capacidades y eficiencia en otros ámbitos, como podrían ejemplificar los nuevos gobiernos «técnicos» elegidos en Grecia e Italia en noviembre de 2011. Eso es, en el modelo que proponen:

[…] los procedimientos de toma de decisiones no son visibles para las personas a menos que se preocupen por conocerlos; donde la gente no suele jugar un papel importante en la toma de decisiones, ni en la aportación de información, ni en el seguimiento de las decisiones que se toman. El objetivo de la Stealth Democracy es que las decisiones se tomen de manera eficiente, objetiva, y sin alboroto y desacuerdo. Por lo tanto, se prefieren procedimientos que no se registran en el «radar» de los ciudadanos a los típicos procedimientos que se asocian con el gobierno, ruidosos y que dividen a la gente (2012: 143).

La tesis de Stealth Democracy es sugerente por ser provocativa, pero también por ser al menos parcialmente creíble, ya que las evidencias empíricas existentes en sentido contrario (la existencia de una clara demanda de mayores espacios participativos) son débiles, tanto para el caso español (Mota, 2006; Navarro, Cuesta y Font, 2009, capítulo 3) como a nivel comparado (Budge, 1996; Dalton, Bürklin y Drummond, 2001; Donovan y Karp, 2006). Y es provocativo porque los defensores de modelos de democracia más deliberativos o participativos (Fishkin o Barber, por citar solo uno de cada grupo), han estado proponiendo más intervención de la ciudadanía en los procesos políticos. En cambio, Stealth Democracy afirma que incluso la ciudadanía que parece desear que se reduzca el poder de los políticos profesionales, no quiere realmente un proceso político con amplia intervención ciudadana.

1.3.   Las preferencias sobre procesos políticos: preguntas sin respuestas, nuevas ideas

Sin embargo, tal como los propios autores reconocen, los datos de encuesta en los que sustentan su investigación son limitados. Sus conclusiones se basan en interpretar mediante el análisis de material cualitativo (principalmente, grupos de discusión), las contradicciones que emergen en los datos cuantitativos, así como en algunos supuestos y saltos interpretativos que son, al menos, discutibles.

Por ello, además de replicar la tesis de Stealth Democracy en España, otro objetivo de nuestro proyecto es hacer una revisión crítica y una extensión teórica y metodológica del modelo. Nuestras críticas a su planteamiento empírico aparecerán a lo largo del texto, aunque nuestra prioridad principal es mostrar cómo podemos completar su aportación con nuevos materiales y en varias direcciones, que pueden ayudar a matizar sus resultados y a hacer una profunda relectura de los mismos.

En primer lugar, pretendemos conocer qué preferencias concretas tiene la ciudadanía sobre diferentes mecanismos y procesos para tomar las decisiones políticas (referendos, representantes, expertos, deliberación). ¿Están relacionadas las actitudes hacia todos estos procesos? ¿Podemos reducirlas a un debate y un espacio unidimensional? Es decir, para la ciudadanía, ¿solo existen procesos políticos de implicación directa frente a procesos puramente representativos, o existen otras posibilidades? ¿Hay algo más que la «democracia directa» y la «democracia sigilosa» en la mente de la ciudadanía? Examinaremos cómo la contraposición representación versus participación se asocia con la valoración de otras fórmulas posibles de toma de decisiones, aunque la aproximación dominante a lo largo del libro será la de que el debate central sea el que se produce en torno a cuánto protagonismo deben tener la ciudadanía y los representantes políticos. Nos llevan a esta opción razones tanto teóricas como metodológicas.

Entre las primeras destaca que la mayor parte del debate (académico y político) se ha centrado en esa dicotomía que contrapone un modelo de representación (generalmente articulado en torno a partidos y representantes electos, como lo encontramos en casi todas las poliarquías actuales), frente a un modelo donde la ciudadanía participaría activamente en la toma de decisiones por medio de instrumentos que pueden ir desde los referendos hasta las iniciativas legislativas y otras fórmulas participativas (Dalton, Bürklin y Drummond, 2001: 142). La razón metodológica principal es que esta simplificación del debate (representación versus participación directa) nos permite analizarlo también de forma eficiente (utilizando pocas preguntas del cuestionario), para otros ámbitos territoriales y temas concretos3.

En segundo lugar, trataremos de conocer si las preferencias sobre los procesos de decisión son consistentes para distintas escalas y asuntos de debate público. En Stealth Democracy solo se considera el «espacio de los procesos políticos» a nivel nacional y en relación a la política en general, mientras que aquí nos preguntaremos: ¿son las preferencias iguales para todos los niveles de gobierno o son diferentes si se trata de ámbitos más cercanos como el local/municipal o de gobiernos más amplios y complejos como el nacional o el europeo?; ¿son iguales estas preferencias con independencia del tema concreto sobre el que haya que tomar una decisión?; ¿es lo mismo que el tema en cuestión tenga componentes emocionales, morales, o sea más o menos polarizador? Examinaremos las diferencias en las preferencias sobre la forma de tomar decisiones en relación a tres temas concretos y diferentes como son la economía, el aborto y la inmigración. Mientras que el segundo ha generado un amplio debate y movilización (principalmente por parte de la derecha española, en los últimos años), el tercero ha llegado a adquirir mucha importancia en la agenda pública, aunque las movilizaciones hayan sido más minoritarias. La economía ha sido el tema central de la agenda política española de la última legislatura y el problema más citado en sus distintas variantes en todos los barómetros del CIS.

En relación con esto, y en tercer lugar, el análisis de Stealth Democracy desatiende la posibilidad de que la implicación dependa del interés que las personas tienen hacia diferentes temas (Martín, 2004). Esto es, no a todo el mundo le interesan los mismos temas, existen diferentes públicos para diferentes asuntos, en el marco de una política cada vez más tematizada. Además, muchos estudios en el campo de la psicología social, la comunicación y las ciencias políticas sugieren que las personas con opiniones fuertes o extremas sí están dispuestas a expresarlas en circunstancias «hostiles» (Moy, Domke y Stamm, 2001). Del mismo modo, los votantes con creencias fuertes expresan sus puntos de vista aunque estos sean minoritarios, mientras que quienes no están fuertemente comprometidos, en esas mismas circunstancias, prefieren no afrontar el conflicto que supondría su implicación (Scheufele y Eveland, 2001). Es decir, la ciudadanía se diferencia en los temas que le interesan, así como por la intensidad con la que le preocupan. ¿Podría esto explicar que sus preferencias por procesos políticos varían para distintos asuntos? Por tanto, ni las preferencias sobre procesos políticos son iguales para todas las personas, ni lo son para tratar de cualquier tema.

De hecho, lo anterior abre el último debate importante que pretendemos tratar aquí: ¿de dónde surgen, cómo se conforman, qué factores explican estas preferencias en torno a los procesos políticos? Dalton, Bürklin y Drummond (2001), y Bengtsson y Mattila (2009), coinciden en que la desconfianza política influye, provocando el rechazo hacia los procesos de carácter representativo, mientras que la ideología orienta específicamente las preferencias hacia opciones más tecnocráticas, al modo de la Stealth Democracy (que recibe más apoyos entre la ciudadanía de derechas), o participativas (entre la de izquierda). Así pues, la desconfianza política y la ideología son también candidatas a analizar para conocer cómo se forman las preferencias por procesos políticos, además de la existencia de públicos temáticos y de creencias más o menos fuertes, tal y como hemos indicado anteriormente. Incluiremos estas variables (no tratadas en detalle en Stealth Democracy) en nuestros análisis, además de tratar de mejorar la medición de las incluidas allí, como son la percepción de consenso y la aversión al conflicto.

1.4.   Contenidos

Esta investigación se estructura en dos grandes partes y unas pequeñas conclusiones finales. En la primera parte nuestro objetivo central será presentar las preferencias que tiene la ciudadanía española sobre distintos procedimientos a la hora de tomar decisiones políticas vinculantes para la comunidad. El capítulo 2 presenta las variables centrales para analizar los procesos políticos que aparecían en el estudio de Stealth Democracy, tanto la escala que mide el tipo de procesos deseados como el índice de apoyo a la «democracia sigilosa». Analizaremos su distribución en la población española, si las preferencias varían según los rasgos sociodemográficos y las actitudes políticas, y si en su conjunto existen diferencias con los otros países para los que disponemos de mediciones similares (Estados Unidos y Finlandia) y discutiremos su significado, en relación con un conjunto de preguntas complementarias sobre mecanismos concretos que hemos incorporado en nuestro estudio.

El capítulo 3 mantiene la misma lógica y pregunta general (¿qué procesos políticos queremos?), pero enriquecidas con una pregunta complementaria: ¿cambian estas preferencias en función de la escala territorial y para algunos temas concretos? Para ello analizaremos las variaciones según diferentes niveles territoriales (municipio, España y Unión Europea) y diferentes temas (el aborto, la inmigración y la situación económica en España).

A partir del capítulo 4 dejamos el análisis más descriptivo de los procesos políticos que prefiere la ciudadanía española para abordar otra pregunta diferente: ¿por qué?, ¿qué elementos estructuran estas preferencias o, por lo menos, a qué posibles factores explicativos están asociadas? En estos capítulos presentamos una serie de variables independientes, para a continuación examinar si efectivamente se asocian al tipo de procesos políticos deseados. Concretamente, el capítulo 4 se centra en la existencia de públicos temáticos, la intensidad de algunas actitudes políticas y en la actividad participativa: ¿son los más interesados en asuntos concretos y aquellos con opiniones extremas4 quienes prefieren procesos que reclamen más su implicación, al menos en aquellos temas que más les interesan?, ¿hasta qué punto son los que más participan políticamente quienes desean procesos más participativos?

El capítulo 5 presenta nuestro análisis de la percepción de consenso y de la aversión al conflicto entre la ciudadanía, las dos variables explicativas clave en Stealth Democracy. Después de presentar las variables que utilizamos para medir estos conceptos, pasamos a analizar su influencia sobre los deseos hacia procesos más o menos participativos. Por último, el capítulo 6 se centra en el papel de la confianza, tanto la confianza interpersonal en el resto de la ciudadanía como en los políticos, tratando de examinar su relación con otras mediciones que indican desconfianza institucional y desafección, así como su efecto sobre las preferencias por procesos políticos. El libro se cierra con un breve capítulo 7 que sintetiza las principales conclusiones del mismo y discute alguna de sus principales implicaciones teóricas, metodológicas y políticas.

La tabla 1.1 sintetiza cuáles son las principales preguntas y aportaciones de este texto y dónde se abordan a lo largo del mismo.

Tabla 1.1. Guía de preguntas y aportaciones del texto y su ubicación

2.   Las preferencias ciudadanas sobre los procesos políticos
Joan Font y Pau Alarcón

El objetivo de este capítulo es empezar a presentar y analizar qué tipo de procesos políticos considera más deseables la ciudadanía española. Como hemos explicado en la introducción, Stealth Democracy ha generado un interesante debate al respecto. Por ello, empezaremos este capítulo en comparación explícita con esta obra y veremos cómo se comportan en España los indicadores básicos que Hibbing y Theiss-Morse (2002) utilizan para ver el tipo de procesos políticos deseados por la ciudadanía norteamericana. También veremos quiénes prefieren procesos políticos con más y menos protagonismo de la ciudadanía. Después, en coherencia con las críticas que formulábamos en la introducción, vamos a tratar de enriquecer la información sobre los procesos políticos deseados por la ciudadanía a través de una serie de preguntas adicionales al respecto, cuyos resultados haremos dialogar con los indicadores originales de Stealth Democracy. Las conclusiones de este capítulo se convertirán en la base sobre la que construimos el resto del volumen, puesto que aquí justificaremos cuáles van a ser las principales actitudes sobre procesos políticos deseados que vamos a tratar de entender a lo largo del libro.

2.1.   Procesos políticos deseados: una mirada genérica y comparativa

Una de las aportaciones importantes de Stealth Democracy es la propuesta de que para comprender mejor la vida política debemos utilizar una lógica bidimensional: además de las posturas en clave de izquierda y derecha (liberal-conservador en Estados Unidos), hemos de tener en cuenta qué tipo de procesos políticos se prefieren, donde un extremo de la escala sería que la ciudadanía tomara directamente todas las decisiones y el otro extremo que fueran los políticos quienes las tomaran todas5.

En la primera parte de Stealth Democracy, esa escala bipolar supone la herramienta empírica fundamental. Sin embargo, tras demostrar que los procesos políticos importan y conllevan consecuencias, la segunda parte olvida este indicador argumentando que sus grupos de discusión muestran que la ciudadanía no tiene interés en participar y se centra en presentar el índice que va a dar título a su obra. A su entender, este índice capturaría el apoyo a un modelo de democracia que es el que cuenta con el verdadero respaldo ciudadano, donde la intervención directa de la ciudadanía no sería necesaria y podría sustituirse por el rol de expertos o personas exitosas en el ámbito empresarial o profesional, personas que fueran capaces pero que no se movieran en función de los mismos intereses que los políticos profesionales actuales. Más allá de este poco justificado salto empírico y conceptual, ¿cómo miden el apoyo a cada uno de estos conceptos y qué ocurre si los aplicamos al caso español?

Si empezamos mirando la respuesta a la escala bipolar que contrapone el rol de ciudadanía y políticos profesionales6 para el caso español, nos encontramos con dos constataciones igual de importantes (gráfico 2.1). En primer lugar, como ocurre en la escala izquierda-derecha, la mayoría de la ciudadanía es moderada y opta por posiciones intermedias, donde se entiende que decisiones tomadas directamente por la ciudadanía y decisiones tomadas por los políticos deberían convivir. En segundo lugar, esos procesos políticos deseados serían mucho más participativos que la situación actual, que la inmensa mayoría de la ciudadanía percibe como fuertemente desequilibrada del lado «los políticos toman todas las decisiones»7. Mientras que la gran mayoría desearía unos procesos políticos equilibrados en cuanto a intervención de ciudadanía y representantes en el proceso de toma de decisiones8, esa misma gran mayoría percibe que son estos últimos quienes toman casi en exclusiva las decisiones hoy. Hasta aquí, las dos características son idénticas a lo que Hibbing y Theiss-Morse (2002: 47) identifican para el caso norteamericano. Sin embargo, la moderación del caso español refleja una mayor inclinación hacia el lado participativo que la moderación norteamericana: la media en Estados Unidos es de 4 en una escala de 1 a 7, lo que traducido a una escala 0-10 como la utilizada en España se convierte en un 6,3, que supone un fuerte contraste con el 4,5 del caso español.

El segundo indicador fundamental del libro de Hibbing y Theiss-Morse (2002) es la escala de apoyo al modelo que bautizaron como «democracia sigilosa». Su argumento es que el aparente apoyo a propuestas más participativas que muestra la escala que acabamos de analizar es en realidad solo el reflejo de la aversión que los norteamericanos tienen a los políticos y su disposición a quitarles poder a cualquier precio. Pero en realidad, como mostrarían los grupos de discusión que utilizan también en su libro, la ciudadanía no tiene ningún interés en participar más y no confía tampoco en que los demás sean capaces de hacer bien ese trabajo (véase el capítulo 6). Por ello, en la mayor parte del libro estos autores hacen una apuesta por confiar básicamente en un nuevo indicador, el índice que construyen de apoyo a la democracia sigilosa.

Gráfico 2.1.   Procesos políticos deseados y percibidos en España

Fuente: CIS 2860.

Este índice (que va de 0 a 3) se forma a partir de la agregación de dos tipos de preguntas diferentes9. En primer lugar, incluye un par de preguntas que miden en mayor grado la relación general con la política. Estar de acuerdo o muy de acuerdo con cada una de las frases que se enuncian en esas preguntas aporta un punto al índice. En segundo lugar estos autores incluyen dos preguntas que engloban soluciones al tema de quién toma las decisiones políticas. Ambas preguntas proponen soluciones que, cuando menos, obvian el componente democrático de las decisiones políticas, trasladando su responsabilidad a empresarios exitosos y expertos. En este caso, el acuerdo con cualquiera de las dos frases supone el tercer punto posible de ese mismo índice10. Tal como argumentaremos en la sección 2.3, existen buenas razones para dudar de la fiabilidad de este índice11, pero para los lectores que simpaticen con la idea y para facilitar la comparación con Estados Unidos presentaremos ahora los rasgos fundamentales de su apoyo en España.

Si realmente este índice mide el apoyo a algo que podemos denominar «democracia sigilosa», este apoyo es muy alto en el caso español, más elevado aún que el de Estados Unidos o Finlandia12 (gráfico 2.2). El apoyo al componente decisionista del concepto de democracia sigilosa, la idea de que los políticos deben hablar menos y actuar más, es aún más unánime en España (95 por ciento) que en los otros dos países. Solo la frase que alude al compromiso y al consenso recoge un nivel de apoyo inferior13. El apoyo a la idea de que sean los empresarios exitosos quienes tomen decisiones políticas alcanza niveles algo superiores a los norteamericanos y muy superiores a los finlandeses, mientras que la mayor diferencia aparece en el apoyo a decisiones tomadas por los expertos, que recibe un respaldo mayoritario en el caso español (63 por ciento), que no se da en los otros casos.

Gráfico 2.2.   Apoyo a los rasgos de democracia sigilosa en España, Estados Unidos y Finlandia

Fuentes: CIS 2860, Hibbing y Theiss-Morse (2002) y Bengtsson y Matilla (2009).

En definitiva, si los primeros datos europeos mostraban que el apoyo a un modelo de democracia sigilosa era algo menor en Finlandia que en Estados Unidos, en el caso español este es bastante mayor, con una presencia muy baja de quienes muestran poca simpatía por el modelo (15 por ciento, frente al 40 por ciento de Finlandia) y una presencia mucho mayor de sus incondicionales (40 por ciento, frente al 26-27 por ciento en los otros países, véase el gráfico 2.3).

¿Quiénes son los defensores de un modelo más participativo y quiénes son los máximos defensores de la democracia sigilosa? Hibbing y Theiss-Morse (2002) muestran que en Estados Unidos el apoyo a la democracia sigilosa es menor entre las personas liberales o que se sienten demócratas y entre quienes experimentan una fuerte aversión al conflicto. En el resto de los trabajos publicados encontramos diversas explicaciones al origen de estas actitudes. Para Dalton, Bürklin y Drummond (2001) el apoyo a propuestas más participativas tiene fundamentalmente su origen en la falta de confianza política y en el extremismo. Por tanto, estos autores podrían coincidir con el argumento de Hibbing y Theiss-Morse (2002) de que los defensores de más participación son personas que realmente optarían por cualquier propuesta que redujera el poder de los políticos porque no confían en ellos. Bengtsson y Mattila (2009) coinciden parcialmente con esa tesis pero le incorporan un argumento adicional, al recuperar la importancia de la ideología: en efecto, los desconfiados serían más proclives a defender cualquier reforma, pero los desconfiados de izquierdas apostarían más por los referendos y las propuestas participativas, mientras que los de derechas constituirían el máximo apoyo para las propuestas de democracia sigilosa. Finalmente, Donovan y Karp (2006) realizan el único análisis comparado del tema y constatan que el apoyo a un mayor protagonismo de la democracia directa proviene sobre todo de personas jóvenes y con interés por la política, en abierto contraste con los resultados discutidos anteriormente.

Gráfico 2.3.   Distribución del índice de democracia sigilosa (0-3) en España, Estados Unidos y Finlandia

Fuentes: Véase el gráfico 2.2.

En nuestro caso, los perfiles sociales que se asocian a las respuestas a esos dos ítems (escala de procesos e índice de apoyo a la democracia sigilosa) son bastante diferentes (tabla 2.1). Así, a la hora de posicionarse ante la escala, serán los más jóvenes (18-34), los abstencionistas o quienes viven en ciudades pequeñas-intermedias (50.000-100.000) quienes más apuesten por fórmulas más participativas, frente a grupos muy diversos que son quienes menos entusiastas se muestran ante estas fórmulas (las personas de mayor nivel económico, junto a los mayores o a las personas sin estudios). De hecho, la educación es probablemente la variable más importante pues también aparece claramente asociada —en negativo— al apoyo a la democracia sigilosa, con los universitarios (junto a las personas de izquierdas, los votantes de IU o quienes viven en grandes ciudades) como los sectores sociales que menos apoyan esta fórmula, que alcanza sus máximos niveles de entusiasmo entre las personas con menores niveles de estudios.

Tabla 2.1.   Apoyo medio a la escala de procesos y al índice de democracia sigilosa según diversos sectores sociales14

En negrilla diferencias significativas para p<0,05.

Fuente: CIS 2860.

2.2.   ¿Qué más sabemos sobre cómo prefiere la ciudadanía española que se tomen las decisiones?

Los datos comparados sobre la participación que resulta deseable para la ciudadanía no son muy abundantes, pero sí existe alguna información que entra en contradicción con (al menos parte de) las conclusiones de Hibbing y Theiss-Morse (2002). En general, la mayoría de datos disponibles apunta a que el apoyo a un mayor uso de instrumentos participativos es amplio, ha crecido (Dalton, Bürklin y Drummond, 2001) y se produce en contextos políticos diversos (Bowler, Donovan y Karp, 2007). Si durante algún tiempo la limitada información disponible apuntaba más bien al deseo genérico de mayores espacios para la intervención de la ciudadanía en la vida política, en los últimos años existen valoraciones referidas a instrumentos más concretos, generalmente los referendos, para los que el apoyo es muy mayoritario en casi todos los países (Bowler, Donovan y Karp, 2007).

También en el caso español los datos anteriores parecen apuntar hacia un amplio apoyo a procesos más participativos. Así, la encuesta 2588 del CIS (2005) reflejaba un 68 por ciento de apoyo a la idea de tomar más decisiones mediante procesos participativos15. Otra encuesta del mismo CIS en 2005 mostraba un mensaje algo menos rotundo: el apoyo a tomar decisiones por medio de referendos en temas importantes era muy amplio (68 por ciento a favor, solo 7 por ciento en contra). Pero cuando se preguntaba por una serie de prioridades políticas, si bien esa apuesta participativa recogía un apoyo amplio (6,3 de media en una escala 0-10), era menor que el asociado a otros valores como la igualdad, la justicia o los derechos de las minorías. También la encuesta analizada por Navarro, Cuesta y Font (2009) muestra un nivel de apoyo amplio a procesos participativos, en este caso en los municipios de tamaño intermedio y con especial claridad en los municipios que más habían desarrollado su oferta participativa.

Para poder conocer mejor estas preferencias en el caso español, la encuesta 2860 en la que se basa este libro incluía otra serie de preguntas en las que se pedía a las personas entrevistadas que valoraran diferentes procedimientos de toma de decisiones. Concretamente, la encuesta incluía dos baterías similares, una más centrada en estilos de toma de decisiones y otra en mecanismos concretos, incorporando cada una de ellas cuatro modelos potencialmente distintos: consultas al conjunto de la ciudadanía (referendos), decisiones a través de expertos, participación y debate (asambleas) y representación16.

A priori las preguntas que indagaban de manera más genérica sobre los cuatro modelos parecen obtener un nivel de apoyo muy similar, con medias casi idénticas para todos ellos. Por el contrario, la evaluación de mecanismos concretos que se hace en la segunda batería de preguntas ayuda a los entrevistados a definirse mejor17: los niveles de apoyo tan elevados para los cuatro modelos descienden de forma generalizada y en algunos casos como los referendos o las decisiones en manos de los gobernantes se incrementa la polarización entre la población, que se refleja en una mayor desviación estándar. Precisamente porque polariza menos que los demás modelos, es la toma de decisiones utilizando consultas a expertos el que obtiene una media ligeramente más alta18.

En todo caso, la ciudadanía no tiende a percibir estos cuatro modelos como antagónicos, ni siquiera si nos limitáramos a confrontar los dos con un componente más participativo (referendos y asambleas) respecto al otro par: las correlaciones entre todas estas escalas o bien son positivas o al menos cercanas al 019, excepto con la pregunta final. Esta última pregunta, referida a la toma de decisiones por los representantes políticos, muestra su comportamiento más polarizador, que puede apreciarse muy claramente en cuanto relacionamos las posturas respecto a estas frases con el posicionamiento en la escala de procesos participativos (gráfico 2.4). Para ello hemos dividido las respuestas a la escala de procesos en tres categorías: las personas que defienden un modelo participativo (respuestas entre 0 y 3 en la escala), las moderadas (respuestas entre 4 y 6) y las defensoras de un modelo representativo (respuestas de 7 a 10). Así, podemos ver que los modelos y mecanismos participativos son mejor valorados por quienes optan también en la escala por conceder mayor protagonismo a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, lo que ya constituye un primer indicador de que las personas entrevistadas han entendido las preguntas y responden a las mismas al menos con cierto grado de coherencia. Estas diferencias en función de la respuesta a la escala de procesos son aún más importantes en esa pregunta final sobre el gobierno de los representantes, que alcanza la máxima diferencia entre la valoración otorgada por los sectores más y menos pro-participación. Por el contrario, el debate sobre cuánto escuchar a los expertos es el tema que menos relación tiene con la actitud pro-participación: aunque estas sean en la dirección esperada (más pro-expertos quienes optan por dar menos protagonismo a la ciudadanía), son muy escasas y apuntan a que este tema constituye una dimensión de la actitud ante los procesos políticos muy independiente, como veremos en la siguiente sección.

La encuesta preguntaba también por las potenciales consecuencias que podría tener la incorporación de más participación ciudadana en las decisiones públicas. Los resultados muestran una clara división de opiniones, con un claro equilibrio entre las consecuencias positivas y negativas: si nos fijamos solo en la primera respuesta elegida20 hay una pequeñísima diferencia a favor de las respuestas negativas y si lo hacemos en la suma de la primera y la segunda respuesta permitidas, el equilibrio se rompe ligeramente del lado de las positivas (gráfico 2.5).

Gráfico 2.4.   Valoraciones favorables hacia distintos procesos de toma de decisión, según posición en la escala de procesos

Fuente: CIS 2860.

Aunque las seis posibles consecuencias propuestas logran un nivel de apoyo notable y no muy heterogéneo entre sí, la que destaca entre las negativas no es tanto fruto de una visión negativa de las consecuencias de la participación como de una visión escéptica sobre su capacidad de influencia en las decisiones políticas finales («no harían caso»). En el lado positivo, la respuesta que mayor apoyo recibe es la de facilitar un mayor control a los políticos. Este acento en la ventaja de la participación más tradicionalmente liberal (control de los gobernantes y establecimiento de «accountability») encaja con el clima de desconfianza hacia estos que sugiere buena parte de la encuesta. En todo caso, el apoyo a las tres posibles consecuencias positivas y negativas está bastante repartido, apuntando a que todas ellas forman parte o por lo menos son capaces de conectar con el imaginario colectivo sobre el tema.

De hecho, las respuestas a esta pregunta apuntan a la existencia de varios grupos entre el público: quienes tienen una valoración positiva de los efectos de la participación y como resultado citan dos consecuencias positivas de la misma (26 por ciento), quienes se sitúan en el otro extremo y solo citan consecuencias negativas (22 por ciento) y los dos grupos intermedios que o bien perciben alguna de cada lado (26 por ciento) o bien solo citan una consecuencia, sea esta positiva o negativa (11 por ciento). Las valoraciones positivas y negativas, por tanto, de los efectos de la participación, se encuentran muy equilibradas entre la sociedad española.

Gráfico 2.5.   Consecuencias previstas de la participación21

Fuente: CIS 2860 y CIS 2588.

En todo caso, estos resultados son significativamente distintos a los que aparecieron cuando se hizo esta pregunta por última vez (Estudio 2588, 2005), donde las opiniones sobre consecuencias favorables tenían mucho más apoyo que las desfavorables. Este cambio puede estar reflejando un movimiento real de la opinión pública (que podría haber adquirido mayor conciencia de los problemas potenciales de la participación a medida que algunos de estos espacios participativos se han ido desarrollando), aunque tampoco puede descartarse plenamente que el cambio se deba más bien a razones metodológicas22.

¿Son los perfiles de quienes apoyan cada una de estas ideas y propuestas similares a los que hemos visto en el apartado anterior? Para responder a esta pregunta hemos seleccionado tres indicadores diferentes: las escalas de apoyo a dos de los mecanismos que más polarizaban a la ciudadanía (referendos y decisiones en manos de los gobernantes), así como el porcentaje de personas que mencionan dos consecuencias positivas de la participación (tabla 2.2).

Tabla 2.2.   Apoyo medio a tres indicadores de procesos participativos según diversos sectores sociales23

En negrilla diferencias significativas para p<0,05; en la tercera columna, un asterisco significa correlación significativa para p<0,05; dos asteriscos, significativa para p<0,01.

Fuente: CIS 2860.

Aunque los resultados varían para cada uno de los indicadores, hay algunos rasgos en común a todos ellos. Por ejemplo, los votantes de IU, las personas que se ubican en la izquierda y las personas que viven en los municipios de 50.000 a 100.000 habitantes se encuentran invariablemente entre los más firmes defensores de las percepciones más positivas de los procesos participativos. Otros grupos tienen un comportamiento más dependiente del indicador concreto y en algún caso pueden acompañarles los abstencionistas o los jóvenes (rechazo a dejar que sean los gobernantes quienes tomen las decisiones), las personas con estudios universitarios (consecuencias positivas de la participación) o las que tienen ingresos muy bajos (defensa de los referendos). En el otro lado, los sectores sociales más reticentes a los procesos participativos son más inconstantes y pueden oscilar entre quienes no declaran su voto, las personas de derechas o con menos estudios o los votantes del PP, que son quienes menos consecuencias positivas ven en la participación.

Estos perfiles mantienen la tónica general que hemos visto en el apartado anterior: mayor apoyo a las ideas que suponen apuestas más participativas entre personas de izquierdas y que viven en municipios intermedios y a menudo también entre las personas con mayores niveles educativos, aunque las variables y categorías concretas que reflejan estas tendencias con más nitidez pueden cambiar para los diferentes indicadores utilizados.

2.3.   ¿Qué miden exactamente los indicadores de Stealth Democracy?

Este conjunto de nuevas informaciones sobre qué tipo de procesos políticos gustan más y menos a la ciudadanía española nos permite retomar algunos de los interrogantes que planteábamos al inicio de este texto, discutir las opciones metodológicas que hacen Hibbing y Theiss-Morse (2002) y valorar cuáles van a ser los indicadores fundamentales que emplearemos a lo largo de este libro.

Para ello utilizamos un análisis factorial que nos permite ver cómo se relacionan entre sí las diferentes preguntas que hemos examinado a lo largo de este capítulo24. El análisis apunta a que este conjunto de 13 variables se pueden ordenar en torno a cuatro grandes ideas (factores), que se recogen en la tabla 2.3: en primer lugar, un factor que mediría el apoyo a las propuestas más participativas (que cuenta con fuertes cargas de las preguntas sobre los dos tipos de modelos e instrumentos participativos, variables de la tabla con valores en negrita en la primera columna); en segundo lugar, un factor de apoyo a una democracia tecnocrática, donde juegan un papel muy fuerte tanto las dos variables originales de Stealth Democracy que preguntan por la conveniencia de ceder decisiones a empresarios y expertos respectivamente como las incluidas sobre esta temática en las dos baterías complementarias (filas 5 a 8 de la tabla, en negrita en la segunda columna); en tercer lugar aparece la dimensión de apoyo a la democracia representativa, con un peso especialmente grande de la valoración de este modelo (fila 10), pero también de otras variables como la misma escala de procesos políticos; finalmente, en cuarto lugar encontramos un factor al que denominamos «decisión y consenso» con fuertes cargas de las otras dos variables del índice de apoyo a la democracia sigilosa (en negrita en la cuarta columna), que muestran su escasa relación con las otras preguntas que las acompañan en el índice original25.

Tabla 2.3. Factores que aparecen tras las variables que miden apoyo a procesos políticos

Nota: La negrita resalta los valores más elevados.

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

La rotación ha convergido en 6 iteraciones.

Fuente: CIS 2860.

¿Qué conclusiones podemos sacar de toda esta información? En primer lugar, se reafirma la idea de que el índice de apoyo a la democracia sigilosa está mezclando componentes muy diferentes que difícilmente pueden agregarse. Quienes se muestran reacios al consenso y quieren más eficacia y menos debate, tienen poco que ver con quienes desean un gobierno técnico y poco político. El índice original de apoyo a la democracia sigilosa mezcla ideas que no están empíricamente asociadas en las preferencias de la ciudadanía. En segundo lugar, constatamos que las preferencias sobre procesos políticos son complejas y que un examen detallado de las mismas debería ser idealmente multidimensional: para muchas personas entrevistadas las ideas de profundizar los componentes participativos, delegar en personas independientes o confiar en los representantes electos no son ideas rotundamente antagónicas, o todo ello hubiera aparecido asociado a un mismo factor. A su vez, el conjunto de las correlaciones entre las variables examinadas (véase el anexo 2.1) o las propias cargas medias-altas de algunas variables en varios factores apunta a que estos factores son distintos pero que tampoco se perciben como rotundamente antagónicos.

Asimismo, este análisis nos permite reforzar la confianza en algunos de los indicadores originales de Stealth Democracy. En primer lugar porque nos ayuda a validar la capacidad de la escala de procesos políticos de medir adecuadamente la oposición representación versus participación: la ciudadanía no se ha ubicado en ella al azar sino que su posición en la misma es coherente con otras actitudes sobre procesos participativos (tal como nos indican tanto las correlaciones como las cargas del análisis factorial) y es parte fundamental, tanto de la dimensión de apoyo a procesos participativos (en negativo) como del apoyo a un modelo representativo (en positivo). En segundo lugar, si bien Hibbing y Theiss-More (2002) no serían capaces de crear un índice de apoyo a la democracia sigilosa fiable para el caso español, al menos sí tenían razón al reivindicar que sus dos preguntas sobre expertos y empresarios de éxito eran relevantes: el apoyo a un gobierno «técnico» y/o meritocrático es una actitud distinta y poco relacionada tanto con el firme apoyo a la representación como con la apuesta fuerte por procesos participativos, como nos muestra ese segundo factor que recoge estos dos indicadores junto a las nuevas escalas de apoyo a soluciones basadas en expertos26.

En todo caso, su aportación más importante radica en la escala de procesos políticos, que hemos validado a través de su consistencia con otra decena de actitudes ante diferentes modelos e instrumentos democráticos. La fuerza de esta escala no está solo en su validez, sino también en su eficiencia. En esta primera parte hemos podido utilizar una decena de indicadores para examinar los contenidos del tipo de procesos políticos que desea la ciudadanía. Pero esa no es una estrategia muy habitual porque exige consumir mucho tiempo en términos de cuestionario o nos dibuja una realidad excesivamente compleja si queremos pasar a explicar de dónde provienen estas preferencias. Además, nuestros cuatro factores tienen una profunda desventaja frente a la simpleza de la escala de procesos políticos: solo podemos calcularlos eliminando a las personas que han dejado de responder a cualquiera de las preguntas, con lo que hemos terminado perdiendo a más de una tercera parte de las personas entrevistadas. Frente a ello, la escala de procesos políticos, con una sola pregunta (adaptable a temáticas y/o escalas territoriales concretas) y con un bajísimo nivel de no respuesta (4 por ciento), representa una medida fiable y que correlaciona adecuadamente con las que consideramos las principales dimensiones de este debate: el apoyo a procesos políticos más participativos o más representativos. Por estos motivos, esta escala (y sus derivados) constituirá el objetivo central de los restantes capítulos de este volumen27. Antes de cerrar este tema queda pendiente retomar la comparación que Hibbing y Theiss-Morse (2002) establecen entre esta escala y una de las herramientas fundamentales del análisis político, la escala ideológica28. Si, tal y como afirman, los procesos políticos importan y si las preferencias sobre los mismos son independientes de las posturas ideológicas (es decir, que se puede estar a favor de la mayor participación siendo de derechas o de izquierdas), ¿tiene sentido plantearse un espacio político bidimensional donde ambas escalas jueguen un papel comparable de estructuración del mapa político y de las preferencias en el mismo?

Nuestra respuesta es afirmativa y negativa a la vez. En primer lugar, la escala de procesos es un instrumento heurístico que la inmensa mayoría de la ciudadanía española es capaz de utilizar (tabla 2.4). De hecho, son muchas más las personas que aceptan ubicarse en esta escala que en la de izquierda-derecha. Su dificultad para ubicar a los partidos no es mucho mayor que en la escala ideológica, excepto para el caso de IU. Y como resultado podemos ubicar a la ciudadanía en un espacio político bidimensional, que presenta bastantes semejanzas y alguna diferencia con el norteamericano. En ambos casos las diferencias percibidas entre partidos son mucho mayores en la escala ideológica que en la de procesos y también en ambos casos la ciudadanía ocupa una posición intermedia en la competencia interpartidista en la escala ideológica, mientras que se ubica bastante más cerca del polo participativo que todos los partidos. La diferencia estriba en que la presencia de IU en el caso español provoca que haya más distancia máxima entre los tres partidos españoles analizados que entre los demócratas y republicanos en Estados Unidos. También, al igual que en el caso norteamericano, las posturas de la ciudadanía en una y otra escala son bastante independientes entre sí, de manera que podemos encontrar españoles de izquierdas y de derechas tanto entre los defensores como entre los detractores de las apuestas participativas (aunque, como hemos visto, haya algo más de apoyo a las posturas participativas entre la izquierda).

Tabla 2.4.   Autoubicación y ubicación percibida de los principales partidos en escala ideológica y de procesos (media y porcentaje de no respuesta)

Fuente: CIS 2860.

Gráfico 2.6.   Ubicación de los principales partidos y autoubicación de la ciudadanía según ideología y preferencias hacia los procesos de toma de decisiones

Nota: El eje horizontal va de 0 (extrema izquierda) a 10 (extrema derecha), el eje vertical va de 0 (la ciudadanía toma las decisiones) a 10 (las decisiones las toman los políticos).

Fuente: CIS 2860.

Hasta aquí las buenas noticias respecto al potencial explicativo de la escala de procesos en la vida política española. Aunque un análisis de sus potenciales consecuencias va mucho más allá de las pretensiones de este volumen, el contraste rápido entre el mapa que nos dibuja el gráfico 2.6 y los resultados electorales nos muestra claramente que la escala de procesos no puede tener la capacidad explicativo-predictiva que se atribuye a la escala ideológica, puesto que en ese caso IU (en tanto que la ciudadanía lo ubica como más cercano a sus preferencias en esta escala) debería ser una fuerza política mucho mayor en términos electorales. Sea porque a diferencia de lo que afirman Hibbing y Theiss-Morse (2002) esta dimensión no es tan importante para la ciudadanía a la hora de votar o porque las diferencias que ven entre partidos no son lo suficientemente claras como para orientar su voto, el hecho incuestionable es que su potencial relación con el voto aparece como mínimo como limitada para el caso español.

2.4.   Conclusiones

De todo lo anterior emergen tres conclusiones principales. En primer lugar, el conjunto de las actitudes examinadas muestran una preferencia (moderada) por que se incorporen más mecanismos participativos con intervención ciudadana en los procesos políticos de toma de decisiones. Tanto las posturas en la escala de procesos políticos como las respuestas a todas las preguntas restantes muestran una sociedad española con defensores y detractores de la participación, a menudo algunos más de los primeros que de los segundos, pero con buena parte de la ciudadanía situada en posturas intermedias. Posturas intermedias que, en todo caso, representan una preferencia hacia procesos políticos más participativos que los actualmente existentes y de los que la ciudadanía percibe que ninguno de los tres grandes partidos defiende. Si bien pueden estar en lo cierto quienes afirman que algunas actitudes participativas son el resultado de preguntas facilonas y sesgadas, el amplio abanico de indicadores utilizado aquí fortalece la seguridad de que esta preferencia (moderadamente) participativa está realmente instalada en la sociedad española. Esta conclusión para el caso español coincidiría con buena parte de la investigación comparada más reciente (Dick y Baldassare, 2009; Donovan y Karp, 2006; Neblo et al., 2010) que ha señalado que la demanda de participación y la disposición a participar de parte considerable de la ciudadanía es mayor de la que se apuntaba en Hibbing y Theiss-Morse (2002).

En segundo lugar, los apoyos sociales a estas ideas son heterogéneos y no se ubican en un sector social o político muy concreto. Los apoyos más rotundos cambian dependiendo de los indicadores utilizados, pero son mayores entre las personas de izquierdas, entre quienes votan a IU y entre quienes viven en municipios de 50.000 a 100.000 habitantes. En todo caso, los capítulos 4 a 6 seguirán profundizando en el análisis de los apoyos sociales a estas ideas.

Y, por último, el contraste que se daba en el caso de Estados Unidos entre apoyo a procesos más participativos y apoyo simultáneo a un modelo de democracia sigilosa, no solo también existe en el caso español, sino que se acentúa: la ciudadanía española se sitúa más cerca del polo participativo que la norteamericana a la vez que muestra un apoyo más entusiasta a la democracia sigilosa. Así, nuestros análisis confirman su idea de que una dimensión de las preferencias sobre los procesos políticos es el apoyo a soluciones tecnocráticas (un gobierno no político formado por «los mejores») y que esta es bastante independiente del apoyo a modelos más participativos y/o más representativos. Pero si Hibbing y Theiss-Morse (2002) resuelven este dilema apostando por su indicador de democracia sigilosa, aquí hemos mostrado que las sospechas existentes a priori respecto a su composición demasiado heterogénea, mediante ideas demasiado diferentes que no se pueden agregar en el terreno conceptual, se han visto confirmadas en el terreno empírico: no se puede construir una escala fiable de apoyo al modelo de democracia sigilosa con los indicadores propuestos por estos autores, al menos en el caso español.

Sin embargo, nuestros análisis muestran también que, al menos para el caso español, su escala de procesos políticos es una herramienta que recoge adecuadamente las posturas de la ciudadanía en ese debate sobre cuánto protagonismo conceder a la intervención directa de la ciudadanía y cuánto dejar en manos de los representantes electos. En este sentido, la escala que utilizan Hibbing y Theiss-Morse (2002) representa una contribución al estudio de las preferencias sobre los procesos políticos, que vamos a utilizar como columna vertebral de nuestros análisis a lo largo del resto de este volumen.

Anexo 2.1.

Tabla 2.5.   Correlaciones entre las variables utilizadas en el análisis factorial

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). * La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Fuente: CIS 2860.

3.   ¿Procesos políticos iguales para todo?: temas y territorios
Clemente Navarro y Magdalena Wojcieszak

En el capítulo anterior hemos visto que las preferencias sobre los procesos políticos no son iguales para toda la ciudadanía. La demanda de protagonismo en la toma de decisiones es diferente, por ejemplo, según la edad, los estudios o la ideología política. Pero también cabe preguntarse si las preferencias por procesos políticos son iguales para todo, para cualquier tema o para cualquier nivel de gobierno. Todos los asuntos no preocupan a la ciudadanía por igual ni resulta igual de fácil proponer procesos participativos intensos en un pequeño municipio que en la Unión Europea. Cabría pensar, pues, que para la ciudadanía no es igual el proceso político que desean en función del tema sobre el que se tratan de tomar decisiones o la escala a la que se toman. Es precisamente este asunto el que tratamos de estudiar en este capítulo.

Algunos temas pueden resultar más comunes, comprensibles e incluso considerarse del ámbito íntimo, y frente a ellos la ciudadanía se siente competente o capacitada y por tanto con capacidad para decidir, como por ejemplo, el control de la natalidad o la educación de los hijos. Otros temas, en cambio, pueden resultar más extraños, complejos y de mayor alcance público, en los que la ciudadanía consideraría necesaria la intervención de especialistas y expertos, como por ejemplo, la situación económica o los problemas ambientales. Por tanto, pudiera ser que la ciudadanía considere que deban aplicarse procesos políticos diferentes según el tema sobre el que haya que decidir, desde procesos más participativos cuando el tema es, o es considerado, más cercano, simple o del ámbito íntimo, a procesos de delegación en políticos y expertos cuando son temas más alejados o complejos.

Aquí analizamos tres temas que han sido relevantes en el contexto español y en el debate público, pero que se diferencian por su carácter y la forma en la que la ciudadanía se acerca a ellos: el aborto, la inmigración y la economía. El aborto ha sido tradicionalmente un tema relegado a la esfera privada, aunque como otros asuntos considerados de ese ámbito, pasaron a ser objeto de debate público al iniciarse la revolución de estilo de vida en la década de 1960 y, en este caso en particular, por el activismo del movimiento feminista. En España, no fue hasta después del final de la dictadura franquista que el aborto se convirtió en objeto de debate público y en algunos momentos concretos alcanzó cierta visibilidad como un tema relevante de la agenda política. Los cambios legislativos y, en especial, la polémica causada en torno a permitir el aborto desde los 16 años sin consentimiento de los padres, han puesto de manifiesto que este asunto es percibido y debatido, fundamentalmente, en torno al ámbito privado (la familia). Según los barómetros de CIS, el aborto no aparece como uno de los principales problemas de España, e incluso en 2011-2012, menos del 1 por ciento de la ciudadanía indicaba que «los problemas relacionados con la mujer» fuese uno de los tres problemas más importantes.

El rápido crecimiento del fenómeno de la inmigración en España ha ido haciendo de este tema un asunto de debate público29. De hecho, entre 2006 y 2007 el porcentaje de personas entrevistadas que consideran que se trata de uno de los tres problemas más importantes de España pasó del 40 por ciento al 60 por ciento, habiendo aumentado también aquellos que piensan que debe ser «estrictamente limitada» (del 24 por ciento en 2000 al 40 por ciento en 2007, según Fetzer, 2011). No obstante, al mismo tiempo, suelen darse actitudes favorables hacia la población inmigrante legal, por ejemplo, respecto a su acceso a los servicios públicos, o el disfrute de derechos civiles y políticos (Encarnación, 2004; CIS, 05/08/2011). Se trata, pues, de un asunto en el que conviven posiciones contrapuestas y que sin duda ha entrado de lleno en el debate público.

Por último, la situación económica suele ser en general un asunto de interés para la ciudadanía, y en la actual situación de crisis, es el más relevante, el que preocupa o interesa a más personas (CIS, 2012), y, en especial, el desempleo (no menos del 80 por ciento de entrevistados en los barómetros del CIS entre 2011 y 2012). Las preferencias de la población española en esta materia han sufrido algunos cambios y el discurso de la austeridad fiscal se ha vuelto más popular, de manera que la mayoría de la gente preferiría que el gasto público fuera reducido (Fernández Albertos, 2012). Por otro lado, esta idea convive con la preferencia tradicional por la que la opinión pública española históricamente apoya generosas políticas sociales. Se trata, pues, de un problema que preocupa, que está en el debate público, pero que también, para la ciudadanía, reviste cierta complejidad por sus contenidos —y lenguaje— técnicos, haciendo que se perciba como un asunto complejo y con un fuerte componente técnico.

En resumen, la inmigración y la situación económica parecen ser considerados en mayor medida por la opinión pública como «temas públicos», aunque diferentes entre sí, mientras que el aborto suele considerarse como un tema con un claro componente más «privado». Cabe pensar que las preferencias por el tipo de procesos políticos deseados varíen según los temas y, en particular, que estas tiendan a ser más favorables a fórmulas participativas cuanto más cercanos y privados se consideren los temas30.

El mismo argumento puede aplicarse si consideramos las escalas donde tienen lugar las decisiones políticas. La ciudadanía muestra mayores niveles de competencia, eficacia política o satisfacción con la democracia cuando se habla del ámbito local que del nacional (Vetter, 2002). Por tanto, cabe pensar que la preferencia por procesos participativos sea mayor cuando se trata del ámbito local (localismo participativo) que de escalas más amplias: la preferencia por procesos políticos participativos variaría de forma inversa al tamaño o escala de la comunidad política en la que han de tomarse las decisiones. En cierta medida esta suposición nos remite a los conocidos principios de eficacia y capacidad que sobre la relación entre democracia y escala que establecieran Dahl y Tufte (1973). El primero apunta que la escala pequeña proporciona oportunidades de contacto entre la ciudadanía, entraña una mayor visibilidad de los problemas sobre los que hay que decidir y, en general, supone menos costes para que la ciudadanía pueda implicarse directamente en las decisiones políticas. El segundo principio establece que en una escala reducida los problemas a resolver son más cercanos, pero, por ello, de menor amplitud e interés público más allá de su ámbito territorial. De aquí derivan que no hay una escala óptima y que, en todo caso, los procesos participativos serían más oportunos en los municipios intermedios, porque equilibran las oportunidades de participación con la existencia de temas que despiertan interés entre la ciudadanía (Dahl, 1967). Por ello hemos preguntado por dos ámbitos territoriales muy diferentes entre sí para poder comprobar si generan diferencias en cuanto a las preferencias de la ciudadanía por procesos políticos: el municipio en el que residen y la Unión Europea.

3.1.   ¿Procesos iguales para todo?: procesos participativos, pero según dónde y para qué

Para comprobar si las preferencias de las personas entrevistadas varían según el ámbito territorial y los temas políticos concretos, hemos utilizado la misma pregunta, la escala de procesos políticos, adaptada a cada uno de estos ámbitos y objetos políticos31. ¿Existen diferencias? En general, la ciudadanía se sitúa en un punto intermedio de la escala, variando en un rango bastante estrecho (gráfico 3.1). Tomando como referencia la media de España en su conjunto (4,5), la preferencia en el ámbito de la Unión Europea (5,5), sobre la inmigración (5,1) y la situación económica (5,6) se sitúan un poco más cerca del polo representativo, mientras que para el municipio del entrevistado (4,4) y especialmente cuando se trata del aborto (3,7), la tendencia es algo mayor hacia el polo participativo. ¿Significa esto que la ciudadanía desearía que los procesos políticos fuesen diferentes en cada caso?

Si se atiende a la consistencia de las respuestas concedidas para cada ámbito o asunto, cabría señalar que la respuesta a la pregunta anterior es más bien negativa: se suele responder hacia un mismo polo de la escala de procesos políticos para todos los temas. Esto se evidencia al comprobar las correlaciones entre las respuestas para los distintos ámbitos territoriales y temas, pues siempre son significativas y superiores a 0,55. A modo de ejemplo, en el gráfico 3.2 se han representado las correlaciones entre la preferencia en el caso de España con las otras cuestiones. No obstante, también se puede apreciar que el grado de consistencia es diferente: desde el aborto, que es el asunto que se diferencia en mayor medida (0,57), al municipio en el que residen los entrevistados, donde la correlación es muy elevada (0,72). Esto implicaría que la ciudadanía asume una opción genérica sobre cómo deberían ser los procesos participativos, pero que introduce diferencias cuando se le especifica dónde y respecto a qué se tomarán las decisiones32. ¿Son estas diferencias suficientes como para afirmar que la ciudadanía modifica su opinión según la escala territorial o el tema que se le proponga?

Gráfico 3.1.   Preferencias medias por procesos políticos, según ámbitos territoriales y temas concretos. Medias en escala (0-10)

Fuente: CIS 2860.

De hecho, si comparamos las distribuciones de las respuestas concedidas para cada asunto, pueden apreciarse diferencias entre ellas, que son significativas en casi todos los casos33 (gráfico 3.2). Esto es, aunque la ciudadanía suele ubicarse hacia un polo u otro de la escala de procesos, se sitúa más cerca de uno u otro extremo en atención al ámbito territorial o el asunto que se considere. En ningún caso existe una tendencia mayoritaria hacia el polo representativo, pero a efectos comparativos, esta es más marcada para la Unión Europea y la situación económica, bastante equilibrada para la inmigración, mientras que se tiende hacia el polo participativo en el municipio y especialmente en el caso del aborto.

Pareciera, pues, que respecto a los temas más «íntimos», como el aborto, la opinión es más favorable hacia procesos participativos. En cambio, cuando los temas se refieren en mayor medida al ámbito público o son más complejos (como la inmigración o la situación económica), la opción es más cercana al polo representativo. Del mismo modo, cuando la escala es más amplia, el ámbito de decisión más alejado, mayor la tendencia hacia el polo representativo, de modo que al examinar las diferencias entre municipio y Unión Europea aparece claramente el patrón de «localismo participativo»34.

Gráfico 3.2.   Distribuciones de las puntuaciones en la escala de procesos para los diferentes niveles territoriales y temas y correlaciones con la escala de procesos

Nota: Todas las correlaciones son significativas para p<0,01.

Fuente: CIS 2860.

Evidentemente solo hemos comparado dos escalas territoriales y tres temas, pero muestran diferencias tan claras que permitirían concluir que la ciudadanía no es indiferente cuando opina sobre el carácter de los procesos políticos que preferiría en cada caso. Desde esta perspectiva, pues, para la ciudadanía no solo existe la política y los procesos políticos en general, sino una política y unos procesos «tematizados» y «territorializados». Ahora bien, aunque hagan distinciones, estas se dan en el marco de una tendencia general y consistente entre los polos representativo y participativo.

3.2.   «Procesos tematizados»: demandas sobre procesos participativos y temas políticos

Las evidencias muestran que la ciudadanía diferencia qué procesos prefiere para distintos temas; pero también que quienes optan por un polo participativo o representativo en un asunto, suelen hacerlo por el mismo en otros asuntos. Por tanto, existen diferencias por temas, ¿pero existen diferencias en sus públicos?, ¿son diferentes los grupos o colectivos que son más o menos participativos según el tema? En principio, cabe esperar que la ciudadanía no se sienta afectada y preocupada por los mismos temas, sino más bien que cada asunto tenga su público (issue publics). Así, la sociedad sería un agregado de «públicos temáticos», definidos por una preocupación especial por cuestiones concretas (Converse, 1964; Iyengar et al., 2008; y Kim, 2009). De hecho, algunos estudios muestran que las personas mayores y las minorías raciales, como grupos más afectados por problemas de seguridad ciudadana o de discriminación racial, respectivamente, recuerdan mejor las noticias sobre esos temas. Y los afroamericanos, aunque suelen tener menos conocimiento que los blancos sobre el sistema político y sus actores en general, están más informados sobre cuestiones relacionadas con la raza y los derechos civiles (Iyengar, 1990). Del mismo modo, las mujeres tienden a saber más sobre los asuntos relacionados con el género que los hombres (Burns, Schlozman y Verba, 2000). Por tanto cabe preguntarse si existen grupos específicos que apoyan procesos más o menos participativos para distintos temas.

En el capítulo 2 vimos que existen algunas variables que definen grupos más cercanos a uno u otro de los polos de la escala de procesos políticos. Aquí seguiremos el mismo procedimiento para analizar las diferencias que esas variables introducen para cada uno de los tres temas propuestos. Los resultados se presentan en la tabla 3.1. Puede apreciarse que, en general, los rasgos que dan cuenta de quienes prefieren procesos participativos son similares a la escala para España en general; a saber: jóvenes, de estudios medios o superiores, así como votantes de IU o abstencionistas. Al contrario, los grupos que en mayor medida tienden al polo representativo son los de mayor edad, quienes tienen menos estudios y votan a los dos partidos mayoritarios.

En todo caso, cabría señalar algunas diferencias para distintos temas según las actitudes y comportamientos políticos. La autoubicación ideológica, con la clasificación entre quienes se sitúan en la izquierda, el centro, la derecha o no contestan, no da cuenta de diferencias significativas en las escalas referidas a ninguno de los tres temas, mientras que sí lo hacía cuando se trataba de la escala para España en general. En cambio, sí aparecen diferencias según el apoyo electoral, los valores máximos de la escala son para los votantes a partidos mayoritarios (PP y PSOE) frente a los que votan por otros partidos o los que declaran no haber votado.

Tabla 3.1.   Apoyo medio a la escala de procesos para los diferentes temas según diversos sectores sociales

En negrilla, diferencias significativas para p > 0,05.

Fuente: CIS 2860.

Así pues, parece que en la orientación participativa (o representativa) para temas concretos es más importante la pertenencia a un grupo social específico que las orientaciones socio-políticas aquí consideradas. En particular, cabe destacar la importancia de la edad, los estudios y, aunque con mucha menor influencia, la orientación del voto35. Más concretamente, parece que el sector que articula la demanda participativa para cualquier tema está integrado por personas jóvenes con estudios medios o superiores y quienes no apoyan a los partidos mayoritarios. Pareciera, pues, que existe un eje diferenciador según la adhesión a los valores y actores tradicionales, tal y como apuntan, por ejemplo, la tesis del cambio cultural post-materialista (Inglehart, 2008) o la tesis de la nueva cultura política (Clark y Navarro, 2007): cuanto mayor es esta adhesión, más cercanía al polo representativo y, al contrario, mayor apoyo al polo participativo. Y nuestros análisis muestran que esa diferencia aparece para los tres temas, con independencia de que, por término medio, la ciudadanía desee que el carácter participativo de los procesos políticos sea mayor para unos asuntos u otros.

3.3.   «Procesos territorializados»: demandas sobre procesos y escala de la comunidad política

Ya hemos visto que la tendencia del «localismo participativo» es la pauta común entre la ciudadanía. Ahora trataremos de ver si opera de diferente forma según algunos rasgos socio-demográficos, actitudes políticas y, especialmente, el tamaño del municipio de residencia. Además de ver las variaciones para el ámbito municipal y la Unión Europea por separado, hemos creado un indicador que mide la distancia entre las dos opiniones; en concreto, la preferencia dada para la Unión Europea menos la dada para el municipio. Valores más altos darán cuenta de que existe mucha diferencia en las opiniones según la escala de la comunidad política, en concreto porque se prefieren procesos más representativos a nivel europeo y más participativos a nivel municipal. Esto es, la pauta que hemos denominado «localismo participativo».

En general, los análisis muestran de nuevo diferencias similares a las comentadas en el capítulo segundo respecto a la actitud genérica sobre España. Así, los grupos más orientados hacia el polo participativo son los jóvenes, los abstencionistas, aquellos que se declaran de izquierda y los no creyentes, esto último sobre todo cuando se trata del ámbito local. La única excepción a este esquema genérico se deriva del tamaño del municipio de residencia. Aunque existen diferencias, son de menor grado cuando se trata del municipio que de la Unión Europea. O dicho de otra forma, en general, la ciudadanía prefiere procesos participativos en su municipio con cierta independencia de su tamaño, existiendo variaciones más amplias cuando se les pregunta sobre el ámbito europeo.

Tabla 3.2. Apoyo medio a la escala de procesos para diferentes niveles territoriales y localismo participativo según diversos sectores sociales

* Localismo participativo = Unión Europea menos Municipio. El número de personas que responden a los dos ítems que conforman este índice no es el mismo, lo que provoca que el resultado no sea exactamente la resta de ambas medias.

En negrilla, diferencias significativas para p < 0,05.

Fuente: CIS 2860.

Los datos anteriores señalan que el patrón de localismo participativo es común para los residentes en municipios de cualquier tamaño municipal, aunque un análisis más detallado muestra ciertas diferencias (tabla 3.2). En concreto, es la ciudadanía que vive en ciudades medias de entre 50.000 y 100.000 habitantes la que en mayor medida prefiere procesos participativos, tanto para su municipio como para la Unión Europea. Le sigue en la demanda participativa local la ciudadanía de municipios más pequeños (menos de 10.000 habitantes), y los residentes en ciudades de 100.000 a 400.000 habitantes cuando se trata de la Unión Europea. Si nos referimos a la pauta del «localismo participativo», puede apreciarse que es menos acusado en las ciudades de 100.000 a 400.000 habitantes y, en especial, de 50.000 a 100.000 habitantes. Aunque no se trata de grandes diferencias, los análisis vendrían a mostrar que son las ciudades medias (de 50.000 a 100.000 habitantes) las que guardan cierto equilibrio entre los criterios de eficacia y capacidad, y por ello constituyen espacios más apropiados para el desarrollo de procesos democráticos participativos, donde la ciudadanía se sitúa en mayor medida en ese polo de nuestra escala de procesos políticos y, además, para las otras dos escalas analizadas. Se trata, en su gran mayoría, de centros administrativos, capitales de provincia, pero que no son núcleo central de un área metropolitana, tienen competencias sobre un amplio campo de políticas públicas y existe una diversidad socio-política que puede dar lugar a debates y movilización. Aquí resultan de interés tanto los asuntos «locales» como los «europeos».

Entre los municipios más pequeños, cabe pensar que la preferencia por procesos participativos a nivel local se derive de la cercanía, mientras que en los más grandes venga dado por su heterogeneidad socio-política, que produce movilización. Esto es, las clásicas tesis comunitaria y de la movilización (Verba y Nie, 1972). Se trata de ámbitos en los que, aunque por diferentes razones, interesa la política local y participar en ella, pero presentan una mayor distancia respecto al ámbito europeo que en el caso de las ciudades medias. En general, el localismo participativo es más acusado cuando el municipio es más pequeño (menos de 50.000 habitantes): aquí moviliza, interesa involucrarse, sobre todo en los asuntos locales. Tal y como se ha indicado, no son diferencias muy grandes, pero son significativas y apuntan a la importancia del municipio como contexto sociopolítico que incentiva el interés por asuntos y procesos políticos diferentes.

Así pues, el municipio de residencia de los entrevistados influye en las preferencias que estos tienen por los procesos a desarrollar en su municipio y en la Unión Europea. En ello cuenta el tamaño, pero también la pertenencia a un área metropolitana36. Ambas cuestiones apuntan a la influencia del lugar de residencia, pero no solo por las oportunidades participativas que ofrece, sino porque diferentes lugares tienen o despiertan un interés político distinto para sus habitantes.

3.4.   Conclusiones

De los análisis presentados podemos concluir que la política, en cuanto a su dimensión procedimental, no aparece como un todo para la ciudadanía, ni para cualquier tema, ni para todas las personas. Pero también es cierto que las diferencias son pequeñas (aunque significativas) y las variaciones se dan un rango que apunta hacia posiciones de moderadas a participativas en la escala de procesos políticos (con medias de 3,7 a 5,6 según ámbitos territoriales o temas). Por tanto, cabría señalar que no solo existe una escala de procesos diferente de la escala de posicionamiento político (ideología) tal y como argumentan Hibbing y Theiss-Morse (2002), sino que la primera presenta variaciones según dónde y sobre qué se tomen decisiones políticas. En su conjunto, ¿qué muestran nuestros análisis al respecto?

Primero, que las diferencias según la escala y el asunto que se trate parecen seguir una pauta o lógica ligada a la cercanía: cuando la escala es reducida y los asuntos privados (municipio y aborto) la preferencia es participativa, cuando la escala es amplia y los asuntos públicos o más complejos (Unión Europea, inmigración y situación económica) la preferencia se sitúa más hacia el polo representativo. Por tanto, las preferencias no son iguales para todo. Aquí solo hemos analizado variaciones entre dos escalas y tres temas, sería quizás necesario incluir otras escalas y temas para llegar a conclusiones más firmes, debiendo para ello desarrollar una tipología de temas (issues) en función de algunas dimensiones que analíticamente pueden explicar las diferencias en las preferencias por procesos políticos.

Segundo, que las preferencias tampoco son iguales para todos. En general, aparecen grupos que destacan por su demanda participativa, y vienen definidos principalmente por la edad, los estudios, su creencia religiosa y su comportamiento electoral, a saber: jóvenes, con estudios medios o superiores, no creyentes, votantes de IU y abstencionistas. Al contrario, los de mayor edad, menos estudios, creyentes, sobre todo si son practicantes, y votantes a los partidos mayoritarios son quienes se orientan en mayor medida hacia el polo representativo. Pero también existen pequeñas variaciones según ámbitos o temas, las cuales hemos tratado de reflejar, en forma de resumen, en la tabla 3.337, que destaca cuáles son las variables y categorías más asociadas a las preferencias por procesos participativos, así como las categorías opuestas (entre paréntesis) que optan más por procesos de tipo representativo.

Por un lado, los rasgos comunes apuntan a posiciones sociales y actitudinales ligadas a cierto rechazo u oposición hacia instituciones, actores y dinámica tradicionales. Pareciera, pues, que se trata de grupos que reclaman la apertura del sistema político, que reclaman la posibilidad de implicarse más activamente en los procesos políticos porque los actores e instituciones tradicionales no lo permiten. Otros análisis muestran que también se trata de los colectivos que más se implican en modos de activismo marcados por esta actitud de rechazo, como la protesta, y que demandan de forma más clara que existan oportunidades de participación (Ferrer, Medina y Torcal, 2006; Navarro, 2008; Navarro, Cuesta y Font, 2009). Por tanto, encontramos evidencias de la existencia de una demanda participativa por parte de grupos específicos que articulan una nueva cultura política (en donde prima el rechazo al principio de jerarquía que orienta los procesos sociales y políticos tradicionales, así como a sus actores principales), articulan una nueva forma de activismo político por canales extra-representativos, y demandan una mayor involucración en los procesos políticos (Clark y Navarro, 2007 y Norris, 2002).

Por otro lado, se aprecia que la ideología cuenta, aunque poco, sea cual sea el ámbito territorial del que hablemos. Pero, en cambio, no aparece asociada a las preferencias por procesos cuando se trata de decisiones en las que pueden configurarse colectivos concretos (la familia, la inmigración o las diferencias socioeconómicas), en donde parece primar más la lógica que articula la relación entre representantes y representados en atención a la oferta electoral (partido votado) que el posicionamiento ideológico.

Tabla 3.3.   Las bases socio-políticas de las preferencias hacia procesos políticos más participativos

(Paréntesis y cursivas): categoría más cercana al polo representativo de la escala de procesos políticos.

En blanco: no hay diferencias en las medias de la escala de procesos en función de estas variables.

Fuente: CIS 2860.

En resumen, parece que en el marco general de una tendencia participativa, los procesos políticos deseados no son iguales ni para todo, ni para todos. Desde esta perspectiva, se podría decir que más que la existencia de públicos tematizados (issue publics), habría dos públicos: el que demanda más oportunidades de participación y el que lo hace en menor medida, siendo los perfiles de esta demanda poco cambiantes para issues concretos.

En este marco, las diferencias entre las escalas y los temas parecen obedecer más a una lógica genérica de cercanía. Se trata de la lógica de los públicos tematizados, pero en ese caso no porque los temas sean más cercanos al ámbito público o el privado o por la cercanía física (como proponíamos aquí), sino por el interés o el grado en el que afectan a diferentes personas. Es decir, el sentir que un tema (o una ciudad) resulta más cercano, conlleva una preferencia más clara por poder participar en los debates públicos sobre esa temática (comunidad). Para profundizar en ello es necesario conocer las actitudes de la ciudadanía ante cada tema, a lo que dedicaremos el próximo capítulo. Así pues, además de las diferencias entre quienes demandan o no oportunidades de participación, ¿existen públicos participativos específicos para temas concretos según la actitud que se tenga hacia ellos?

4.   El papel de la intensidad de las actitudes y de la participación
Magdalena Wojcieszak y Pau Alarcón

A partir de este momento, el enfoque de nuestro texto cambia y abandonamos la presentación de las preferencias ciudadanas sobre los procesos políticos para pasar a tratar de explicarlas o, por lo menos, de entender algunas de las actitudes y características de las personas a las que van asociadas. Para ello, tanto este capítulo como los siguientes adoptarán una perspectiva similar: empezarán presentando algunos de los factores explicativos potencialmente importantes y su distribución entre la población española, para pasar después a examinar su relación con el tipo de procesos políticos deseados.

A la hora de explicar las preferencias hacia los procesos políticos, Stealth Democracy centra la atención principalmente en la aversión al conflicto, sin examinar el papel que pueden estar jugando otros factores individuales. En este capítulo incorporamos dos factores olvidados en el modelo de Hibbing y Theiss-Morse, referentes tanto a la actitud como a la conducta (la intensidad de las actitudes políticas y la experiencia participativa), mientras que el siguiente profundiza en aquellos elementos que estos autores consideran centrales (percepción de consenso y aversión al conflicto).

¿Qué implicaciones tienen la intensidad de las actitudes y las experiencias participativas de la ciudadanía? Los estudios de opinión pública siempre han distinguido entre la extensión (o direccionalidad) y la fuerza de las actitudes. Por ejemplo, en el tema del aborto, la extensión de las actitudes haría referencia a cuantas personas son partidarias de restringir o permitir el aborto. Sin embargo, ante algunos temas las actitudes son débiles: mucha gente puede ser crítica con la existencia de centrales térmicas, pero pocas personas le conceden a este tema suficiente importancia y viven ese conflicto con tanta intensidad como para dedicar un gran esfuerzo en la defensa de aquellas ideas en las que creen. En un proceso electoral o en una encuesta cuentan solo la extensión de las actitudes (el voto al PP vale lo mismo para quien siente pasión por Rajoy que para quien eligió la papeleta al azar), pero a la hora de entender quién acude a una manifestación, la fuerza de las actitudes puede ser muy importante. La ciudadanía que considera un tema de máxima importancia personal y que tiene actitudes extremas sobre el mismo, ¿prefiere procesos participativos en mayor medida que quienes no le otorgan mucha importancia al tema y muestran moderación en sus opiniones?

Pero, además, aquí también examinamos esta relación desde una óptica complementaria. Tras analizar las actitudes de la ciudadanía en relación a la participación, nos fijaremos en sus prácticas. ¿Es posible que la gente —incluso quienes muestran preferencias hacia procesos representativos en los que no tienen que involucrarse personalmente— participe en diversas actividades políticas? ¿Prefieren procesos diferentes quienes son más participativos que quienes lo son menos? Estas relaciones podrían no resultar tan obvias o directas. Que una persona participativa desee procesos políticos más participativos puede depender, por ejemplo, de si su actividad política es más o menos disruptiva (es decir, disconforme o no con la situación actual), del grado de implicación experimentada o de su nivel de satisfacción con esa involucración. Al mismo tiempo, una clara opción por fórmulas representativas por parte de una persona muy activa podría indicar la voluntad de distinguir ámbitos, con ciudadanos que tratan de influir a través de sus actividades y políticos que deben ser los responsables de tomar las decisiones finales.

Por tanto, ¿las actitudes de la ciudadanía y sus experiencias participativas influyen en la estructuración de sus preferencias hacia los procesos de toma de decisiones? Y si es así, ¿de qué forma lo hacen? Respondiendo a estas preguntas podremos comprender mejor qué tipo de personas prefieren procesos políticos más o menos participativos y cómo se relacionan estas preferencias con algunas variables clave referentes a las actitudes y la participación. En esta línea, analizamos la importancia y el extremismo de las actitudes38, así como los comportamientos políticos, tres factores pertinentes que pueden estar influyendo en la estructuración de las preferencias políticas.

A nivel conceptual, este capítulo considera a la ciudadanía como issue publics (Converse, 1964), examinando si el estar involucrado personalmente en un tema afecta a las preferencias hacia procesos participativos o representativos. A nivel metodológico, damos un paso adicional, comprobando si los issue publics se identifican mejor por la importancia o por el extremismo de las actitudes. Asimismo, también analizamos si esas preferencias guardan relación con la actividad participativa de la ciudadanía, con el asociacionismo, la intensidad de la participación y la valoración de esa experiencia.

Primero presentamos las variables independientes referentes al extremismo de las actitudes y a la participación política. A continuación examinamos si efectivamente están asociadas al tipo de procesos políticos deseados y, si es así, de qué forma lo hacen.

4.1.   Issue publics definidos por sus actitudes

Como hemos comentado en el capítulo 3, un tema que se echa de menos en Stealth Democracy (2002) nos remite a la diferenciación entre temas. Por un lado, como ya hemos visto, los temas políticos tienen distinta naturaleza, del mismo modo que también es diferente la forma en que el público se acerca a los mismos. Por eso, cuando nos referimos a los temas más «privados» o fáciles de comprender, la gente prefiere que sea la ciudadanía corriente quien se involucre en los procesos de toma de decisión. Sin embargo, para tomar decisiones sobre temas más complicados o «públicos», como la economía, la ciudadanía prefiere procesos más representativos.

Además, como sugiere la teoría de los issue publics, algunas personas están más afectadas o interesadas en temas concretos, al tiempo que no muestran preocupación alguna respecto a la política en general. En algunos estudios, los issue publics se identifican a partir de datos demográficos (Page y Shapiro, 1992; Price y Zaller, 1993), considerando que las mujeres están supuestamente más involucradas en las cuestiones de género o los afroamericanos más atentos a las políticas raciales. Pero, como hemos visto, esta no es necesariamente la pauta entre las preferencias de la ciudadanía española hacia los procesos políticos (las mujeres no están más interesadas en procesos participativos sobre el aborto, por ejemplo).

El enfoque más directo, sin embargo, consiste en identificar a los issue publics como aquellos para los cuales un tema es personalmente importante, ya que la importancia de las actitudes se ha constatado como una proxy fiable para los issue publics (Kim, 2009; Krosnick y Berent, 1993; Price et al., 2006). ¿Prefiere la ciudadanía con actitudes que considera personalmente importantes y extremas procesos más participativos en lugar de representativos cuando se trata de «su tema»? Aquí defendemos que efectivamente sucede así y que la importancia y el extremismo tendrán una mayor influencia que las características socio-demográficas.

Diversos estudios muestran que los issue publics (definidos por la importancia que otorgan a cada uno de los temas), seleccionan información sobre aquello que les resulta personalmente importante, como propuestas específicas de candidatos políticos (Boninger et al., 1995), el aborto, la discriminación positiva o la seguridad nacional, entre otros (Kim, 2009). Esta selectividad, a su vez, aumenta el extremismo de las actitudes, el conocimiento político sobre el tema y la consistencia de su voto (Kim, 2009). Además, la investigación sobre participación política sugiere que las actitudes hacia problemáticas percibidas como personalmente importantes tienen un mayor impacto en la decisión de voto (McGraw, Lodge y Stroh, 1990) y se expresan políticamente con mayor frecuencia (Krosnick y Telhami, 1995; Verba, Scholzman y Brady, 1995). Por ejemplo, la implicación personal en un problema juega un papel crucial para explicar la participación en torno a políticas controvertidas —como, por ejemplo, la investigación con células madre—, tanto para formas participativas tradicionales como para una hipotética reunión informal sobre el tema (Becker et al., 2010; Goidel y Nisbet, 2006). Estas ideas pueden extenderse al estudio de las preferencias de la ciudadanía sobre cómo debería funcionar el sistema democrático. Más concretamente, quienes consideran que un tema es más importante deberían preferir procesos más participativos.

Aquí damos un paso adicional prestando atención al extremismo de la actitud, cuestión que se ha convertido en un foco de debate público y académico dada su relevancia práctica. La ciudadanía extrema tiende a polarizarse (Taber y Lodge, 2006; Wojcieszak, 2011a) y a participar en política (Wojcieszak, 2011b). Y yendo más allá, el conflicto que caracteriza la contienda política y que resulta desagradable para las personas más moderadas puede ser irrelevante para la ciudadanía con opiniones fuertes (Kaplowitz et al., 1983; Krassa, 1988; Lasorsa, 1991; Noelle-Neumann, 1993) y —en lugar de desmovilizar políticamente— puede devenir en un factor de movilización (Horner et al., 1998; Moy, Domke y Stamm, 2001; Scheufele y Eveland, 2001; Wojcieszak, 2011b).

En conjunto, la ciudadanía con opiniones consideradas como personalmente importantes y con actitudes extremas debería preferir una democracia participativa, ya sea en general o sobre temas específicos. En la primera parte de este capítulo no solamente analizamos si se cumplen estas predicciones, sino también yuxtaponemos la importancia y el extremismo de la actitud, analizando cuál afecta en mayor grado a las preferencias sobre el proceso y —como tal— cuál define los issue publics con mayor precisión. Primero presentamos la distribución de la importancia de las actitudes, después del extremismo y al final analizamos sus relaciones con las preferencias hacia los procesos políticos.

4.2.   Issue publics y actitudes frente a distintos temas

Para examinar si quienes consideran que un tema es más importante son quienes prefieren procesos más participativos, el cuestionario incluía una pregunta sobre qué importancia se le concede a cada uno de los temas (con las opciones desde 0 «No le importa nada» hasta 10 «Le parece de máxima importancia»), que hemos analizado en relación con las preferencias hacia los procesos políticos39.

En general, como muestra el gráfico 4.1, los temas económicos son de máxima importancia (media de 4,22 en una escala de 1 a 5)40. En contraste, la política en general es lo que menos importa (media de 2,52)41. Y aunque la ciudadanía también le concede una importancia considerablemente menor al aborto y la inmigración, las medias siguen estando por encima de la mediana (3,14 y 3,45 respectivamente). Así pues, no todos los temas importan lo mismo y, además, el interés por la política en general es sensiblemente inferior a la importancia manifestada hacia los tres temas concretos propuestos.

Además de la escala clásica de autoubicación ideológica (donde el 0 significa extrema izquierda y el 10 extrema derecha, media 4,43)42, también se preguntaba por el posicionamiento en una escala similar respecto a los tres temas anteriores, donde 0 significa que se está totalmente en contra y 10 totalmente a favor de que las mujeres puedan abortar libremente y sin restricciones (media 5,95)43, de que los inmigrantes puedan decidir libremente si quieren venir a vivir a España (media 3,71)44 y de que la economía funcione libremente sin que el Estado la regule (media 3,75)45. Estas preguntas produjeron unas tasas de no respuesta más altas en el caso de la importancia concedida, especialmente para la ideología (18 por ciento) y la economía (16,5 por ciento).

Gráfico 4.1.   Medias de la importancia de las actitudes (interés político general y por diferentes temas)

Nota: Todas las escalas están recodificadas y van de 1 a 5, donde 1 indica que las actitudes no son nada importantes y 5 indica que son de máxima importancia.

Fuente: CIS 2860.

El extremismo se ha conceptualizado como una actitud que se ubica tanto en el extremo positivo como en el negativo de un continuo cuyo punto medio se caracteriza por actitudes moderadas (Abelson, 1995). Por lo tanto, calculamos el extremismo «doblando» las escalas de tal forma que una puntuación alta se corresponde con las personas extremistas y una puntuación baja con las personas moderadas. Es decir, para medir el extremismo nos da igual que alguien esté muy a favor o muy en contra de la inmigración (elige el 0 o el 10 en la escala) y por tanto les consideramos «equivalentes» y les damos el máximo valor en cuanto a extremismo.

Como muestra el gráfico 4.2, la ciudadanía española tiene actitudes más extremas sobre el aborto (media de 4,20) y más moderadas sobre su ideología (media de 2,52). Las actitudes respecto a la inmigración y la economía están más cercanas al extremismo (medias de 3,79 y 3,45 respectivamente). Pero la pregunta que más nos interesa aquí es saber si la importancia y el extremismo se relacionan con las preferencias hacia los procesos políticos. Si existen issue publics, la ciudadanía para la cual la política y los tres temas son importantes y quienes tienen actitudes más extremas deberían querer involucrarse personalmente en la toma de decisiones sobre esos temas y, consecuentemente, optar por procesos más participativos.

Gráfico 4.2.   Distribuciones de las medias de extremismo de las actitudes

Nota: La escala va de 1 a 6, donde 1 indica actitudes moderadas y 6, actitudes más extremas.

Fuente: CIS 2860.

Para analizar esta cuestión, primero hemos agrupado las respuestas referentes a la importancia de cada tema y el extremismo en dos grupos para cada variable: las personas que le conceden poca importancia a cada tema y que tienen actitudes moderadas (valores por debajo de la media) y quienes le concedieron mucha importancia a cada tema y cuentan con actitudes más extremas (valores por encima de la media). A continuación hemos analizado las medias de las preferencias para cada uno de estos dos grupos. De este modo podemos abordar la pregunta clave: ¿son diferentes estos grupos en cuanto a su apoyo hacia procesos más participativos o representativos?

Como muestra la primera parte de la tabla 4.1, aparte del interés por la política en general (donde a quienes les interesa la política prefieren una democracia representativa en España), la pauta es coherente con la teoría de los issue publics. Así, la ciudadanía a la cual le importa mucho el tema del aborto prefiere que las decisiones sobre este tema se tomen con una implicación directa en mayor grado que a quienes no les parece muy importante este tema. Aquellos más interesados en la inmigración también tienden a preferir procesos más participativos sobre este asunto y —aunque los temas económicos sean más complejos y especializados— a quienes la economía les importa mucho prefieren en mayor medida que sea el público corriente quien tome las decisiones en este ámbito, y no los políticos.

La tabla 4.1 también sugiere que la ciudadanía con actitudes más extremas prefiere procesos más participativos que la más moderada cuando se trata de políticas generales en España, el aborto y la inmigración. Las preferencias relacionadas con la economía representan una excepción, puesto que la ciudadanía con posiciones más extremas en este tema opta por procesos más representativos que la más moderada46. Las preferencias claramente dependen de la importancia y el extremismo de las actitudes, pero aún más claramente de esta segunda. Por ello, los issue publics pueden definirse mejor a partir del extremismo de las opiniones respecto a algunos temas que por la importancia que se le concede a los mismos.

Tabla 4.1.   Apoyo medio a la escala de procesos para los diferentes temas según la importancia de los temas y el extremismo de las actitudes

En negrilla diferencias significativas para p<0,05.

Fuente: CIS 2860.

Para determinar si estos patrones persisten una vez que controlamos los efectos por las características individuales y también para analizar directamente si el extremismo realmente influye en las preferencias hacia los procesos políticos en mayor medida que la importancia de las actitudes, hemos construido cuatro modelos de regresión para predecir las preferencias hacia los procesos políticos en España y sobre los tres temas. Además de los factores mencionados (el género, la edad y la educación, entre otros), hemos incluido el interés hacia la política y los temas analizados y el extremismo de los posicionamientos sobre esos asuntos. Los resultados47 apuntan a que el interés político está relacionado con el deseo de que sean los políticos quienes tomen las decisiones. En cambio, concederle importancia al aborto, a la inmigración y a la economía no influye en las preferencias hacia procesos participativos o representativos referentes a estos temas.

En cuanto al extremismo, el patrón es más consistente en relación a los issue publics: las personas ideológicamente extremas, así como aquellas con puntos de vista extremos sobre el aborto y la inmigración, prefieren una democracia participativa en mayor medida que las moderadas, incluso teniendo en cuenta otras variables como la educación, los ingresos subjetivos o la importancia de las actitudes. En cambio, el hecho de tener opiniones extremas sobre economía no está relacionado con las preferencias.

Estos resultados sugieren que quienes consideran que los temas analizados son personalmente importantes no tienen preferencias distintas a quienes le conceden poca importancia a los mismos. En cambio, el extremismo de las actitudes sí importa. La ciudadanía con puntos de vista extremos prefiere la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas en mayor medida que la delegación de las decisiones a los políticos.

4.3.   La actividad participativa y las preferencias sobre procesos políticos

A continuación nos centraremos en la actividad participativa, tanto en general como en referencia a los tres temas concretos ya tratados. En esa línea nos surgen las siguientes preguntas: ¿qué tipo de procesos prefiere la ciudadana según su implicación asociativa y participativa? ¿Hay diferencias según el tema de la participación? ¿Y según la satisfacción o insatisfacción con la participación realizada? En su obra, Hibbing y Theiss-Morse (2002) señalan que la desafección con el proceso (desear procesos más participativos y percibir que en realidad son los políticos quienes toman las decisiones) puede hacer que la gente se involucre en mayor medida en la política (con la esperanza de lograr cambios) pero también puede tener el efecto contrario desmovilizador (si perciben el proceso tan defectuoso que no hay oportunidad). Sin embargo, no fijan la atención en la posibilidad de una relación causal que funcione en dirección contraria: cómo la realidad participativa influye en esas preferencias.

Por un lado, la literatura apunta a que la participación asociativa aumenta la capacidad de deliberación, acción pública y autogobierno (Cohen y Rogers, 1992; Hirst, 1994; Van Deth, 1997), lo que podría traducirse en una mayor preferencia por procesos donde la ciudadanía tome las decisiones. Pero, por el otro lado, también hay evidencia que señala que la participación en asociaciones fomenta sentimientos positivos hacia otras instituciones políticas, como el aumento de la confianza política (Hirst, 1992 y 1994; Cohen y Rogers, 1992), lo que podría traducirse en un mayor apoyo a los procesos donde sean los políticos quienes tomen las decisiones. De hecho, algunos estudios muestran que las personas que no han participado en ningún tipo de deliberación publica tienen niveles de confianza pública y política más altos que aquellas que lo hicieron en línea o cara-a-cara con otros ciudadanos (Baek, Wojcieszak y Delli Carpini, 2011). Paradójicamente, pues, la desconfianza política podría ser beneficiosa para la dinámica democrática, al alentar la comunicación entre la ciudadanía, aumentar la vigilancia sobre el proceso político y movilizar para la acción (Warren, 1999).

Además del asociacionismo en sí, a la hora de analizar los efectos de la participación cabe esperar que diferentes grados de participación conlleven diferentes efectos sobre las actitudes políticas (Anduiza y Bosch, 2004). La participación política, al implicar una relación con otras personas, puede favorecer actitudes de solidaridad, empatía, tolerancia, interés y confianza interpersonal. En este sentido podría estar aumentando las preferencias hacia un proceso donde la ciudadanía tome las decisiones. Sin embargo, la experiencia participativa también puede conllevar desilusión o actitudes intolerantes, exclusiones y enfrentamientos, lo que operaría en una dirección opuesta en cuanto a esas preferencias. Por este motivo, cabría esperar que el nivel de satisfacción con la participación realizada tenga un efecto en las preferencias sobre los procesos políticos. Para tener en cuenta todos estos matices, en este apartado vamos a analizar el asociacionismo, el tema concreto en que se participa, el nivel de participación y la satisfacción con la misma, así como el grado en que sirven para explicar las preferencias hacia los procesos de toma de decisiones.

Finalmente, como estas variables miden de forma directa la participación real de la ciudadanía, también nos permitirán comprobar la coherencia del índice propuesto por Hibbing y Theiss-Morse (2002) para medir el apoyo a la democracia sigilosa. Si este índice refleja, como defienden, el apoyo a un modelo de toma de decisiones donde la ciudadanía prefiere no estar involucrada, lo esperable sería que las personas más participativas, que ya están de hecho involucradas de una u otra forma en la contienda política, obtuvieran puntuaciones bajas en la escala, es decir, que no mostrasen apoyo a este tipo de democracia sigilosa. Pero si, tal y como hemos apuntado (capítulo 2), este índice está mezclando otras cuestiones, el resultado podría ser diferente.

4.4.   El asociacionismo y la participación como explicaciones de las preferencias sobre procesos

En primer lugar nos centraremos en el asociacionismo de la ciudadanía y en qué tipo de organizaciones lo hace48. Para ello, el cuestionario incluía la pregunta de si la persona entrevistada pertenece o ha pertenecido a alguna asociación, a la que un 34,7 por ciento respondió de forma afirmativa. En la serie histórica de Morales y Mota (2006) podemos observar que, tras el leve crecimiento y caída del asociacionismo en los años ochenta y noventa, hubo un fuerte crecimiento a finales de los noventa (que pasó de un 30 a un 40 por ciento), para después estabilizarse en los primeros años del milenio. La cifra que arroja el cuestionario que estamos utilizando en este estudio muestra una tasa de asociacionismo algo menor a la de 2002, pero que no entra en contradicción con los datos anteriores49.

En cuanto a la tipología de las asociaciones, hemos creado una clasificación basada en la desarrollada en Morales y Mota (2006) y Navarro y Juaristi (2006). Se trata de una versión simplificada de la misma con tres categorías, construidas a partir de las funciones externas de las asociaciones: las que ofrecen servicios a socios (actividades socioculturales), las que ofrecen servicios de bienestar a socios y no socios y finalmente las asociaciones de tipo político.

Así pues, a partir de una pregunta multirrespuesta realizada a quien contestó que pertenecía a alguna asociación (851 personas), comprobamos que la gran mayoría (el 71,6 por ciento) forma parte de asociaciones deportivas, culturales o de ocio, una cuarta parte se encuadra en organizaciones de bienestar social o ayuda a personas necesitadas y un 17,5 por ciento se vincula a cualquier tipo de asociación política. Un tercio de quienes están o estuvieron asociados pertenecieron a otro tipo de asociaciones, como las sindicales, vecinales, de padres y madres. Esta tipología nos permitirá comprobar si el carácter de la asociación también juega un papel en nuestro objeto de estudio.

Pero no solo importa el tipo de asociación sino la intensidad de la actividad y su valoración. Para comprobar su incidencia, vamos a utilizar dos variables que miden estos aspectos. En relación al nivel de participación y la forma que adopta, el cuestionario incluía una pregunta donde había que señalar si se realizó durante los últimos 12 meses, con anterioridad o nunca cada una de las ocho formas de participación que muestra la tabla 4.250. Teniendo en cuenta los problemas de la comparación de los datos de diferentes años, tanto en la forma de las preguntas como sobre todo en el período al que hacen referencia (véanse las notas en la tabla 4.2), podemos comprobar que los datos del cuestionario de 2011 encajan con los anteriores, si bien en 2011 ha aumentado en casi todas sus variantes, especialmente en la forma de boicot y de asistencia a reuniones.

Con el objetivo de comprobar el efecto que el nivel de participación tiene sobre la configuración de las preferencias hacia los procesos políticos, en base a los ítems anteriores hemos construido un indicador inspirado en la tipología clásica de Barnes y Kaase (1979). Sin embargo, en nuestro caso no nos fijamos en la forma (convencional o no) de la participación, sino más bien en su intensidad, estableciendo una tipología simplificada a partir de la propuesta de Morales y Mota (2006). En nuestro índice, la realización de cada una de estas actividades en los últimos 12 meses o con anterioridad puntúa 1, mientras que no haberlo realizado nunca puntúa 0. Mediante los resultados de este índice hemos categorizado a la ciudadanía como pasiva (puntúa 0; 37 por ciento); participativa (puntúa entre 1 y 4; 41 por ciento) y activista (puntúa entre 5 y 8; 20 por ciento).

Tabla 4.2.   Porcentaje de personas que realizaron diversas formas de participación en Españaa

a Se preguntaba si cada actividad había tenido lugar: en bastantes ocasiones o alguna vez (2000); en los últimos doce meses (2001); en los últimos doce meses o con anterioridad (2011).

b En 2011, 2006 y 2001 se preguntaba «Asistir a/participar en una manifestación»; en 2000 «Asistir a una manifestación autorizada».

c En 2011y 2006 se preguntaba «Boicotear o dejar de comprar ciertos productos por razones políticas, éticas o para favorecer el medio ambiente»; en 2001 «Boicotear ciertos productos».

d En 2011 se preguntaba «Contactar o intentar contactar con un/a político/a o funcionario/a público/a para expresarle sus opiniones»; en 2006 «Contactar o intentar contactar con un político para expresarle sus opiniones»; en 2001 es la suma de «Ponerse en contacto con un político» y «Ponerse en contacto con un funcionario estatal, autonómico o local»; en 2000 «Hacer una visita a cargos públicos o a representantes políticos».

e En 2011y 2006 se preguntaba «Donar o recaudar dinero para alguna causa»; en 2001 es la suma de «Donar dinero» y «Recaudar dinero para alguna causa».

f En 2011 se preguntaba como «Colaborar con un grupo o asociación»; en 2001 es la suma de «Colaborar con un grupo o plataforma de acción ciudadana» y «Colaborar con alguna otra asociación u organización».

Fuentes: Estudios CIS 2384 (año 2000), 2450 (año 2001), 2632 (año 2006) y 2860 (año 2011).

En cuanto a los temas que movilizan a la ciudadanía, encontramos que, entre quienes participaron en al menos una de las experiencias participativas (1.546 personas), un 32,6 por ciento participó en alguna actividad relacionada con la situación económica del país, un 16,8 por ciento en relación a la inmigración y un 10,5 por ciento respecto al aborto51. Los comparación con los datos del estudio CIS 2632 (2006) nos muestran que ha aumentado considerablemente la participación respecto a la inmigración (en 2006 fue del 4,1 por ciento) y ligeramente respecto a la realidad económica (en 2006 era del 36,3 por ciento52)53. ¿El hecho de haber participado políticamente en relación a un tema concreto implicará una mayor preferencia hacia procesos políticos donde la ciudadanía intervenga directamente en ese mismo ámbito? Más adelante lo comprobaremos.

Por último, también hemos señalado que una valoración positiva o negativa de la participación conlleva un determinado efecto en las actitudes políticas. En este sentido, el cuestionario incluía una novedosa batería de preguntas dirigidas a quienes contestaron que realizaron en los últimos doce meses o con anterioridad cualquiera de las formas de participación mencionadas (1.546 personas)54. En esta batería se incluían seis opciones de respuesta (tres en positivo y tres en negativo) que se corresponden con los costes y beneficios de la participación que han sido más frecuentemente analizados en la literatura55. Las tres frases en positivo hacían referencia a beneficios instrumentales en un caso y expresivos en los otros dos: 1) el beneficio asociado a los resultados en forma de decisiones o políticas públicas; 2) el beneficio asociado al placer y/o la necesidad moral de participar (auto-reconocimiento); y 3) el beneficio asociado al reconocimiento y la interacción con la otra gente. Por otro lado, los tres tipos de frase negativa se referían a tres razones también muy habituales para no participar: 1) la sospecha de que no iba a tener ningún efecto; 2) los conflictos inherentes a la vida política y la aversión al conflicto de la que hablamos en el capítulo 5; y 3) los costes habituales de la participación, por ejemplo en forma de tiempo y costes de oportunidad.

La distribución de estas respuestas se encuentra reflejada en el gráfico 4.3, donde se observa que predominan claramente las valoraciones positivas respecto a la participación vivida56. Entre las negativas, destaca el 14 por ciento que consideró con mucha frecuencia que su participación no serviría para nada, porcentaje muy superior al de quienes con frecuencia se molestaron por conflictos con otras personas participantes o sintieron que perdían el tiempo (ambos inferiores al 6 por ciento). En cuanto a los elementos positivos, más de la mitad consideraron con mucha frecuencia que el tema fue muy importante y se sintieron bien consigo mismas y con el resto de participantes.

Gráfico 4.3.   Valoración de la participación realizada en los últimos doce meses o con anterioridad

N = 1.480, 1.481, 1.473, 1.462, 1.474, 1.470.

Fuente: CIS 2860.

Para poder operacionalizar el efecto de la satisfacción con la participación sobre las preferencias hacia los procesos políticos, hemos construido un indicador a partir de los ítems anteriores. Aquellas preguntas donde se responde de la forma más favorable puntúan 2, cuando se contesta «algunas veces» puntúa 1 y 0 cuando se contesta de la manera más negativa. A partir de este índice obtenemos tres tipologías: las personas menos satisfechas con su experiencia participativa (valores entre 0 y 6; 17,7 por ciento), las satisfechas (valores entre 7 y 9; 40,1 por ciento) y las más entusiastas (valores entre 10 y 12; 40,2 por ciento). En el próximo apartado veremos si estas valoraciones influyen en cómo quiere la ciudadanía que se tomen las decisiones.

4.5.   ¿La experiencia participativa articula las preferencias hacia los procesos políticos?

Una vez presentadas las variables que miden diversos aspectos de la realidad participativa, podemos abordar la pregunta de en qué medida influyen en las preferencias hacia los procesos políticos. Para abordar esta cuestión, hemos calculado las correlaciones entre las variables relacionadas con la participación (pertenencia a asociación, tipo de asociación, nivel de participación, tema de la participación y nivel de satisfacción con la participación) y las escalas que miden las preferencias hacia los procesos de toma de decisiones. Los datos muestran unos patrones de correlación muy débiles, que indican que todas esas variables no juegan un papel determinante a la hora de estructurar las preferencias sobre los procesos políticos.

Teniendo en cuenta esta debilidad de la asociación, los datos muestran que quienes pertenecen o han pertenecido a algún tipo de asociación, las personas más participativas y las más críticas con la participación (las más insatisfechas), prefieren en mayor medida que la ciudadanía tome las decisiones en España y sobre todo en su municipio, donde esa correlación es estadísticamente significativa. Esta significatividad podría estar indicando que estas variables tienen más relación con los procesos a nivel local, pero la correlación es tan baja que no podemos realizar esta afirmación con propiedad57.

La tabla 4.3 muestra de forma más detallada las preferencias sobre los procesos políticos en España según estas variables. En general podemos comprobar que existe una relación lógica aunque débil entre la participación política y las preferencias hacia los procesos de toma de decisiones en España. Quienes pertenecen a una asociación prefieren en mayor grado procesos donde la ciudadanía tome las decisiones. Entre estos, cuando se trata de asociaciones políticas, la puntuación en la escala de procesos tiende a ser mayor (prefieren procesos menos participativos). En cuanto al nivel de participación, las personas participativas y las activistas prefieren que la ciudadanía tome las decisiones en mayor grado que las más pasivas. Finalmente, de las personas que participaron en alguna actividad, quienes se han sentido más insatisfechas prefieren procesos donde la ciudadanía tome las decisiones en un grado superior al del resto. Quizá este hecho tiene que ver con que la insatisfacción no expresa tanto un rechazo a la participación, sino en realidad una postura más crítica, ya que, como vimos, los indicadores más altos de insatisfacción hacían referencia a la utilidad y la temática de la participación (es decir, opinan que la participación debería ser diferente, no que debería desaparecer).

Antes de cerrar este apartado, cabe retomar algunas cuestiones que se han planteado en los dos primeros capítulos referentes al modelo de democracia sigilosa. El índice propuesto por Hibbing y Theiss-Morse (2002) pretende medir el grado de apoyo a un proceso democrático donde la ciudadanía no necesite participar. Las diversas variables sobre participación que hemos analizado aquí nos permiten una aproximación a las prácticas participativas desde diferentes indicadores, lo que nos posibilita testar la pertinencia del índice de apoyo a la democracia sigilosa desde esa perspectiva. ¿Tendrá sentido que la gente participativa exprese actitudes favorables hacia una democracia sigilosa? Y en todo caso, ¿hasta qué punto se da esa relación?

Tabla 4.3.   Apoyo medio a la escala de procesos en España según diferentes variables sobre participación

En negrilla diferencias significativas para p<0,05.

* Respecto al tipo de asociación y al tema de la participación, al tratarse de preguntas multirrespuesta, las diferencias de media se han calculado por separado, entre quienes participaron en cada uno de los tipos de asociaciones o temas y quienes no.

Fuente: CIS 2860.

La tabla 4.4 nos muestra una contradicción importante en los planteamientos de Hibbing y Theiss-Morse en relación a su índice. Si este índice mide, como proponen, las preferencias hacia un determinado modelo de toma de decisiones, cabe esperar que las personas más y menos participativas puntúen de forma diferente. No tendría sentido que quienes muestran un apoyo hacia procesos de toma de decisión que no les involucren estén de hecho involucrados en la participación. Sin embargo, las correlaciones entre las variables que hemos ido viendo en este apartado con las puntuaciones del índice de democracia sigilosa son mucho más bajas de lo que cabría esperar (todas menores que 0,13), pese a que todas son estadísticamente significativas. Aunque operan en el sentido más coherente en varios casos (quienes están asociados y participan más puntúan menos en el índice), estas relaciones nos reafirman en nuestra sospecha de que este índice en realidad está mezclando diferentes elementos que van más allá de lo que plantean sus autores.

Tabla 4.4.   Correlaciones entre las variables sobre participación y el índice 0-3 de democracia sigilosa

Las variables marcadas con un asterisco son significativas para p<0,05; con dos asteriscos para p<0,01.

N = 1.695, 606, 1.657, 463, 1.125.

Fuente: CIS 2860.

Para poder calibrar el alcance de esta aparente contradicción necesitamos focalizar un poco más la mirada. Para ello, hemos indagado en la distribución del índice de democracia sigilosa que construyeron Hibbing y Theiss-Morse entre aquellas personas más participativas. Así, aunque la tabla anterior mostraba que lo hacen en menor medida que el resto, la inmensa mayoría de las personas asociadas y activistas sigue situándose en los dos valores más altos de esta escala (más del 80 por ciento en ambos casos). A la luz de estos datos adquiere mucho sentido la pregunta que nos hacíamos sobre qué mide exactamente este índice, puesto que no parece muy coherente que precisamente aquellas personas más participativas prefieran modelos políticos donde no tengan que participar.

4.6.   Conclusiones

En este capítulo hemos profundizado en el argumento planteado en el anterior: las preferencias sobre cómo quiere la ciudadanía que se tomen las decisiones varían en función de los temas, pero también de las actitudes y comportamientos de cada persona. También hemos conceptualizado a la ciudadanía como issue publics, comprobando si quienes consideran que un asunto es importante prefieren procesos participativos en mayor medida que quienes no se sienten personalmente involucrados en esa problemática. Asimismo, hemos dado un paso más, incorporando en el análisis el extremismo de las actitudes y comprobando si los issue publics están mejor definidos por la importancia o el extremismo.

En primer lugar, cabe concluir que las preferencias sobre cómo debería funcionar el proceso de toma de decisiones están relacionadas tanto con las actitudes hacia temas concretos como con el extremismo de las mismas. Por lo tanto, los estudios de comunicación o ciencias políticas deberían diferenciar sistemáticamente entre issues, puesto que la ciudadanía de hecho ya lo está haciendo. Es decir, los cuestionarios deberían incluir ítems que pregunten sobre actitudes, cogniciones y comportamientos referentes a temas específicos.

En segundo lugar, cuando se trata de las preferencias hacia los procesos políticos en España, los issue publics pueden definirse con mayor precisión en base al extremismo de las actitudes que a partir de la importancia otorgada a tales actitudes. La ciudadanía que está especialmente preocupada por la política, el aborto, la inmigración o la economía no apoya una mayor participación ciudadana en estos asuntos. En realidad, los más interesados en la política prefieren que los políticos se encarguen de la toma de decisiones. Por el contrario, quienes tienen puntos de vista extremos sobre los temas analizados sí prefieren que sea la ciudadanía quien tome las decisiones.

En el nivel práctico, este hallazgo sugiere que la relevancia política del extremismo de las actitudes va más allá de la polarización sociopolítica y se extiende también a las preferencias democráticas de la ciudadanía y, en consecuencia, debería medirse con mayor frecuencia en las encuestas de opinión pública.

En cuanto a la experiencia participativa de la ciudadanía, hemos utilizado diversas variables (desde el asociacionismo a diversas formas de participación) que han mostrado que las personas políticamente activas prefieren en mayor medida procesos políticos donde la ciudadanía tome las decisiones. La batería de preguntas para medir la satisfacción con la participación ha arrojado información relevante, mostrando que la insatisfacción con la misma no implica siempre una desafección con la participación sino más bien la configuración de una perspectiva crítica con la misma, sobre todo referente a su capacidad de incidencia real. En futuros estudios podría resultar muy productivo profundizar en el uso de esta batería para explicar dinámicas de movilización o desmovilización.

Finalmente, también hemos reafirmado nuestras críticas hacia la validez del índice propuesto por Hibbing y Theiss-Morse (2002) para medir el apoyo a la democracia sigilosa. En definitiva, la realidad participativa y las preferencias en ese ámbito se muestran como un fenómeno complejo y dinámico donde se implican e interrelacionan multitud de variables, que requieren diversas herramientas de análisis para su comprensión, entre las cuales este índice resulta, al menos para el caso español, no pertinente.

5.   Consenso y conflicto: dos prismas para comprender la participación
Pau Alarcón y Magdalena Wojcieszak

Ya hemos visto que las preferencias hacia procesos democráticos más o menos participativos constituyen un fenómeno complejo. En este capítulo avanzaremos en este intento de comprender las diversas aristas que configuran esas preferencias, tratando de aproximarnos al objeto de estudio desde dos puntos de vista opuestos aunque necesariamente complementarios: la percepción de consenso en la sociedad y la aversión al conflicto.

Si alguien percibe que sus ideas forman parte de un consenso general en la sociedad, ¿considerará preferible un proceso donde la ciudadanía tome las decisiones o más bien sucederá todo lo contrario y creerá que al existir ese preacuerdo no es necesaria la deliberación? Y, mirando desde el lado del choque de ideas, ¿las personas que se sienten incómodas ante el desacuerdo o la discusión política rechazarán la idea de tener procesos más participativos para evitar a toda costa verse implicadas en contextos conflictivos? ¿Hasta qué punto?

En su modelo para justificar las preferencias hacia una democracia sigilosa, Hibbing y Theiss-Morse (2002) argumentan extensamente la centralidad de estas dos dimensiones. Junto al desinterés político, la aversión al conflicto y las percepciones de que existe un consenso en la agenda constituyen las tres condiciones suficientes (cualquiera de ellas) para orientar a alguien hacia la democracia sigilosa. Así, según estos autores, la percepción de que existe consenso hace innecesario el debate público y la participación ciudadana directa, ya que se parte de un posicionamiento básico compartido. Y por otro lado, ante una cuestión que genera diferentes posicionamientos, la tendencia a evitar situaciones conflictivas también conduciría a esa preferencia hacia un proceso político que excluya la participación.

De este modo, desde dos puntos de partida diferentes llegamos a la misma conclusión: 1) si creo que ya hay un consenso, no considero necesaria la participación; y 2) si creo que puede haber discusión, no quiero participar. Además de indagar en la validez de estas premisas y extenderlas al contexto español, donde esos factores pueden tener un impacto distinto, el cuestionario del estudio 2860 del CIS incorpora diversos ítems que nos permiten tener una visión más global sobre la percepción de consenso y la aversión al conflicto. Por lo tanto, nuestra intención es profundizar en estas dos dimensiones de la disputa política para poder entender mejor su relación con las preferencias de la ciudadanía.

5.1.   Dos perspectivas sobre las consecuencias del consenso percibido: teoría y resultados

Esta parte del capítulo se centra en la percepción de consenso de la ciudadanía, analizando en qué medida y hasta qué punto influye en las actitudes ante el proceso de toma de decisiones de la población española. En general, la ciudadanía suele percibir la existencia de consensos tanto en sus posiciones políticas como en referencia a temas específicos. De hecho, numerosos estudios han demostrado que la mayoría de las personas suele atribuir sus propias opiniones a la población en general, fenómeno al que se ha denominado «falso consenso» (Ross, Green y House, 1977), «atribución egocéntrica» (Fields y Schuman, 1976), o simplemente un «efecto de proyección» (Christen y Gunther, 2003). De este modo, la gente tiende a sobrestimar el grado de apoyo hacia sus propias posiciones. Este hallazgo se ha comprobado en temas tan variados como la globalización (Wojcieszak, 2008), las actitudes raciales (Fields y Schuman, 1976; O’Gorman, 1975; O’Gorman y Garry, 1976), los derechos de los animales (Gunther et al., 2001), la energía nuclear y la regulación de la polución (Taylor, 1982), el medio ambiente (Glynn y Park, 1997), la eutanasia (Gunther y Christen, 2002), el pago de una multa e incluso el aparecer en el anuncio de un supermercado (Ross et al., 1977).

En el marco de nuestro análisis, este fenómeno puede influir en las preferencias sobre el tipo de procesos políticos deseados, tal y como postulan los autores de Stealth Democracy (2002) y como también sugiere la investigación en comunicación política. De estas investigaciones surgen dos posibles explicaciones sobre cómo influyen estas percepciones en las preferencias analizadas: la espiral del silencio o el desarrollo de «acciones correctivas».

La espiral del silencio supone que las personas que perciben que sus opiniones son mayoritarias suelen expresar sus puntos de vista en mayor medida que quienes consideran que la mayoría no comparte sus convicciones. Esto se debe al miedo al aislamiento, que anima a quienes se ubican en la mayoría a expresarse en público mientras lleva a quienes se consideran en minoría a retirarse de la participación, independientemente de la distribución real de su posición en la sociedad (Noelle-Neumann, 1974). Un meta-análisis de estudios de la espiral del silencio revela una relación significativa entre el apoyo público percibido hacia una opinión y la voluntad de expresarla, aunque esta relación es más bien pequeña (Glynn, Hayes y Shanahan, 1997; Scheufele y Moy, 2000). Otros estudios también revelan que las personas que se ubican en la minoría expresan sus opiniones con menos rapidez que quienes se sitúan en la mayoría (Bassili, 2003). Además, la percepción de que se cuenta con el apoyo público puede aumentar las intenciones de participar en acciones en torno a diversos temas (Bauman y Geher, 2002; Botvin, Botvin, Baker, Dusenbury y Goldberg, 1992).

Estos mecanismos quizás pueden aplicarse a las preferencias hacia los procesos políticos que desea la ciudadanía. Aplicando la teoría de la espiral del silencio, la percepción de que se forma parte de un consenso público —es decir, que gran parte o la mayoría de la ciudadanía comparte una idea propia— estaría relacionada con el apoyo hacia procesos participativos. Después de todo, si el resto comparte las propias preferencias ideológicas y opiniones sobre diversos temas políticos, sería lógico desear que se involucre en la toma de decisiones para avanzar así en esas aspiraciones compartidas.

En cambio, la perspectiva de las acciones correctivas sugiere la relación inversa entre el consenso percibido y las preferencias hacia los procesos políticos. Según Rojas (2010), la percepción de que los medios de comunicación están sesgados en contra de las preferencias individuales (el efecto de los medios hostiles) predice la participación en acciones «correctivas» para conseguir que esas preferencias individuales estén presentes en la esfera pública. Estas acciones pueden consistir en expresar opiniones políticas, tratar de persuadir a otros o participar en foros de discusión o en protestas públicas. Esta perspectiva sugiere que quienes perciben que el resto de la ciudadanía está en contra de sus puntos de vista tenderán a involucrarse en los procesos políticos para comunicar sus posicionamientos y compensar los sesgos percibidos. Sin embargo, existen diferencias entre la percepción de la opinión de los medios y de la opinión pública. ¿Estas ideas son extensibles al consenso percibido en la opinión pública?

El libro Stealth Democracy respondería afirmativamente: la percepción del consenso incentiva las preferencias hacia procesos representativos y, por tanto, solo quienes se ubican en posiciones minoritarias preferirán procesos más participativos. De hecho, Hibbing y Theiss-Morse sostienen que «sería racional que quienes creen que los estadounidenses están de acuerdo sobre los temas que más necesitan la atención del gobierno […] aceptaran la democracia sigilosa» (2002: 134). Es decir, quienes perciben una falta de consenso respecto a sus opiniones por parte de la población (es decir, un público «hostil») están más dispuestos a involucrarse personalmente y a querer que los demás se involucren en los procesos de toma de decisiones con el fin de resolver los conflictos o el desacuerdo. Así pues, aunque no se explicite, la tesis de Stealth Democracy se apoyaría en el mecanismo de las acciones correctivas.

Según la espiral del silencio, cabe esperar que la percepción de un consenso público anime a la ciudadanía a expresar sus opiniones y —por extensión— preferir procesos participativos, mientras que el sentirse en minoría aumente las preferencias por procesos representativos. En cambio, como sugiere la perspectiva de las acciones correctivas y como señalan los autores de Stealth Democracy, la percepción de que hay un consenso público aumentaría la preferencia hacia procesos representativos, mientras que quienes se sienten en minoría optarían por procesos participativos.

En esta sección del capítulo empezaremos por comprobar si el consenso ideológico percibido está relacionado con las preferencias hacia el proceso político en España. Asimismo, presentaremos esta relación entre consenso ideológico percibido y preferencias políticas respecto a los tres temas concretos. Además, para comprobar si la idea de issue publics se extiende al consenso público percibido, también analizaremos las relaciones entre el consenso percibido en relación a cada uno de los tres temas y la respectiva escala de preferencias en cada temática.

Para indagar en estas relaciones, en el cuestionario se preguntaba a los encuestados qué cantidad de españoles creen que comparte sus preferencias ideológicas en la escala izquierda-derecha, así como respecto a sus opiniones sobre el aborto, la inmigración y la economía (desde «muy pocos» hasta «la mayoría»)58. Como muestra el gráfico 5.1, la ciudadanía percibe un mayor consenso respecto a sus opiniones sobre inmigración y economía que en relación a la ideología y el aborto. De todos modos, las medias, que están siempre por encima de 3,5, indican que la ciudadanía percibe la existencia de bastante consenso respecto a sus posicionamientos (el valor 3,0 se corresponde con «más o menos la mitad» y el 4,0 significa «muchos»).

Gráfico 5.1.   Medias de la percepción de consenso ideológico y respecto a diversos temas

Nota: La escala va de 1 (muy pocos comparten sus ideas sobre el tema) a 5 (la mayoría comparte sus ideas).

Fuente: CIS 2860.

¿Cuál de los dos supuestos anteriores sobre la asociación entre el consenso percibido y las preferencias hacia el proceso político es más adecuado? Para comprobar esa relación, analizamos las medias de las preferencias hacia los procesos políticos diferenciando entre la ciudadanía con distintos niveles de percepción del consenso ideológico: bajo (quienes piensan que «pocos» o «muy pocos» españoles comparten su ideología), medio (quienes piensan que «más o menos la mitad» comparte sus ideas, una opción no leída por el encuestador pero expresada espontáneamente por los encuestados) y alto (quienes perciben que «bastantes» o «la mayoría» están de acuerdo con su posicionamiento)59. Como se ha señalado antes, la mayoría percibe un consenso grande tanto a nivel general como para cada uno de los temas analizados60.

También medimos la distancia de las preferencias políticas entre quienes se sitúan en los dos extremos. Así, los valores positivos indican que quienes perciben un consenso elevado prefieren procesos más representativos que quienes perciben poco consenso. En cambio, los valores negativos indican que quienes perciben que la mayoría es «hostil» a sus posicionamientos prefieren procesos más participativos donde la ciudadanía corriente sea quien decida.

La tabla 5.2 muestra que quienes piensan que la ciudadanía es «hostil» a su propia ideología prefieren que sea la ciudadanía corriente —y no los políticos— quien decida en España. En cambio, quienes perciben que bastantes o muchos españoles comparten sus preferencias optan por procesos más representativos. Puesto que, en general, la ideología mide un posicionamiento común para distintos temas (todas las correlaciones entre ideología y opiniones temáticas son significativas, mostrando que la ciudadanía de derechas se opone al aborto, la inmigración y la regulación de la economía; al contrario que la ciudadanía de izquierdas), también analizamos si el consenso ideológico percibido se relaciona con las preferencias hacia los procesos respecto a cada uno de los temas analizados61.

Como también muestra la tabla 5.1, la ciudadanía que percibe un consenso público en torno a su ideología (es decir, los de izquierdas piensan que muchos o la mayoría de los españoles también son de izquierdas, mientras que los de derecha consideran que el público español también se sitúa a derecha), igualmente optan por procesos más representativos —y no participativos— en referencia al aborto, la economía y, marginalmente, la inmigración. Este patrón es coherente con la teoría de las acciones correctivas y con los hallazgos de Stealth Democracy.

Tabla 5.1.   Apoyo medio a la escala de procesos en España y para los distintos temas según el consenso ideológico percibido

Nota: Valores positivos indican que quienes perciben un consenso alto prefieren procesos más participativos que quienes perciben un consenso bajo, y viceversa.

En negrilla, diferencias significativas para p<0,05, para la inmigración diferencias significativas para p<0,10

Fuente: CIS 2860.

Ahora bien, ¿esa relación cambia según la temática? Comprobamos esta pregunta midiendo la relación entre el consenso percibido respecto al propio posicionamiento en cada tema y la escala de preferencias correspondiente a cada uno de esos tres temas. La tabla 5.2 muestra unos resultados interesantes: percibir el consenso temático —es decir, sobre la postura en cada uno de los tres temas que analizamos— no influye en las preferencias hacia el correspondiente proceso político. Es decir, el hecho de pensar que los demás comparten una opinión propia sobre el aborto, sea en contra o a favor de que las mujeres puedan abortar libremente y sin restricciones, no afecta a las preferencias sobre los procesos de toma de decisiones sobre el aborto. Del mismo modo, el hecho de percibir que hay consenso entre la ciudadanía en relación a la inmigración, ya sea apoyando u oponiéndose a que los inmigrantes decidan libremente si quieren venir a vivir a España, no conlleva ninguna preferencia hacia una democracia más participativa y menos representativa en relación a la inmigración. Por último, el nivel de consenso percibido vinculado a la economía, ya sea apoyando u oponiéndose al mercado libre, tampoco afecta a las preferencias hacia los procesos de toma de decisiones sobre este tema.

Tabla 5.2.   Apoyo medio a la escala de procesos para los distintos temas según el consenso público temático percibido

Nota: Valores positivos indican que quienes perciben un consenso alto prefieren procesos más participativos que quienes perciben un consenso bajo, y viceversa

Fuente: CIS 2860.

Estos resultados sugieren que solo el consenso ideológico percibido influye en las preferencias hacia el proceso de toma de decisiones políticas. El patrón muestra claramente que quienes perciben que la ciudadanía comparte sus mismas preferencias ideológicas optan por procesos con mayor componente representativo en la toma de decisiones políticas en general, así como tampoco en relación a los tres temas analizados. En cambio, quienes piensan que la opinión pública es «hostil» respecto a su ideología optan por procesos democráticos más participativos. Quizás la explicación radique en que, al percibir que los demás comparten los propios planteamientos, se puede confiar en ellos y en los políticos, por lo que no se desea una mayor involucración ciudadana al considerar que el proceso representativo ya tomará las decisiones que personalmente se prefieren.

No obstante, este patrón no es extensible al consenso temático: como hemos visto, no hay ninguna relación entre el hecho de que uno piense que la gran parte o la mayoría de la ciudadanía comparta sus opiniones sobre el aborto, la inmigración y la economía y el que se prefieran procesos más representativos o participativos respecto a esos temas. Este patrón podría estar indicando que el poder explicativo de la ideología es más potente que el de las opiniones temáticas.

Para estudiar este asunto con mayor detalle, analizamos la relación entre el consenso ideológico percibido y la valoración de los entrevistados respecto a distintos procedimientos para la toma de decisiones: facilitar que la gente participe y debata las grandes decisiones políticas, convocar referendos y organizar asambleas y reuniones para tomar decisiones entre todos (escalas desde 0, «la peor forma de tomar las decisiones», hasta 10, «la mejor forma de tomar decisiones»62). Así, según Hibbing y Theiss-Morse o la hipótesis más general de las acciones correctivas, quienes perciben un consenso público deberían valorar estos procesos como menos útiles que quienes piensan que la opinión pública no comparte sus posiciones.

En general, los resultados avalan, aunque solo en parte, esta idea. Quienes consideran que la mayor parte del público comparte su ideología valoran peor las asambleas y reuniones que quienes perciben estar en «minoría ideológica» (media de 6,48 frente a 6,84, p < 0,05), aunque no existen diferencias en cuanto a los debates y los referendos.

En conjunto, los hallazgos que hemos mostrado aquí sugieren que una proporción significativa de la población española percibe la existencia de un consenso compartido, ya sea ideológico o sobre temas políticos concretos. Como señala la idea original de Stealth Democracy y la teoría de las acciones correctivas (Rojas, 2010), esas percepciones tienen consecuencias reales sobre las preferencias políticas que expresa la ciudadanía. Nuestros resultados muestran que el apoyo público percibido se relaciona con preferencias hacia una democracia representativa. Quizás, como plantean Hibbing y Theiss-Morse, la ciudadanía que percibe un consenso no es consciente de la existencia del conflicto de intereses y —precisamente por eso— prefiere que sean los políticos quienes decidan en vez de optar por procedimientos participativos destinados a resolver colectivamente el conflicto, dado que habría muy poco sobre lo que discutir.

5.2.   El papel de la aversión al conflicto y la heterogeneidad de las redes sociales

Tal y como hemos comentado al principio de este capítulo, otro argumento central en las tesis de Hibbing y Theiss-Morse apunta hacia la otra cara de la contienda política: la aversión al conflicto. Según estos autores, el deseo de la ciudadanía de evitar situaciones conflictivas constituye una condición suficiente para estructurar la preferencia hacia procesos políticos que no exijan su participación. De este modo, esta aversión se traduce en un apoyo hacia una democracia sigilosa, al margen de las opiniones sobre la bondad del debate o la búsqueda del consenso (2002: 135).

De hecho, se han realizado importantes aportaciones en la comprensión de la relación entre el sujeto y su contexto social. Ulbig y Funk (1999) muestran que la aversión al conflicto está inversamente relacionada con la participación en relación a diversas actividades políticas. En concreto, defienden que la aversión al conflicto predice la (no) participación solo en aquellas actuaciones más propensas a implicar conflicto. Asimismo, diversas investigaciones, desde la perspectiva de la psicosociología, muestran que el conflicto interpersonal genera una tensión psicológica negativa con su consiguiente objetivo o deseo de evitar el conflicto por todos los medios (Eagly y Chaiken, 1993; Petty y Cacioppo, 1981). En esa misma línea, a partir de estudios cualitativos se ha señalado que algunos individuos evitan la participación política porque representa una amenaza a su «armonía interpersonal» (Rosenberg, 1954-1955; Mansbridge, 1980). Y como contrapartida, Verba y Nie (1972) señalan que las personas con menor aversión al conflicto están más dispuestas a involucrarse en actividades que conllevan asociado un mayor conflicto.

Estos hallazgos indican que la aversión implica una menor participación. Ahora bien, más allá de estos efectos en la propia actitud o comportamiento participativo, ¿esta tendencia de la ciudadanía con aversión al conflicto también se traduce en una preferencia hacia procesos democráticos menos participativos?

Planteado según la terminología del enfoque económico clásico del comportamiento electoral, la aversión al conflicto imprimiría un coste muy elevado a la participación (la posibilidad de generar situaciones no deseadas), superior a cualquier beneficio que pudiera generar esa participación o a la capacidad de influencia que esté asociada. Por tanto, siguiendo con la lógica de la teoría de la elección racional, en el cálculo de los costes y beneficios que conlleva el comportamiento político (en este caso, el apoyo a procesos más o menos participativos), la aversión al conflicto llevaría al individuo a preferir procesos donde los políticos tomen las decisiones.

En nuestra aproximación al fenómeno no queremos limitarnos a analizar la dimensión psicológica individual del mismo, ya que se ha comprobado que los contactos con otras personas pueden ser un motor que facilite distintas formas de participación (Anduiza y Bosch, 2004). Tal y como indica Mutz (2006), los estudios de redes sociales muestran que la gente tiende a exponerse de manera selectiva a otras personas que no comparten su punto de vista. En concreto, esta autora argumenta que en el caso de las personas con aversión al conflicto, la diversidad de las redes sociales desalienta la participación política, ya que posicionarse podría conllevar dificultades con la gente de su entorno. Y al contrario, las redes sociales homogéneas alientan y refuerzan los puntos de vista, generando una mayor tendencia hacia el activismo y fomentando el fervor más fácilmente. En esa misma línea, Green, Visser y Tetlock (2000) describen varias formas en las que la gente evita encontrarse en situaciones que le enfrenten a puntos de vista políticos adversos.

Aquí trataremos de analizar la relación entre aversión al conflicto y participación para el caso español. En primer lugar definiremos las variables para medir diferentes dimensiones de la aversión al conflicto, para acercarnos al fenómeno desde una perspectiva amplia que tenga en cuenta tanto las redes sociales como las orientaciones individuales. Comprobaremos la validez de estos indicadores, recurriendo a variables que miden otros rasgos de la personalidad. A continuación comprobaremos su relación con la escala de preferencias sobre los procesos políticos, la coherencia de nuestros datos con el modelo de Hibbing y Theiss-Morse y finalmente su articulación con las variables sobre participación.

5.3.   La heterogeneidad de las redes sociales y la aversión al conflicto

En su trabajo, Hibbing y Theiss-Morse miden la aversión al conflicto con una sola pregunta que se convierte en determinante en su modelo para medir las preferencias de la ciudadanía hacia los procesos políticos63. En el cuestionario replicamos esa misma pregunta: «Se siente incómodo/a cuando la gente discute sobre política»64. Según las respuestas, en el caso español encontramos mayor aversión al conflicto: en Estados Unidos un 26 por ciento de la gente entrevistada contestó que se sentía incómoda o muy incómoda, mientras que en España ese porcentaje asciende al 45,4 por ciento65. En principio, este resultado es coherente con las tesis de estos autores puesto que, como hemos visto en el capítulo 2, en España también es más elevado el índice de apoyo a la democracia sigilosa.

En este apartado vamos a analizar más detenidamente esta relación. Con esta finalidad, la encuesta contenía dos baterías de preguntas que permiten medir la aversión al conflicto de dos formas diferentes. La primera batería nos permite analizar las redes sociales del entrevistado, al plantearle con qué frecuencia habla con personas de ideas muy diferentes a las suyas sobre aborto, inmigración, economía y temas políticos en general66. Esta frecuencia en el establecimiento de conversaciones que entrañan el riesgo de contener enfrentamientos no está midiendo la actitud sino el comportamiento. Así, estas preguntas indicarían más bien la homogeneidad o heterogeneidad de las redes de discusión, lo que a su vez nos puede orientar sobre si la ausencia de contactos con personas de ideas diferentes implica cierto grado de aversión al conflicto y, en consecuencia, provoca que esas personas prefieran procesos donde no tengan que participar, para evitar situaciones indeseadas.

Como muestra el gráfico 5.2, solo en el tema del aborto predominan quienes no han hablado sobre ello con gente de ideas diferentes (un 60 por ciento no lo ha hecho nunca o raramente). En el resto de temas predominan quienes hablan a menudo o algunas veces con gente de opiniones diferentes: sobre temas políticos en general, un 55,4 por ciento; sobre inmigración, un 61,2 por ciento y sobre economía, un 68,6 por ciento.

Gráfico 5.2.   Frecuencia de conversaciones con gente de ideas contrarias según diversos temas

N = 2.421, 2.428, 2.423, 2.421.

Fuente: CIS 2860.

La segunda batería de preguntas, que nos permite medir de forma más directa la aversión al conflicto, se centra en tres frases diferentes, en las que la persona entrevistada puntúa entre 0 y 10 según si las frases no le describen en absoluto o le describen perfectamente. La primera frase plantea si prefiere las conversaciones entre personas que tienen opiniones muy diferentes sobre un tema; la segunda si se siente incómodo cuando la gente discute acaloradamente para defender su punto de vista; mientras que la tercera indaga en si prefiere pedir consejo a personas que comparten sus mismas ideas67. De este modo, podemos obtener una fotografía que enfoca diferentes aspectos de la aversión al conflicto, reflejando varios rasgos de esta actitud.

En base a estas tres escalas, podemos establecer tres indicadores sobre el grado de aversión al conflicto en relación a las conversaciones, las discusiones y pedir consejo, cuyas distribuciones se plasman en el gráfico 5.368. Como vemos, la máxima aversión radica en las preferencias hacia pedir consejo a personas con opiniones diferentes, donde un 59,3 por ciento se muestra reacio, un 26,1 por ciento se sitúa en el punto medio y tan solo un 14,5 por ciento no muestra inconvenientes (media de 6,37). Esta mayor aversión puede tener relación con el hecho de que este tipo de comportamiento se relaciona con aspectos del ámbito íntimo o personal. En relación a las discusiones la aversión es algo menor, un 55 por ciento de la gente puntúa entre 6 y 10 en la escala (la media se sitúa en el 5,87). En cambio, en cuanto a las conversaciones la mayoría de la gente no siente aversión (la media es de 4,59).

Gráfico 5.3.   Distribución de los indicadores de aversión al conflicto en conversaciones, discusiones y al pedir consejo

N = 2.238, 2.332, 2.279.

Fuente: CIS 2860.

En conjunto, por tanto, en este apartado utilizaremos 8 ítems del cuestionario: la pregunta utilizada en Stealth Democracy para medir aversión (el grado de incomodidad ante las discusiones políticas), los cuatro ítems que miden la frecuencia de las conversaciones con personas que piensan diferente y los tres ítems que miden aversión en conversaciones, discusiones y a la hora de pedir consejo. Para comprobar que todas estas variables están midiendo realmente aversión (o al menos algo parecido), calculamos las correlaciones entre ellas y, efectivamente, todas correlacionan positivamente y de manera estadísticamente significativa.

Los ítems referidos a la frecuencia de las conversaciones sobre diferentes temas correlacionan bastante entre sí (correlaciones entre 0,40 y 0,66), arrojando un alfa de Cronbach de 0,83. Es decir, quienes suelen hablar con gente de ideas contrarias en un tema, también frecuentan estas conversaciones en los demás asuntos, y viceversa. En cambio, las correlaciones de estos ítems con el grado de incomodidad ante las discusiones son muy bajas (inferiores a 0,1) y moderadas con los otros ítems de aversión (entre 0,12 y 0,37). En resumen, esta batería no está midiendo exactamente aversión, como sospechábamos, pero sí nos proporciona información oportuna y muy relacionada sobre la heterogeneidad de las redes habituales de la ciudadanía.

Los 4 ítems referidos a la frecuencia de las conversaciones con personas de ideas diferentes constituyen una batería de preguntas cohesionada, con un alfa de Cronbach de 0,83. Mediante un análisis factorial, todos los ítems se agrupan en un único componente, con cargas elevadas en la misma dirección, y construyendo un indicador único que explica el 65,71 por ciento de la varianza. Utilizaremos la variable resultante, que llamaremos heterogeneidad de las redes sociales, para medir la relación entre la frecuencia de las conversaciones con las preferencias hacia procesos más o menos participativos69.

Considerados en su conjunto, estos 8 ítems proporcionan información muy completa sobre la aversión al conflicto y el contexto de las relaciones sociales de la gente entrevistada. Al realizar un análisis factorial las variables se agrupan de una forma bastante coherente, con los cuatro ítems referentes a la frecuencia de las conversaciones con gente que piensa de forma distinta cargando en el primer factor y el resto en el segundo (excepto el ítem que mide la aversión en conversaciones, que carga en ambos factores). No obstante, la escala resultante no resulta fiable, con un alfa de Cronbach extremadamente bajo (0,02)70. En consecuencia, el análisis de la relación entre estos ítems con las preferencias hacia los procesos políticos se realiza de forma desagregada en la próxima sección.

5.4.   La aversión al conflicto como inhibidora de participación

¿Qué relación hay entre la aversión al conflicto y las preferencias hacia procesos más participativos o representativos? ¿Es cierto, como afirman Hibbing y Theiss-Morse, que la aversión al conflicto es un factor determinante a la hora de estructurar las preferencias hacia los procesos políticos?

Si fuera así, la relación entre la aversión y la escala de preferencias políticas debería ser elevada. Los datos muestran que en todos los casos la correlación es positiva; es decir, que a mayor aversión, mayores preferencias hacia procesos donde sean los políticos quienes tomen las decisiones. No obstante, la mayoría de las correlaciones no son estadísticamente significativas. Las dos correlaciones que sí lo son, la aversión a las conversaciones y la aversión a las discusiones, son extremadamente débiles (0,05 y 0,03, respectivamente), por lo que no se puede considerar que haya una relación clara (y mucho menos que la aversión sea un factor explicativo decisivo). Respecto al ítem que utilizaban Hibbing y Theiss-Morse como determinante en su estudio (la aversión a las discusiones políticas), en el caso español muestra una desconexión con las preferencias hacia procesos más o menos participativos71.

Tras observar el comportamiento de estas variables y su débil relación con las escalas de preferencias de procesos más o menos participativos, cabe preguntarnos qué papel juega en realidad la aversión al conflicto en la explicación del apoyo al modelo de democracia sigilosa: las correlaciones entre el índice que proponen estos autores para medir el apoyo a la democracia sigilosa con cada una de las variables utilizadas para medir la aversión al conflicto resultan muy débiles (entre 0,00 y 0,06), con la excepción de la aversión a las discusiones sobre política (0,14), que sí es estadísticamente significativa para p < 0,01. De nuevo, si según estos autores la aversión al conflicto es una condición suficiente para desear una democracia sigilosa, esa correlación debería ser mucho mayor.

Lo que hay detrás de la debilidad en la relación entre aversión al conflicto y apoyo a la democracia sigilosa se puede ver con el siguiente análisis, diferenciando entre quienes muestran máxima y mínima aversión en algunos ítems. Si nos fijamos en quienes se sienten más incómodos cuando la gente discute acaloradamente de política —es decir, quienes contestan «muy de acuerdo»—, observamos que un 90,9 por ciento puntúa en los valores más altos del índice de apoyo a la democracia sigilosa (puntuaciones de 2 y 3). En contraste, entre los menos incómodos ante las discusiones —quienes contestan «muy en desacuerdo»—, un 79,6 por ciento también se ubica en las puntuaciones más altas del índice de democracia sigilosa72. En resumen, observamos cierta relación entre la aversión al conflicto y la preferencia hacia los procesos democráticos (a mayor aversión, más apoyo tanto a procesos donde los políticos tomen las decisiones como al índice de democracia sigilosa de Hibbing y Theiss-Morse), pero esta relación es muy débil. La aversión al conflicto influye, pero cuenta poco a la hora de estructurar las preferencias hacia los procesos de toma de decisiones.

Ahora bien, si la aversión al conflicto no tiene una influencia fundamental sobre las preferencias hacia los procesos más o menos participativos, ¿tampoco la tiene hacia la participación efectiva? En otras palabras, ¿las personas que expresan una mayor aversión al conflicto son menos participativas, independientemente del tipo de proceso democrático que prefieran? Las correlaciones entre estas variables de aversión al conflicto con las variables referentes a la participación que vimos en el capítulo 4 (asociacionismo, nivel de participación y satisfacción con la participación) muestran que, en efecto, existe una relación estadísticamente significativa entre la gran mayoría. La gente que tiene mayor aversión al conflicto está menos asociada, participa menos y, entre quienes han participado, muestran mayor insatisfacción con la participación73. Estas correlaciones son más elevadas cuando nos fijamos en el indicador construido a partir de los ítems que miden la frecuencia de las conversaciones con gente de opiniones diferentes (van de 0,26 a 0,41). En contraste, el indicador que mide la aversión a la hora de pedir consejo a personas con opiniones distintas no correlaciona con la participación.

Estos resultados nos indican que la aversión al conflicto es una actitud a tener en cuenta en los análisis sobre participación ciudadana. No obstante, su efecto —al menos en España— no es muy grande en las preferencias hacia procesos más o menos participativos. En cambio, influye en un grado mayor en cuanto desmotivadora de la participación efectiva. En otras palabras, la aversión al conflicto conlleva una menor participación política real, pero no una preferencia hacia procesos donde sean los políticos y no la ciudadanía quienes tomen las decisiones.

5.5.   Conclusiones

En este capítulo hemos profundizado en dos aspectos centrales para explicar las preferencias hacia los procesos políticos, como son la percepción de que existe consenso político en la sociedad y la aversión al conflicto. La motivación original para analizar la influencia de estos factores radicaba en la importancia que Hibbing y Theiss-Morse les atribuían para determinar las preferencias hacia los procesos políticos. La percepción de que no existe ninguna disputa política o el rechazo a verse implicado representarían puntos de partida suficientes para que se opte por procesos donde no haya participación ciudadana, ya sea por innecesaria o indeseada. Sin embargo, los resultados obtenidos ponen en cuestión la centralidad de estos factores.

A nivel teórico, este capítulo arroja dos conclusiones notables. Primero, tal y como postulaban Hibbing y Theiss-Morse, y como también sugieren investigaciones recientes sobre las «acciones correctivas» (Rojas, 2010), hemos constatado que la percepción de un consenso ideológico orienta las preferencias hacia procesos políticos del lado representativo. Esta relación no surge solo en relación a los procesos genéricos, sino también se extiende a las preferencias sobre cómo se deberían tomar las decisiones sobre el aborto, la inmigración y la economía. En cambio, quienes perciben que el público español es «hostil» a su ideología prefieren en mayor medida que sea la ciudadanía quien tome las decisiones.

El segundo hallazgo con notables implicaciones está relacionado con la aversión al conflicto. Si bien Hibbing y Theiss-Morse la consideran como un elemento central para preferir procesos políticos donde la ciudadanía no tenga que participar, en el caso español hemos comprobado que esta relación es muy débil. Aunque, en general, las personas que muestran niveles más elevados de aversión tienden a preferir procesos que impliquen una menor participación, esta relación es mínima y en varios casos poco consistente. Hemos comprobado que la aversión al conflicto está más relacionada con la actividad participativa que con las preferencias hacia unos procesos más o menos participativos. Estos hallazgos podrían estar relacionados con la mayor aversión al conflicto en España que en Estados Unidos, y deberían ser analizados en mayor profundidad en futuras investigaciones sobre las preferencias y comportamientos políticos de los españoles.

En síntesis, en este capítulo hemos comprobado que, efectivamente, la percepción del consenso y la aversión al conflicto juegan un papel desde dos puntos de vista opuestos (la visión del acuerdo y de la confrontación) pero, a la vez, su papel es limitado y —en consecuencia— no podemos considerar estos factores como elementos suficientes para configurar esas preferencias.

Metodológicamente, este capítulo sugiere que el cuestionario del estudio 2860 del CIS ofrece la posibilidad de analizar en profundidad la aversión al conflicto, teniendo en cuenta tanto factores psicológicos individuales como elementos contextuales asociados a las redes sociales. En base a estos indicadores de aversión al conflicto, hemos comprobado que, si bien esta influye de forma modesta sobre las preferencias políticas (unos ítems más que otros), afecta en mayor grado a la participación (tal y como sugiere la literatura).

6.   Procesos y confianza política: ¿quiénes deben ser virtuosos?
Clemente Navarro

En buena medida, las conclusiones de Hibbing y Theiss-Morse sobre la preferencia por la democracia sigilosa entre la ciudadanía norteamericana surgen de dos paradojas. La primera, que no formulan explícitamente, es: ¿por qué habría de preferir un modelo representativo, como es la Stealth Democracy, una ciudadanía que no confía en sus representantes? Según Hibbing y Theiss-Morse (2002), porque la ciudadanía tampoco siente interés, ni se fía mucho del resto de la población. Segunda paradoja: entonces, ¿por qué la mayoría se sitúa más cerca del polo participativo en la escala de procesos políticos? Según estos autores, porque en realidad lo que desea la ciudadanía norteamericana no es la implicación en costosos procesos participativos con gente poco capacitada y desinteresada, sino que existan políticos diferentes, más capacitados, profesionales y, especialmente, honestos. Estas paradojas, que suponen buena parte del atractivo del trabajo, se resuelven, por un lado, porque existe tanto una desconfianza institucional como social y, por otro, porque la ciudadanía no desea participar más, sino más bien que existan mejores representantes u otro tipo de personas capacitadas para decidir en los asuntos colectivos.

Pero Hibbing y Theiss-Morse (2002) no ponen en relación, al menos explícitamente, ni la confianza institucional ni la confianza social con la escala de procesos políticos. En este capítulo trataremos de hacerlo. Pero sobre todo, recogeremos y trataremos de comprobar la idea que subyace a sus argumentos: si realmente las preferencias por procesos políticos más o menos participativos dependen tanto de la confianza institucional como de la confianza social. Más concretamente, ¿qué combinación de confianza institucional y social permite explicar las preferencias de la ciudadanía sobre procesos políticos? Según estos autores, ambas desconfianzas serían la base de la Stealth Democracy y, por tanto, de procesos que no impliquen la participación directa de la ciudadanía. No obstante, pueden existir otras posibilidades, que exploraremos aquí.

En primer lugar analizaremos la visión que las personas entrevistadas tienen de los principales actores de los procesos políticos, los políticos y la ciudadanía, de una forma similar a la realizada por Hibbing y Theiss-Morse (2002: 107-114). En segundo lugar analizaremos la relación entre la valoración de los políticos y la confianza institucional, así como con otras actitudes políticas estrechamente vinculadas. En tercer lugar estudiaremos la relación entre la valoración de la ciudadanía y la confianza social. Su inclusión responde al objetivo de conocer si estas actitudes se relacionan con las valoraciones específicas que los entrevistados hacen de políticos y ciudadanía y si nos ayudan a explicar las preferencias por procesos políticos. Es por ello que, en cuarto lugar, analizaremos conjuntamente esas actitudes y valoraciones para tratar de aportar evidencias sobre este asunto, y con ello, a las paradojas que, más o menos explícitamente, formulan Hibbing y Theiss en su análisis de las preferencias de la ciudadanía por procesos políticos.

6.1.   Ciudadanía y políticos: capacidades y principios morales

Frente a otros países occidentales, y al igual que otros países del sur de Europa, la democracia española se caracteriza por bajos niveles de confianza institucional y, en especial, respecto a sus principales actores, los partidos y los políticos (Torcal, 2010). De hecho, aunque con menor frecuencia que otros asuntos, «la clase política, los partidos políticos» suelen aparecer como uno de los principales problemas citados por los entrevistados en los barómetros del CIS, normalmente después del paro, los problemas económicos y otros temas, pero destacando en algunos momentos concretos, como a mitad de los noventa, y desde 2010, donde es mencionado por alrededor de un cuarto de los entrevistados (gráfico 6.1). En todo caso, se trata de un problema de «segundo orden», mucho menos citado que otros, y que engloba, por partes iguales, tanto a la «clase política» de forma específica (falta de interés por la población, falta de sinceridad, irresponsabilidad o formación) como a problemas relacionados con la dinámica política y partidista en general (mala gestión, falta de liderazgo, bipartidismo, ley electoral, etc.). Y aunque no existe un perfil claro u homogéneo entre quienes citan este problema, destacan los varones, de edad media, que trabajan, tienen un alto nivel de estudios, interesados en la política pero con actitudes de rechazo respecto a los partidos y sus líderes (CIS, 2011). Se trata, pues, de una actitud crítica respecto a los partidos y los políticos, a los profesionales de la política.

Gráfico 6.1.   La clase política y los políticos como uno de los problemas principales de España (1985-2011) (porcentajes sobre el total de entrevistados)

Fuente: Indicadores del barómetro del CIS.

En el caso español existen evidencias de una pauta genérica de desafección institucional, un anti-partidismo cultural más allá del reactivo ligado al descontento con situaciones concretas (Montero, Gunther y Torcal, 1983), como puedan ser los dos picos que muestra el gráfico 6.1. Ahora bien, más allá del análisis de los sentimientos anti-partidistas o la valoración de los líderes de los principales partidos, o de quienes ocupan un ministerio, no es común conocer cómo caracteriza la ciudadanía española a los políticos en particular, así como los motivos concretos por los que confían o no en ellos. Y tampoco si su caracterización se aleja de la que tiene la ciudadanía sobre sí misma. Para conocer estos asuntos el cuestionario pedía que se valorara mediante seis características a políticos y ciudadanía, utilizando para ello una escala de diez puntos, donde 0 significa que no los define y 10 que los define completamente. En concreto, se valora si los políticos o la ciudadanía están informados, son inteligentes, egoístas, si están divididos, si son capaces y corruptos74. Se trata de un ejercicio similar al que desarrollan Hibbing y Theiss-Morse (2002), pero al que hemos añadido dos características que no planteaban en su estudio (capacidad y corrupción).

En el gráfico 6.2 puede apreciarse que, como era de esperar, existen bastantes diferencias en los atributos en los que destacan gobernantes y gobernados: los entrevistados consideran que los políticos están más informados y son más inteligentes que la ciudadanía, pero consideran que esta es más capaz y, sobre todo, menos egoísta, corrupta y está menos dividida que los políticos. De forma más detallada puede apreciarse que las diferencias más importantes se dan cuando se trata de características que se refieren a orientaciones normativas, como el egoísmo y la corrupción (2,6 y 2,3 puntos de diferencia, respectivamente), a las que le siguen el estar divididos o informados (1,4 y 1,8 puntos de diferencia) y, por último, el hecho de estar capacitados (0,7 puntos).

Estas pautas son similares a las que muestran Hibbing y Theiss-Morse (2002: 109-112) para el caso estadounidense. Si comparamos las cuatro características comunes, puede apreciarse que las clases políticas estadounidense y española están mejor valoradas que sus respectivas ciudadanías en su grado de información e inteligencia, mientras que sucede lo contrario respecto a su egoísmo y su grado de unidad. Sin embargo, en el caso español el juicio sobre los valores morales, sobre la ciudadanía y, especialmente, sobre los políticos, es más negativo. No obstante, en ambos casos aparece un patrón similar: los políticos están mejor valorados en las características referidas a recursos y capacidades, mientras que la ciudadanía les supera en las virtudes morales75.

Gráfico 6.2.   Valoración media de diferentes cualidades de políticos y ciudadanía en España y Estados Unidos76

Fuentes: Hibbing y Theiss-Morse (2002: 109-112) para Estados Unidos, CIS 2860 para España.

De hecho, las pautas de las respuestas parecen diferenciar, tanto para los políticos como para la ciudadanía, dos dimensiones. Por un lado, tres atributos que se refieren a las capacidades o recursos que pueden juzgarse necesarios para tomar decisiones (información, inteligencia y capacidad), y por otro lado, otros que se refieren a los principios morales, virtudes o valores que deberían orientar la acción de quienes toman decisiones en torno al bien o interés común (ni egoísmo, ni corrupción, ni división)77. Las diferencias en la percepción de políticos y ciudadanía pueden apreciarse claramente si calculamos la media para los atributos referidos a capacidades/recursos, por un lado, y a principios morales/valores, por otro. Para poder representarlo de forma más intuitiva hemos cambiado el sentido de la escala de estos últimos para que tengan una valoración positiva en la misma dirección que los recursos (esto es, valores más altos significan que políticos o ciudadanía no son egoístas, ni corruptos, ni están divididos). Las diferencias son muy claras: para los entrevistados son los políticos quienes cuentan con más recursos, aunque la diferencia sea pequeña respecto a la ciudadanía (0,6 puntos), pero en cambio carecen de algunos de los principios morales que se les presupone, con bastante diferencia respecto a la ciudadanía (2 puntos). Esto es, para los entrevistados la ciudadanía guarda cierto equilibrio en cuanto a sus principios morales y capacidades, mientras que los políticos destacan, casi únicamente, por las segundas (gráfico 6.3)78.

Gráfico 6.3.   La percepción de políticos y ciudadanía: capacidades y principios morales (medias)

Fuente: CIS 2860.

Así pues, la ciudadanía española cree que la acción de los políticos no parece orientarse hacia el «bien común», sino hacia finalidades personales (son egoístas y corruptos) y/o partidistas (están divididos), aunque posean los recursos (inteligencia e información) necesarios para la toma de decisiones políticas. Por tanto, si «los políticos» son considerados como un problema no se debe tanto a su falta de capacidades, sino más bien a sus «defectos morales», que les llevarían a tomar decisiones poco virtuosas respecto al interés general. Este resultado conecta con una investigación previa del CIS (Estudio CIS 2826, 2009), según la cual la ciudadanía española valora sobre todo la honradez de los políticos como su cualidad más importante (72 por ciento), antes que su capacidad de gestión (18 por ciento) y la cercanía a la gente (8 por ciento). Esa encuesta también revela que para el 60 por ciento de la población entrevistada «la mayoría de los políticos están en la política solo por lo que puedan sacar personalmente». En general, al igual que en el caso de Estados Unidos, la ciudadanía «ve a los políticos como inteligentes y empapados de información, pero divididos y codiciosos» (Hibbing y Theiss-Morse, 2002: 110).

6.2.   Confianza vertical: desafección institucional y desconfianza moral

Sin duda, estos sentimientos o valoraciones sobre los políticos constituyen buena parte del fenómeno de desafección o desconfianza institucional que suele presentar la ciudadanía española. En efecto, suele ser más acentuada cuando se trata de actores concretos (políticos, partidos, etc.) que de instituciones, aunque también exista bastante variación entre estas (Bonet, Martín y Montero, 2006). De hecho, en nuestro estudio la valoración media de distintas instituciones públicas en una escala de 0 a 10 no supera los cuatro puntos en ningún caso. Aunque se aprecian leves diferencias, los resultados muestran un nivel considerable de desconfianza hacia el sistema político y sus principales actores: desde el mínimo para el gobierno central (2,9 puntos) y los partidos políticos (3,0), al máximo para el poder judicial (3,7), quedando en medio la valoración para el «sistema político español en su conjunto» (3,4).

Ahora bien, ¿qué relación guarda la desconfianza institucional con la valoración de los políticos? En el gráfico 6.4 se muestran las correlaciones entre la valoración de recursos y principios morales que vimos en el apartado anterior, por un lado, con el nivel de confianza institucional, calculado como la media de las valoraciones de las cuatro instituciones antes mencionadas79. Puede apreciarse que la relación no es muy estrecha, aunque es algo superior cuando se trata de atributos morales que de capacidades. Más concretamente, la confianza institucional se relaciona con la capacidad (r=0,233), pero sobre todo con la falta de egoísmo y de corrupción (r=0,291 y 0,281, respectivamente), mientras que su relación es menor con el hecho de que los políticos estén o no divididos (r=0,086). En la falta de confianza institucional no cuenta tanto que los políticos tengan diferentes puntos de vista, porque defiendan diferentes intereses o visiones distintas del interés común, por su ideología o por su pertenencia a diferentes partidos, sino porque son incapaces y, especialmente, corruptos y egoístas80.

Existen otras actitudes estrechamente relacionadas con la confianza institucional que pueden ayudarnos a profundizar en nuestro análisis. Una de ellas es la satisfacción con la democracia, que mide el grado de adhesión a este régimen político, como una forma de legitimidad difusa que suele ser elevada en España. Otra se refiere a la eficacia política: la medida en que la ciudadanía considera que puede jugar un papel activo como actor político, ya sea porque las instituciones y actores políticos son receptivos respecto a sus intereses y demandas (eficacia política externa), o por la percepción de que se puede influir en la política (eficacia política interna). Se trata, en otros términos, de un acercamiento a la evaluación de la dimensión procedimental de la democracia desde la perspectiva de la ciudadanía (¿puedo influir?, ¿me atenderán?). Y por último, atenderemos a la valoración de la situación económica actual, que supone, aunque indirectamente, una valoración de la actuación de las autoridades públicas81. Ambas cuestiones suelen estar relacionadas, pero suponen aspectos o dimensiones diferentes de la confianza institucional que pueden variar de forma independiente (Norris, 1999)82.

Gráfico 6.4.   Correlaciones entre el nivel de confianza institucional y diversas variables sobre la valoración de los políticos

Todas las correlaciones significativas para p<0,05.

Fuente: CIS 2860.

Tal y como puede apreciarse en el gráfico 6.5, todas estas actitudes correlacionan con la valoración que la ciudadanía hace de los políticos, pero con intensidades y formas diferentes. Así, si analizamos la intensidad de la relación respecto a los valores, la más elevada corresponde con la eficacia política externa, la más estrechamente vinculada a la percepción sobre lo que cabe esperar de los políticos si se les hacen llegar demandas; a la que siguen la confianza en el sistema político y la satisfacción con la democracia, que hemos incluido como indicadores de confianza institucional a efectos comparativos con las otras actitudes. A continuación se sitúa la eficacia política interna, más relacionada con la percepción de la capacidad de influencia personal; y, por último, la evaluación de la situación económica. Si se considera la valoración de las capacidades de los políticos, la relación más intensa se da con la valoración del sistema político y la democracia, a la que sigue la eficacia externa y, más o menos por igual, la eficacia política interna y la valoración de la situación económica83.

Gráfico 6.5.   Correlaciones entre la valoración de valores y capacidades de los políticos con indicadores de confianza política

Todas las correlaciones son significativas para p<0,05.

Fuente: CIS 2860.

Así pues, la valoración de la situación política, ya sea como valoración del sistema político o como satisfacción con la democracia, se relaciona con la valoración tanto de los valores como de las capacidades de los políticos, ligeramente más en el caso de los primeros. Este patrón es especialmente claro cuando se trata de la percepción de la respuesta que se espera de los políticos (eficacia externa) o la percepción sobre la capacidad de influir políticamente (eficacia interna); y, en alguna medida, respecto a la valoración de la situación económica. En su conjunto, la relación de las actitudes políticas consideradas es más alta en relación a los valores que se les suponen a los políticos que respecto a sus capacidades, especialmente cuando se trata de la percepción que la ciudadanía tiene como actores políticos o la valoración de la situación económica. Si esta última va peor que hace un año, si cabe esperar poca receptividad por parte de los políticos o poca influencia sobre las decisiones que toman, no se debería tanto a su falta de capacidad, inteligencia o información, sino a su egoísmo, corrupción y la división existente entre ellos. La desconfianza aparece como una cuestión en la que pesan algo más los principios morales que las capacidades, se trata sobre todo de «desconfianza moral».

6.3.   Confianza horizontal: la (poco) mejor valoración de la ciudadanía

En la imagen comparada entre políticos y ciudadanía veíamos que los españoles consideran algo menos capacitados a los segundos, pero mejor pertrechados moralmente que a los primeros. Con ello hemos captado la confianza vertical, hacia los políticos, en dos dimensiones concretas (capacidades y principios morales). Pero además, también hemos visto que aunque se considera que los valores de la ciudadanía son superiores a los de los políticos, su valoración también es más bien modesta: la media de los tres rasgos considerados se sitúa en torno al 4, en una escala de 0 a 10 (gráfico 6.3).

Por tanto, aunque mejor que respecto a los políticos, tampoco existe un nivel muy amplio de confianza moral hacia el resto de la ciudadanía. Para profundizar en este asunto recurrimos a una de las formas más habituales de medición como es la confianza generalizada. Aunque existe mucho debate sobre su significado sustantivo y sobre la validez de las preguntas que suelen emplearse para medirla, cabe entenderla como una actitud genérica acerca del comportamiento que se espera de los demás (Nannestad, 2008). A este respecto, España suele destacar por unos niveles bajos de confianza generalizada frente a otros países europeos (Norris, 2002: 150), como reflejan también los entrevistados en nuestro estudio, al mostrarse escépticos respecto al comportamiento y la respuesta de los demás: ni consideran que «se puede confiar en la mayoría de la gente», ni tampoco, al contrario, que «nunca se es lo bastante prudente»84. Entre estos dos extremos, valorados en una escala de 0 a 10, la puntuación media es igual a 4,5. Lo mismo cabe decir sobre sus expectativas sobre la honestidad de la mayoría de la gente: la puntuación media entre los extremos de considerar que la mayoría de la gente se aprovecharía o sería honrada es igual a 4,6. Las respuestas a estas dos preguntas, que medirían la confianza generalizada, muestran una relación estrecha y estadísticamente significativa (r=0,597)85.

No obstante, el indicador de confianza generalizada no correlaciona con los principios morales atribuidos a la ciudadanía (r=0,032, no significativa) y solo lo hace débilmente con sus capacidades (r=0,138). Si se consideran los dos indicadores de confianza generaliza por separado, la buena valoración moral de la ciudadanía se relaciona con la creencia sobre la honradez de la mayoría de la gente (r=0,161), pero no con el hecho de confiar en ella (0,001, no significativa) (gráfico 6.6). Pareciera, pues, que de existir relación entre valoraciones y confianza generalizada, esta se debe, sobre todo, a su componente moral, a la «honradez», más que a una apreciación genérica de confianza en los demás.

Gráfico 6.6.   Correlaciones entre la valoración de valores y capacidades de la ciudadanía con diversos indicadores de confianza interpersonal

La correlación de los valores de la ciudadanía no es significativa ni para el indicador de confianza generalizada, ni para el de confianza en la mayoría de la gente.

Fuente: CIS 2860.

Así pues, existe una «brecha moral» tanto entre políticos y ciudadanía como entre los entrevistados y los «otros» como el público corriente. Aunque consideren que el público corriente es algo menos egoísta y corrupto que los políticos, no son muy propensos a confiar en los demás, ni consideran que la mayoría de la gente sea honrada86. Esta percepción desfavorable también parece reflejarse en las opiniones sobre las razones que pueden hacer que la ciudadanía no participe políticamente. Para la mayoría, «a la gente le falta tiempo para dedicarse a tomar decisiones sobre asuntos políticos importantes» o tiene «poca información sobre política» como para hacerlo, pero también se considera que a «la mayoría de la gente no le interesa la política» (tabla 6.1). De estos resultados podría deducirse que para la ciudadanía, a pesar de su valoración de los políticos, estos resultan necesarios como «profesionales de la política»: si a la mayoría de la gente no le interesa la política y es tan poco de fiar como los políticos, al menos estos últimos están más capacitados para tomar decisiones, tienen los recursos necesarios para ello (por ejemplo, información y tiempo).

Tabla 6.1.   Razones por las que se considera que la gente no se involucra políticamente (porcentajes sobre el total de respuestas)

Fuente: CIS 2860.

En esta línea, según el estudio CIS 2661 (2005), de entre las razones dadas por los entrevistados para no haber participado políticamente, la más importante era la de «no haber tenido ningún problema» (cerca del 43 por ciento), casi el doble que quienes declararon no haberlo hecho porque no les interesaba la política. Es decir, la esfera política no es solo un espacio en el que discutir sobre el interés común, sino que también se percibe como un ámbito en donde dirimir y resolver «asuntos privados». De hecho, después de donar dinero a una asociación o formar parte de alguna de ellas, el comportamiento político no electoral más extendido es el contacto con una autoridad pública (Navarro, Cuesta y Font, 2009), que, como otras evidencias muestran, suele ser un «contacto particularizado», sobre asuntos privados cuya gratificación es más bien material que cívica (Verba, Schlozman y Brady, 1995).

6.4.   Procesos políticos, confianza y dilemas morales

Tal y como señalábamos al inicio, el examen de las actitudes de la ciudadanía hacia los políticos y hacia sí misma, junto a la preferencia mayoritaria por procesos participativos, suponía una paradoja: «La gente cree que la ciudadanía americana tiene poca información política, pero esto no erosiona su deseo de conceder más poder a esa gente poco informada» (Hibbing y Theiss-Morse, 2002: 110). Quizás la clave sea que no se trata solo de una cuestión de capacidades, sino de desconfianza moral, tanto hacia los políticos como hacia la propia ciudadanía.

Así, cabría esperar que las preferencias sobre procesos políticos dependan de cierta combinación entre desconfianza vertical y confianza horizontal y, en particular, de los dilemas morales que plantean. En sus lógicas extremas, quienes no se fiarían de los políticos, pero sí de la ciudadanía en general, preferirían procesos participativos. Al contrario, se preferirán procesos representativos cuando se confía más en los políticos que en la ciudadanía. Pero también cabría pensar que incluso cuando no exista ni dilema institucional ni dilema cívico se prefieran procesos representativos: «como me fío de los ciudadanos y de los políticos, ¿por qué no confiar en que estos últimos tomarán buenas decisiones?». El patrón que sugiere la lectura de Stealth Democracy apuntaría, en cambio, a quienes desconfían de los dos actores pero se decantan por procesos representativos, pues los políticos tienen más recursos y competencias.

Para analizar esta cuestión hemos realizado distintos modelos de regresión utilizando la escala de procesos políticos como variable dependiente. El primer modelo incluye únicamente las variables de control utilizadas en capítulos previos. El segundo añade los índices de confianza institucional y confianza generalizada, comunes a los de otros estudios. El tercero, en cambio, incluye la valoración de políticos y ciudadanía en cuanto a sus capacidades y principios morales. El cuarto y último modelo considera tanto estos últimos indicadores como los más clásicos de confianza institucional y generalizada. Estos análisis nos servirán para conocer en qué medida la confianza se relaciona con la preferencia sobre procesos políticos, una cuestión no tratada por Hibbing y Theiss-Morse (2002). Pero además, podremos comprobar qué aporta la valoración específica de cualidades de políticos y ciudadanía frente a otras medidas tradicionales de confianza (tabla 6.2).

Como era de esperar, la confianza vertical se relaciona con la preferencia por procesos representativos, sin que en ello intervengan la confianza horizontal o generalizada87. Pero el impacto de las valoraciones específicas de políticos y ciudadanía muestra que además de la confianza en los políticos, ya sea por sus capacidades o sus orientaciones normativas, también cuenta la valoración moral de la ciudadanía. Ahora bien, en sentido contrario a la de los políticos: quienes creen que la ciudadanía no tiende a ser egoísta, a estar dividida o ser corrupta preferiría que existiesen procesos más participativos, con cierta independencia de las capacidades que se atribuyan a la ciudadanía. Pareciera que quienes apoyan procesos representativos confían en los políticos, pero no en la ciudadanía; y al contrario quienes apoyarían procesos más participativos.

Estos resultados mostrarían que las preferencias por procesos políticos son el resultado de cierta combinación de confianza vertical y confianza horizontal. Pero, especialmente, por la valoración que se hace de la virtud de políticos y ciudadanía: aunque su influencia sea menor que la confianza institucional o las capacidades que se asignan a los políticos, resulta notorio que sus signos sean opuestos. No se trata, pues, solo de capacidades, sino de dilemas morales ante la virtud —o su ausencia— entre políticos y ciudadanía; uno de índole institucional (el primero) y otro de carácter cívico (el segundo). Para indagar en esto último más claramente hemos elaborado una tipología cruzando las opiniones que muestra la ciudadanía en nuestras escalas de principios morales, tomando como referencia el valor medio obtenido en las escalas utilizadas para medir estas opiniones. En concreto, hemos definido cuatro tipos: 1) Quienes no parecen enfrentar ni el dilema institucional ni el cívico (valoran por encima de la media a políticos y ciudadanía, y suponen el 30,9 por ciento de la población entrevistada); 2) Quienes parecen enfrentar ambos dilemas porque valoran negativamente a esos dos actores (25,6 por ciento); 3) Quienes enfrentan únicamente el dilema institucional, porque valoran positivamente a la ciudadanía, pero negativamente a los políticos (23,7 por ciento); y 4) El 19,8 por ciento restante que enfrenta el dilema cívico, al fiarse de los políticos y valorar negativamente a la ciudadanía.

Tabla 6.2.   Modelos de regresión para analizar el papel de las confianzas en las preferencias por procesos políticos

En negrilla coeficientes significativos para p < 0,05.

Fuente: CIS 2860.

¿Cuál es la preferencia sobre procesos políticos para estos cuatro grupos? Con este fin hemos elaborado la tabla 6.3. La tendencia hacia el polo participativo en nuestra escala de procesos es más marcada para quienes solo enfrentan el dilema institucional (media = 3,9), mientras que el resto destaca por una orientación más cercana a procesos representativos, en especial quienes solo enfrentan el dilema cívico (confían en los políticos, pero no en la ciudadanía)88. Dicho de otra forma, la preferencia participativa es mayor entre quienes desconfían de las virtudes de los políticos, pero confían en las de la ciudadanía, mientras que la preferencia más representativa se da especialmente entre quienes, al contrario, desconfían de la ciudadanía, pero no de los políticos.

Tabla 6.3. Dilemas morales y preferencias sobre procesos políticos

* Casos válidos en el análisis: n=2.288.

Fuente: CIS 2860.

6.5.   Conclusiones

En este capítulo hemos analizado la valoración que las personas entrevistadas realizan sobre políticos y ciudadanía partiendo de la hipótesis de que en ellas se puede encontrar buena parte de la explicación sobre los procesos políticos que desean. Para ello, además, hemos considerado la relación de esas valoraciones con otros indicadores comúnmente utilizados para analizar la confianza hacia las instituciones y actores políticos (a lo que hemos denominado confianza vertical), así como respecto a la ciudadanía (o confianza horizontal). Pero también, la medida en que estos tres conjuntos de actitudes permiten explicar la preferencia por procesos más participativos o más representativos.

Respecto al primer asunto hemos podido ver valoraciones contrapuestas entre políticos y ciudadanía: los primeros son más capaces, pero menos honrados que los segundos, una pauta similar a la evidenciada para el caso de Estados Unidos. Respecto al segundo asunto, hemos mostrado que la confianza y otras actitudes políticas relacionadas con las instituciones y actores políticos se relacionan en mayor medida con la honestidad de los políticos que con sus capacidades, siendo menos evidente la relación entre confianza generalizada y la valoración de la ciudadanía, y en todo caso, más intensa para las capacidades que para los valores. Por último, mediante análisis de regresión, hemos podido constatar que, con independencia de las actitudes socio-políticas consideradas y la influencia que cabría esperar sobre la escala de procesos políticos, la valoración de ciudadanía y políticas también aporta alguna explicación al respecto, a saber: una menor valoración de políticos supone más apoyo al polo representativo, mientras que una mejor valoración de la ciudadanía, y en particular sus rasgos morales, lo supone respecto al polo participativo.

En su conjunto, parece que la ciudadanía proyecta un doble dilema de naturaleza moral respecto a quién confiar la toma de decisiones. Por un lado, los políticos podrían tomar decisiones adecuadas porque tienen capacidades para ello, pero sus principios morales no les orientan hacia el «bien común», sino hacia sus intereses personales o partidistas. Se trata, por tanto, de lo que podríamos denominar un dilema moral de corte institucional. Por otro lado, aunque exista una valoración moral un poco más favorable de la ciudadanía, también está extendido cierto escepticismo al respecto, a lo que también apuntan los bajos niveles de confianza generalizada o la falta de interés por la política; a lo que se une la falta de disponibilidad de los recursos importantes para ello: tiempo e información. En este caso se trataría, pues, de un dilema moral de corte cívico: la creencia de que la ciudadanía no puede, ni tampoco quiere, involucrarse en las decisiones políticas. Es en la combinación de estos dos dilemas donde se articulan algunas de las razones que subyacen a la existencia de distintas preferencias por procesos políticos en la escala participativa-representativa. Nuestro análisis apunta que el apoyo al primer polo se produce cuando los ciudadanos que desconfían moralmente de los políticos al mismo tiempo confían en sus conciudadanos. Cuando esta última no se da, el apoyo revierte en el polo representativo, pero, especialmente, cuando se confía en las capacidades morales de los políticos.

Así pues, nuestro trabajo muestra que, tal y como indicaran Hibbing y Theiss-Morse, las preferencias por procesos políticos pueden encontrar cierta explicación en la conjunción de actitudes hacia políticos y ciudadanos. Ahora bien, estas aportan cierta explicación a la que ya hacen otras actitudes socio-políticas sobre la confianza política y social. Queda por indagar con más detalle qué combinación de esas actitudes, en qué contexto e, incluso, para qué temas, dan cuenta de las condiciones más —o menos— favorables para el apoyo a la «democracia sigilosa».

7.   Conclusiones
Joan Font y Clemente Navarro

En estas conclusiones vamos a retomar de forma explícita las principales preguntas que hemos puesto encima de la mesa en la introducción. Siguiendo la lógica de este texto, las dividiremos en tres grandes partes. Empezaremos con aquellos interrogantes vinculados a la descripción de los procesos políticos deseados por la ciudadanía. Seguiremos con los factores explicativos de esas preferencias y con algunas reflexiones metodológicas sobre lo que hemos aprendido sobre indicadores, incluyendo la utilidad y los límites de las preguntas más innovadoras del cuestionario en que se basa este estudio. Terminaremos con unas breves reflexiones sobre las implicaciones más generales de las conclusiones de este estudio en el ámbito de estudio de las actitudes y comportamientos políticos.

7.1.   Los procesos políticos deseados

• ¿Qué tipo de procesos políticos desea la ciudadanía?

Los españoles desean unos procesos políticos donde la intervención ciudadana sea claramente superior a la actualmente existente. Sin embargo, también es cierto que la mayoría de la población sostiene posturas moderadas al respecto, es decir, que desea que se combinen en diversos grados el protagonismo de los representantes políticos y la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones. Esta moderación y relativo equilibrio no solo se aprecia en las respuestas a la escala de procesos, sino también en las medias relativamente similares que obtenemos al evaluar distintos procedimientos de toma de decisiones y en la apreciación de las consecuencias positivas y negativas que conllevaba mayor intervención ciudadana en los procesos políticos. En todo caso, esta moderación no está reñida con el hecho de que la demanda de procesos participativos sea comparativamente elevada (al menos, respecto al caso norteamericano).

• ¿Los mismos procesos para todo?

La ciudadanía presenta unas actitudes generales hacia el tipo de procesos participativos deseados, aunque introduce variaciones significativas en función de los distintos asuntos y ámbitos territoriales, de manera que la intensidad con la que se expresa una demanda de participación no es la misma para todo. Cuando los temas y ámbitos territoriales son más cercanos, por distancia física o referencia a la esfera privada/moral (como son el ámbito municipal y el aborto), es mayor la preferencia por procesos participativos. En cambio, cuando estos ámbitos y temas están más alejados, son complejos y carecen de ese componente personal (el ámbito europeo y los temas de inmigración y situación económica), las preferencias expresan un mayor grado de moderación en la demanda participativa. Por tanto, existe una preferencia participativa común, pero que se acentúa o se modera según el ámbito y objeto sobre el que deben tomarse decisiones políticas.

• ¿Son las preferencias unidimensionales?

No. Las personas entrevistadas nos muestran un debate más complejo, que no puede reducirse únicamente a representación versus participación. Por ejemplo, en el caso español hemos identificado otra dimensión que tiene que ver con el protagonismo que se quiere conceder en el proceso de toma de decisiones a personas que se perciben como competentes, pero carentes de mandato político, como pueden ser los expertos, empresarios exitosos o esas figuras políticas a las que actualmente se está denominando «tecnócratas». El apoyo a este «gobierno de los mejores» es particularmente elevado en España (respecto a los Estados Unidos y Finlandia) y el estudio de las bases y lógicas de su apoyo constituye un tema sobre el que va a ser necesario seguir trabajando y reflexionando. Pero el apoyo del que también goza ese modelo de proceso decisional no implica, en absoluto, la demostración de que la ciudadanía no quiere participación, sino una demostración de que los debates sobre cuánta participación, cuánta representación o cuánta «expertise» se quiere incorporar a los procesos decisionales no pueden reducirse a un simple juego de suma cero entre dos conceptos.

• ¿Quiénes defienden cada modelo?

Como es de esperar en esta lógica multidimensional, las bases sociales y políticas del apoyo a cada modelo sufren ciertas variaciones según los indicadores utilizados. Pero hay algunos rasgos comunes entre quienes apoyan soluciones más participativas, tanto a nivel sociológico (más jóvenes, habitantes de municipios de 50.000-100.000 habitantes y con mayor nivel de estudios) como político (de izquierdas y votantes de IU u otros partidos pequeños). En gran medida, se trata del colectivo que suele encontrarse tras el apoyo a lo que se ha llamado cultura «postmaterialista» (Inglehart, 2008) o «nueva cultura política» (Clark y Navarro, 2007). Por el contrario, el mayor apoyo al índice de democracia sigilosa se da entre las personas sin estudios y los votantes de derechas, pero también en esas mismas ciudades intermedias, de manera que en ellas se plasmaría más claramente que en ningún otro colectivo esa posibilidad de apoyar simultáneamente las apuestas más participativas y las más basadas en el recurso a los expertos.

7.2.   Los factores explicativos de estas preferencias

• Consenso y aversión al conflicto, ¿tan importantes como en Stealth Democracy?

Hemos constatado que, también en España, la percepción de consenso ideológico (entendido como la creencia de que la mayoría comparte las posturas propias) orienta las preferencias por procesos políticos del lado representativo. En cambio, quienes perciben que el público español es contrario a su ideología prefieren en mayor medida que sea la ciudadanía quien tome las decisiones políticas. Ambas tendencias se producen tanto para la escala global como para las referentes a asuntos concretos. Esta relación es mucho menos clara en lo que respecta a la aversión al conflicto: aunque las personas que muestran niveles más elevados de aversión tienden a preferir procesos que impliquen una menor participación, esta relación es poco intensa y en algún caso poco consistente. La aversión al conflicto en España es bastante mayor que en Estados Unidos y las potenciales consecuencias de esta característica de la cultura política española, que hasta ahora no había sido analizada, deberían ser examinadas en futuras investigaciones sobre actitudes y comportamientos políticos.

• Otros factores explicativos: actitudes, públicos temáticos y participación

En el análisis del papel de las actitudes hacia diferentes asuntos hemos constatado que los públicos temáticos (issue publics) pueden definirse con mayor precisión en base al extremismo de las actitudes que a partir de la importancia otorgada a tales actitudes. O, cuando menos, que el extremismo de las actitudes es más relevante que la importancia percibida para entender las preferencias respecto a los procesos políticos deseados. Claramente, quienes muestran puntos de vista extremos sobre los temas analizados prefieren que sea la ciudadanía quien tome las decisiones. Esto supone que el extremismo de las actitudes no solo es relevante para conocer patrones de polarización sociopolítica (el «policy space»), sino que también es un factor explicativo de las preferencias de la ciudadanía por procesos más o menos participativos (el «process space»). Por su parte, el nivel de actividad participativa guarda relación, aunque débil, con una mayor preferencia por procesos políticos donde la ciudadanía tome las decisiones, lo que sucede especialmente cuando se considera el ámbito municipal. Pero en general, lo que se experimenta en el ámbito participativo no parece ser una explicación importante respecto a lo que se desea que puedan hacer los demás: ser participativo no parece implicar el deseo de procesos más participativos.

• ¿La confianza institucional y la confianza social influyen en las preferencias sobre procesos políticos?

Claramente, sí. Hibbing y Theiss-Morse (2002) parecen estar en lo cierto cuando sugieren que la combinación de desconfianza institucional y desconfianza social es la base de la demanda de procesos de corte no participativo y, en particular, del apoyo a su modelo de Stealth Democracy. Nosotros lo hemos confirmado mediante al análisis de la encuesta y complementariamente hemos añadido dos cuestiones. Primera, hemos mostrado las bases actitudinales de la demanda participativa, que se nutre de la combinación entre desconfianza institucional y confianza social: la ciudadanía que desea procesos más participativos no es únicamente crítica con los políticos, sino que además confía en la ciudadanía. Segunda, demostramos que no se trata solo de desconfianza o falta de apoyo al sistema político y sus actores, o respecto al resto de la ciudadanía en general, sino que también cuenta la evaluación de las competencias morales de ambos. Dicho de otra forma, las preferencias sobre los procesos políticos dependen del dilema o los dilemas morales que enfrenta la ciudadanía: no se trata solo de la honradez de los políticos, sino también de la de la ciudadanía. En su conjunto, nuestros análisis corroboran la contribución de que la combinación de confianza institucional y social ayuda a explicar qué procesos políticos quieren los españoles, pero también que la cuestión es algo más compleja. Por ejemplo, no hemos analizado aquí qué combinaciones de confianzas estarían en la base del apoyo a otros posibles modelos (por ejemplo, uno de tipo tecnocrático, como el que sugieren que existe los análisis de dimensionalidad del capítulo 2), pero sería razonable esperar que las distintas confianzas influyeran también en su explicación.

7.3.   Reflexiones metodológicas

• ¿Funcionan en España los indicadores originales de Stealth Democracy?

Los análisis efectuados a lo largo de este texto muestran que la escala de procesos políticos es una interesante aportación metodológica de Hibbing y Theiss-Morse (2002). Aunque esta pregunta reduzca la polaridad a la confrontación representación-participación, supone un instrumento que de forma eficiente (con una sola pregunta, que tiene un muy limitado nivel de no respuesta) captura muy bien las posiciones en ese debate. Al mismo tiempo, es una pregunta fácilmente adaptable, que se puede aplicar a diversas temáticas y ámbitos territoriales, mostrando en algunos casos una variabilidad y coherencia en los resultados que refuerza ese mensaje de validez y utilidad. La misma lógica de oposición bipolar que enfrenta diferentes modelos podría ser extendida a otras de las potenciales dimensiones apuntadas aquí (por ejemplo, oponiendo participación a expertos), como se ha hecho por ejemplo en el Finish Election Study de 2011 (Bengtsson, 2011). Esto no implica que esta escala suponga una medida perfecta de este debate: en cuestionarios dedicados monográficamente a este tema sería deseable seguir introduciendo otros indicadores que nos ayuden a matizar las posturas ciudadanas al respecto, pero la escala sintetiza en un único indicador buena parte del debate, mostrando una fuerte asociación con todas las demás preguntas sobre el tema. Por el contrario, las preguntas que componen el índice de apoyo a la democracia sigilosa están capturando dos dimensiones diferentes que difícilmente pueden combinarse, al menos con los datos españoles. Los indicadores originales de apoyo a soluciones tecnocráticas de gobierno que utilizaban Hibbing y Theiss-Morse (2002) sí pueden ser útiles, sin embargo, como indicadores del apoyo a este modelo de toma de decisiones, como corrobora su clara asociación con las otras preguntas disponibles sobre esta temática.

Más allá del funcionamiento de indicadores concretos, este texto ha dado importantes pasos que permiten ir más allá en esta agenda de investigación, tanto al enriquecer la medida de las preferencias ciudadanas sobre el tema, al incorporar nuevas y relevantes variables explicativas y al fundamentar de manera más sistemática las decisiones metodológicas adoptadas.

• ¿Es cierto que algunas preguntas tradicionales sobredimensionan la demanda social de participación?

Aunque no hemos realizado un análisis exhaustivo de este tema, los resultados apuntan más bien a una respuesta afirmativa. Quizás no compartimos muchas de las conclusiones de Hibbing y Theiss-Morse (2002), pero este punto de partida parece verosímil: en el contexto inmediatamente anterior al estallido de las movilizaciones del 15-M, con la fuerte demanda de espacios participativos que ha incorporado, la sociedad española parecería ser más prudente respecto a los espacios participativos de lo que había manifestado unos años antes. Sea por la formulación concreta de las preguntas y categorías de respuesta o como resultado de un efecto cuestionario que visibiliza en mayor o menor grado los potenciales límites de la participación, el mensaje global que se desprende de esta encuesta es más matizado que el del estudio 2588 de 2005. Asimismo, la tendencia a expresar valoraciones por encima de la media en todas las preguntas sobre propuestas concretas (p14 y p31, especialmente) debe servir para interpretar con prudencia resultados anteriores basados en un único ítem de ese tipo, como los del estudio del ISSP de 2004.

• ¿Cuáles de las nuevas preguntas resultan especialmente interesantes?

Seguramente el CIS no puede permitirse hacer muy a menudo diversas baterías de preguntas tematizadas (para issues diferentes en cada ítem) por el elevado consumo de tiempo de encuesta que suponen. Sin embargo, el análisis realizado aquí distinguiendo entre aborto, inmigración y economía muestra cómo cada uno de los indicadores tematizados en esta encuesta (preferencias por procesos, extremismo o importancia de las actitudes, participación, conversaciones, etc.) presenta importantes pautas diferenciales entre issues, así como importantes consistencias entre los distintos indicadores de un mismo tema. Todo ello apunta hacia el interés de realizar esta diferenciación algunas veces, tal como ya se ha hecho anteriormente para algunas actitudes (Martín, 2004) y comportamientos (Fraile, Ferrer y Martín, 2007). En caso de tener que elegir, el extremismo de las actitudes respecto a cada tema aparece como un indicador más relevante que la importancia relativa que la ciudadanía le otorga a cada uno.

Otro importante paquete de preguntas con resultados muy interesantes nos remite a las capacidades de políticos y ciudadanía. A diferencia de las preguntas tradicionales sobre confianza institucional o confianza generalizada, la valoración de políticos y ciudadanía mediante aspectos concretos permite captar matices y dimensiones específicas comunes a ambos actores. En concreto, diferencias entre recursos materiales (tiempo, información, capacidad) y principios morales (egoísmo, corrupción, estar divididos). Esta distinción presenta claros paralelismos con la que aparece con las virtudes de los líderes políticos en la arena electoral (Rico, 2009, capítulo 4). En contraste con otras mediciones clásicas de actitudes políticas, este conjunto de variables muestra que la desconfianza o desafección es sobre todo moral, permitiendo especificar la medición de este aspecto. Esto confirma la importancia de esta dimensión en la valoración de los políticos, pero también nos permite comparar entre políticos y ciudadanía, pudiendo así captar si sus respectivas evaluaciones son realmente muy diferentes. Por ejemplo, los resultados han mostrado que se diferencian más en los aspectos morales (a favor de la ciudadanía) que en cuanto a capacidades. ¿Puede esto explicar la permisividad hacia conductas poco éticas por parte de los políticos? (Anduiza, Muñoz y Gallego, 2011). No ha sido objeto de nuestro estudio, pero estas preguntas podrían ser utilizadas para indagar sobre este asunto. En su conjunto, tanto la estabilidad de las dimensiones para los dos actores, las diferencias de las puntaciones entre ellos, como la semejanza con los resultados agregados de Estados Unidos, muestran la validez de estas preguntas, que pueden ser útiles para fines que van más allá de la presente investigación89.

Finalmente, también es importante destacar que en el cuestionario hay todo un conjunto adicional de preguntas que no ha sido posible analizar aquí con detenimiento por limitaciones de espacio y tiempo, cuyo potencial no debería desdeñarse. Entre ellas podemos destacar algunas de las que hemos analizado brevemente pero que requieren de mayor explotación, como la batería de sentimientos provocados por las experiencias participativas (p30b) para cuyo análisis sugeríamos en el capítulo 4 una tipología, o algunas de las no utilizadas (apenas) en este informe, como la ubicación de los partidos en la escala de procesos políticos (especialmente en contextos donde el debate participativo hubiera sido politizado por actores políticos relevantes) o los rasgos de personalidad.

7.4.   Más allá de las preferencias sobre procesos políticos

Stealth Democracy presentaba la aparente contradicción entre una ciudadanía que aparentaba demandar mayores espacios participativos pero que realmente no parecía desearlos. Nuestro planteamiento y algunas de nuestras conclusiones son diferentes, pero no dejan de perfilar también algunas paradojas, sobre todo si se consideran desde una perspectiva comparativa. El conjunto de los resultados de este trabajo apuntan a que realmente existe una demanda de mayores espacios participativos que es incluso mayor que la de otros países occidentales. Pero ¿cómo entronca este resultado con la conclusión firmemente establecida de que la ciudadanía del sur de Europa está poco interesada e implicada en la vida política, por debajo de lo que es habitual en el resto del continente (Van Deth, Montero y Westholm, 2007)? Solo mediante nueva investigación comparada se podrán aportar respuestas concluyentes a esta aparente paradoja.

Una primera línea de reflexión al respecto es la que relaciona desconfianza institucional con apoyo a cualquier alternativa de reforma política, una idea que ya aparece en los trabajos anteriores sobre este tema (Hibbing y Theiss-Morse, 2002; Bengtsson y Mattila, 2009). También en el caso español, la desconfianza y/o el malestar con lo existente se encuentra asociada a los apoyos a la búsqueda de fórmulas alternativas de gobernación, tanto las que pretenden profundizar la democracia otorgando más voz a la ciudadanía como aquellas que quieren dar más voz a los expertos y decisionistas, sin preocuparse mucho del aval democrático de los mismos. Es imposible saber sin contar con información sobre otros momentos temporales si este elevado apoyo a fórmulas alternativas es o no el producto de un momento político y económico muy concreto, donde una grave crisis económica era ya muy visible y donde un fuerte movimiento de contestación política estaba a punto de emerger.

Otra hipótesis que podríamos avanzar aquí es que esa clara (aunque moderada) simpatía por la apertura de mayores espacios participativos existe, pero no implica que sea la prioridad política más importante en todos los contextos, ni para toda la ciudadanía. Una interpretación en esa dirección podría hacer algo menos incompatible uno de los mensajes de fondo de Stealth Democracy (no nos creamos en absoluto esa aparente demanda de participación) con lo que parece decirnos, por ejemplo, la literatura sobre el nuevo activismo político o, más concretamente, el movimiento 15-M (la existencia de otra política que incorpore mayores espacios participativos como una de las máximas prioridades, que se expresa en las maneras de actuar y organizarse). Sin duda, los resultados de este estudio se encuentran a mitad de camino entre estas perspectivas (y por tanto las desmienten a ambas en su versión más rotunda). Pero al mismo tiempo puede no ser imposible que ambas tengan parte de razón y que la amplia simpatía social que ha suscitado el movimiento 15-M englobe también esta demanda de más espacios para la intervención ciudadana, sin que esa sea la prioridad política fundamental. No solo para el conjunto de la ciudadanía, sino incluso para las personas más participativas o el amplio abanico de simpatizantes del movimiento. Esto supone que, para algunos, el carácter de sus demandas sustantivas va unido al carácter participativo de los procesos políticos, pero para otros no, incluso si se comparten esas mismas demandas. Se trata de orientaciones o preferencias sobre aspectos diferentes de la dinámica socio-política (sus contenidos y sus procesos) que conviene diferenciar y cuya relación debe seguir indagándose mediante análisis comparativo (entre diferentes sistemas políticos, sociedades o momentos en el tiempo).

Anexo

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Índice de tablas

1.1.   Guía de preguntas y aportaciones del texto y su ubicación

2.1.   Apoyo medio a la escala de procesos y al índice de democracia sigilosa según diversos sectores sociales

2.2.   Apoyo medio a tres indicadores de procesos participativos según diversos sectores sociales

2.3.   Factores que aparecen tras las variables que miden apoyo a procesos políticos

2.4.   Autoubicación y ubicación percibida de los principales partidos en escala ideológica y de procesos (media y porcentaje de no respuesta)

2.5.   Correlaciones entre las variables utilizadas en el análisis factorial

3.1.   Apoyo medio a la escala de procesos para los diferentes temas según diversos sectores sociales

3.2.   Apoyo medio a la escala de procesos para diferentes niveles territoriales y localismo participativo según diversos sectores sociales

3.3.   Las bases socio-políticas de las preferencias hacia procesos políticos más participativos

4.1.   Apoyo medio a la escala de procesos para los diferentes temas según la importancia de los temas y el extremismo de las actitudes

4.2.   Porcentaje de personas que realizaron diversas formas de participación en España

4.3.   Apoyo medio a la escala de procesos en España según diferentes variables sobre participación

4.4.   Correlaciones entre las variables sobre participación y el índice 0-3 de democracia sigilosa

5.1.   Apoyo medio a la escala de procesos en España y para los distintos temas según el consenso ideológico percibido

5.2.   Apoyo medio a la escala de procesos para los distintos temas según el consenso público temático percibido

6.1.   Razones por las que se considera que la gente no se involucra políticamente (porcentajes sobre el total de respuestas)

6.2.   Modelos de regresión para analizar el papel de las confianzas en las preferencias por procesos políticos

6.3.   Dilemas morales y preferencias sobre procesos políticos

Índice de gráficos

2.1.   Procesos políticos deseados y percibidos en España

2.2.   Apoyo a los rasgos de democracia sigilosa en España, Estados Unidos y Finlandia

2.3.   Distribución del índice de democracia sigilosa (0-3) en España, Estados Unidos y Finlandia

2.4.   Valoraciones favorables hacia distintos procesos de toma de decisión, según posición en la escala de procesos

2.5.   Consecuencias previstas de la participación

2.6.   Ubicación de los principales partidos y autoubicación de la ciudadanía según ideología y preferencias hacia los procesos de toma de decisiones.

3.1.   Preferencias medias por procesos políticos, según ámbitos territoriales y temas concretos. Medias en escala (0-10)

3.2.   Distribuciones de las puntuaciones en la escala de procesos para los diferentes niveles territoriales y temas y correlaciones con la escala de procesos

4.1.   Medias de la importancia de las actitudes (interés político general y por diferentes temas)

4.2.   Distribuciones de las medias de extremismo de las actitudes

4.3.   Valoración de la participación realizada en los últimos doce meses o con anterioridad

5.1.   Medias de la percepción de consenso ideológico y respecto a diversos temas

5.2.   Frecuencia de conversaciones con gente de ideas contrarias según diversos temas

5.3.   Distribución de los indicadores de aversión al conflicto en conversaciones, discusiones y al pedir consejo

6.1.   La clase política y los políticos como uno de los problemas principales de España (1985-2011). Porcentajes sobre el total de entrevistados

6.2.   Valoración media de diferentes cualidades de políticos y ciudadanía en España y Estados Unidos

6.3.   La percepción de políticos y ciudadanía: capacidades y principios morales (medias)

6.4.   Correlaciones entre el nivel de confianza institucional y diversas variables sobre la valoración de los políticos

6.5.   Correlaciones entre la valoración de valores y capacidades de los políticos con indicadores de confianza política

6.6.   Correlaciones entre la valoración de valores y capacidades de la ciudadanía con diversos indicadores de confianza interpersonal

Notas

1   Este documento es un primer análisis del módulo de encuesta que el CIS sacó a concurso en el año 2010 y que fue ganado por un equipo formado por Joan Font, Clemente Navarro y Magdalena Wojcieszak, al que se ha unido Pau Alarcón. En el proceso de preparación del cuestionario y en la organización del análisis del mismo ha sido fundamental la colaboración con el personal del departamento de investigación del CIS y con los entrevistadores que participaron en el pre-test (enero de 2011), que hicieron aportaciones muy valiosas. Queremos destacar especialmente la dedicación constante y el apoyo de Raquel Vélez y Mónica Méndez, que han sido decisivas en el proyecto. También Sara Pasadas y el equipo de la Unidad Técnica del IESA realizaron valiosas aportaciones al cuestionario.

2   A lo largo del texto nos referiremos al título original en inglés y, de forma indistinta, a su posible traducción española, «democracia sigilosa», para facilitar la fluidez de la exposición.

3   Además, como mostraremos en el capítulo 2, la escala que mide estas preferencias por representación o por participación se relaciona de un modo más coherente y consistente con otras preferencias y características de las personas entrevistadas, siendo así más fiable que los otros ítems que miden las preferencias de la ciudadanía en torno a este tema.

4   Es importante enfatizar que el adjetivo «extremo» se usa porque el ítem en el cuestionario que mide este factor capta el componente de extremidad de las llamadas actitudes fuertes (Krosnick et al., 1993). En la literatura psicológica, las actitudes fuertes tienen varios componentes que las definen, como la importancia, intensidad y certeza, entre otros. Extremismo, es uno de estos componentes, medido a través de doblar una escala en que personas entrevistadas indican sus actitudes hacia un tema o una persona (véase Krosnick et al., 1993; Visser et al. 2003, 2004, 2006; Wojcieszak, 2012). Este adjetivo no implica en este contexto ningún tipo de evaluaciones normativas negativas.

5   Hibbing y Theiss-Morse (2002: 54) utilizan esta lógica bidimensional, aunque también advierten que las reglas del juego para la dimensión de procesos políticos no serían las formuladas típicamente por Downs, tanto por los límites constitucionales que constriñen las reglas del juego como por un tema de credibilidad de los partidos, a quienes la ciudadanía no creería si propusieran ceder demasiados espacios de poder.

6   La pregunta dice: «Queremos saber cómo le gustaría a Vd. que se tomaran las decisiones políticas en España. En una escala de 0 a 10 donde el 0 significa que los/as ciudadanos/as corrientes como Vd. o como yo deberíamos tomar directamente todas las decisiones y el 10 que los/as políticos/as deberían tomar todas las decisiones, ¿dónde se colocaría Vd.?».

7   Aunque los datos de esta encuesta son previos a la aparición pública del movimiento 15-M, la fuerte visibilidad que este ha dado a los temas participativos no parece haber alterado radicalmente las preferencias de la ciudadanía. El estudio 1112 del IESA, una encuesta a una muestra representativa de la población adulta residente en Córdoba, replicaba la misma escala y mostraba niveles de apoyo muy similares a las posturas más participativas. La media era ligeramente más favorable a una mayor intervención ciudadana (4,2), debido sobre todo a que eran menos las personas que se posicionaban en el extremo favorable a las decisiones exclusivamente en manos de los políticos (solo un 2 por ciento elegían el 9 o el 10). Esto puede deberse tanto a características específicas de la cultura política local como a un muy ligero cambio de preferencias de la población, pero el hecho de que este sea muy limitado refuerza la idea de que la escala es un instrumento apropiado para medir una actitud realmente existente.

8   Sin embargo, no se puede descartar que una parte de esa moderación esté realmente reflejando indefinición y que el punto medio de la escala sea una manera de adoptar una postura poco comprometida ante un tema escasamente reflexionado, tal como ocurre también con las personas que eligen el punto medio en otras escalas.

9   Se trata de los 4 ítems de la pregunta 15 del cuestionario (véase el anexo).

10   Para el cálculo del índice se excluyen a las personas que no responden a alguna de las preguntas.

11   Más allá del significado discutible del índice, el indicador más habitual de medición de fiabilidad de los índices agregativos, el alfa de Cronbach, es de solo un 0,18 para las preguntas que componen este índice en el caso español, lo que queda muy lejos de los estándares aceptables habituales.

12   Los datos del caso finlandés proceden de Bengtsson y Mattila (2009).

13   La frase no es una traducción literal de la idea inglesa («what people call “compromise” in politics is really just selling out in one’s principles») que no se entendía en español, sino el equivalente más similar posible («en política se llama consenso a lo que realmente significa renunciar a los propios principios») que el equipo organizador, con el apoyo del CIS y de asesores bilingües, fue capaz de encontrar.

14   La magnitud del indicador F de Fischer que se incluye en las tablas da cuenta del impacto de la capacidad explicativa de la variable independiente (en filas) sobre la dependiente (en columnas).

15   Mota (2006) incluye un análisis más pormenorizado de los resultados de esa encuesta en las preguntas referentes a temas de participación.

16   Véanse las preguntas 14 y 31 del anexo.

17   Pero al obligar a definirse sobre cosas concretas también generan una mayor no respuesta, que es cinco puntos más alta de media en los mecanismos concretos que en los modelos.

18   Para que el modelo resultara verosímil, el enunciado no es idéntico a los demás y el uso de la expresión «consultas» a expertos probablemente insinuaba un modelo donde su capacidad de tomar decisiones finales era menor que el que asumían políticos o ciudadanos en las frases alternativas.

19   Estas correlaciones positivas podían deberse a un fenómeno de aquiescencia, por el que algunas personas entrevistadas respondieran sistemáticamente a todas las respuestas con valoraciones muy elevadas, pero el porcentaje de quienes responden a las 8 preguntas con valoraciones de 8 a 10 no alcanza el 2 por ciento de la población.

20   La pregunta permitía señalar un máximo de dos consecuencias posibles sobre una lista de seis, la mitad positivas y la mitad negativas. Véase la pregunta 24 en el anexo.

21   En el cuestionario 2588 la categoría de respuesta utilizada fue «se recogerían mejor las opiniones de los ciudadanos», mientras que en el 2860 ha sido «daría lugar a mejores servicios públicos».

22   Por un lado, las categorías de respuesta no eran idénticas (véase la nota anterior) ni lo era su orden. Por otra, el conjunto del cuestionario 2588 (y particularmente las dos preguntas anteriores a esta) desprendían una actitud menos problematizante hacia la participación que en el caso del Estudio 2680, lo que podría haber provocado cierto efecto cuestionario (en función de la visibilidad dada a lo largo del mismo a los argumentos más críticos relacionados con la participación).

23   En las dos primeras columnas se trata de un coeficiente F, mientras que en la tercera es un coeficiente de correlación.

24   En coherencia con las dudas que genera el índice de apoyo a la democracia sigilosa, no lo incorporamos como tal, sino que utilizamos cada una de las cuatro variables que lo componen originalmente. Por el contrario, no incluimos la pregunta sobre consecuencias de la participación, ya que tiene un formato multirrespuesta diferente a las demás y un mayor nivel de no respuesta.

25   El mismo análisis se ha repetido añadiendo y quitando algunos bloques de variables, y su estructura básica permanece muy estable, aunque las cargas concretas de las variables en los distintos factores cambien algo en cada caso.

26   Bengtsson (2011) alcanza resultados muy similares en su análisis del estudio postelectoral finlandés de 2011, con tres factores diferenciados de apoyo a soluciones tecnocráticas, representativas y participativas. Este apoyo a soluciones tecnocráticas no distingue hasta qué punto se trata de opciones más o menos democráticas, sus argumentos podrían valer para avalar situaciones democráticamente muy diversas, desde un gobierno tecnocrático legitimado por el Parlamento como el de Italia en 2012, a un Ross Perot o un Fujimori que hubiera sido elegido por la ciudadanía o al gobierno de concentración que proponían parte de los golpistas españoles del 23-F.

27   También sería posible capturar el debate participación versus representación a través de los valores del factor 1, como hemos hecho en otros trabajos (Font y Alarcón, 2011), sin que los resultados difieran enormemente. Sin embargo, el uso de la escala tiene muy claras ventajas: permite utilizarla en esta encuesta para otros temas y ámbitos territoriales y permite su réplica en otras encuestas nacionales e internacionales que no puedan dedicar muchas preguntas al tema. Sin embargo, si los recursos lo permiten, animamos a los investigadores a incluir indicadores adicionales sobre los procesos de toma de decisiones políticas deseados, para seguir validando la escala de procesos políticos.

28   En EE.UU. dicha escala enfrenta las posturas conservadoras y liberales, mientras que en Europa se presenta como una dicotomía entre izquierda y derecha.

29   Mientras que los inmigrantes representaban solo el 1,3 por ciento de la población en 1995, este porcentaje aumentó hasta el 8,7 por ciento en 2006 (Instituto Nacional de Estadística, 2009) y ahora se sitúa en más del 11 por ciento (Plan de Integración, 2009-2012). Es decir, mientras que en 1995 había aproximadamente medio millón de residentes legales extranjeros en España, esta cifra aumentó a cerca de 900.000 en 2002 y ahora se estima que supera los 5 millones (PI, 2009-2012).

30   Aunque no conocemos hallazgos que muestran estas tendencias diferenciando entre temas, las investigaciones sobre movimientos sociales sugieren que la ciudadanía puede involucrarse personalmente en especial en temas que están relacionados con valores considerados importantes y que directamente apelan a sus identidades o sus auto-conceptos individuales (Mansbridge, 2001).

31   Una validación del funcionamiento de estas escalas en Navarro (2011).

32   Las respuestas son bastante consistentes entre sí. Mediante un análisis factorial se ha constatado que todos los ítems saturan en un mismo factor (65 por ciento de varianza explicada), siendo el alfa de Cronbach igual a 0,889.

33   Se han realizado tests de diferencias de medias (t-test) comparando las escalas por pares (por ejemplo, España vs. inmigración, aborto vs. situación económica): todas son significativas, a excepción de la que compara España y el municipio.

34   La formulación de la pregunta podía influir en el hecho de que la ciudadanía exprese preferencias por procesos participativos respecto al aborto. Es decir, las personas que eligen valores cercanos al 0 (el polo participativo), simplemente quieren decir que ellos mismos, como individuos, deberían decidir sobre algo tan privado como su cuerpo. Pero también podría ser que esas personas piensen que tampoco otros ciudadanos deban hacerlo. Si este fuera el caso, las mujeres quizás deberían expresar actitudes más cercanas al 0 que los hombres. Las medias apuntan a ello (3,65 y 3,77), aunque la diferencia no es grande ni significativa. A esto cabe añadir que en la relación de preferencias por temas y ámbitos territoriales, las más altas se dan entre aborto y nivel municipal (0,51), indicando que la ciudadanía tiene preferencias relativamente consistentes en cuanto a que asuntos que sienten más cercanos y/o que hay un grupo de personas que opta por procesos participativos para algunas circunstancias (aborto y ámbito local), pero no para otros. Agradecemos las sugerencias realizadas sobre este tema por uno de los evaluadores anónimos del texto.

35   Esto puede apreciarse al considerar la magnitud del indicador F de Fischer que se incluye en las tablas, que da cuenta del impacto de la capacidad explicativa de la variable correspondiente sobre la escala de procesos. Hemos realizado modelos de regresión incluyendo las mismas variables para las tres escalas de procesos y los resultados son similares, sobre todo destaca la consistencia de la edad, el hecho de no haber votado o, en menor medida, la creencia religiosa.

36   Se han hecho modelos de regresión tanto para la escala de procesos referida a municipios como la referida a la Unión Europea. En ambos casos, además del aumento de la edad y no haber votado por una opción mayoritaria (PP o PSOE), si el municipio no pertenece a un área metropolita la escala se orienta hacia el polo participativo, con independencia del tamaño municipal. Esto apunta a que se trataría de un efecto contextual, no de composición derivado de las características de quienes residen en los municipios.

37   Además de los análisis presentados, se han realizado modelos de regresión para cada escala y tema, incluyendo las variables que aparecen en la tabla. Las variables que influyen de forma consistente en todas ellas son la edad y el apoyo electoral, con las pautas que se describen en el texto. La ideología no influye en el caso de los temas propuestos, pero sí para los tres ámbitos territoriales (España, municipio y Unión Europea); si bien, cuando se incluyen las creencias religiosas, su mayor influencia provoca la desaparición del efecto de la ideología. En referencia a los temas, las creencias religiosas solo aparecen con un efecto significativo para el aborto (p=0,057).

38   Como mencionamos antes, usamos el término «extremismo» sin connotaciones evaluativas o normativas. Se trata del término comúnmente utilizado en la literatura sobre los componentes de actitudes fuertes (como la importancia, intensidad o certeza, entre otros) (véanse Krosnick et al., 1993; Visser et al., 2003, 2004, 2006; Wojcieszak, 2012).

39   Se trata de la pregunta 3 del cuestionario (véase el anexo). Esta pregunta produjo una escasa tasa de no respuesta (en todas las frases del 4 por ciento o inferior).

40   El gráfico 4.1 define las medias de esta importancia (donde situamos el círculo), así como el intervalo de confianza con una probabilidad del 95 por ciento donde se sitúa esa media para el conjunto de la sociedad española (las dos líneas horizontales que lo enmarcan arriba y abajo). Si, por ejemplo, la línea inferior de la inmigración es más alta que la línea superior del aborto significa que hay certeza estadística de que la ciudadanía concede más importancia a su actitud sobre la inmigración que a la del aborto.

41   Parte de la diferencia podría deberse al diferente formato de la pregunta. Véase la nota 31.

42   Pregunta 38 del cuestionario anexo.

43   Pregunta 32 del cuestionario.

44   Pregunta 33 del cuestionario.

45   Pregunta 34 del cuestionario.

46   Este resultado se debe al efecto del ítem original, donde el 17 por ciento de los encuestados estaban «totalmente en contra» de políticas de libre mercado y solo el 3 por ciento se mostraba «totalmente a favor».

47   No se incluyen las tablas por razones de espacio pero se encuentran a disposición del lector que las solicite.

48   Véase la pregunta 29 del cuestionario en el anexo.

49   No es posible hacer una comparación estricta entre las cifras dado que los formatos de las preguntas utilizadas son sensiblemente diferentes (Morales, 2002).

50   Véase la pregunta 30 del anexo.

51   Véase la pregunta 30a en el cuestionario.

52   Hay que tener en cuenta que la pregunta del estudio 2632 era menos general que la actual, ya que se refería a «Temas laborales (reforma del mercado laboral, desempleo, etc.)».

53   En relación al aborto, la participación también parece haber aumentado, pero no disponemos de datos debido a que en el cuestionario de 2006 no se incluyó como categoría de respuesta debido a la ausencia de movilizaciones significativas sobre esta temática.

54   Véase la pregunta 30b del cuestionario.

55   Desde una perspectiva de elección racional véase Olson (1965). Una perspectiva que enfatiza mucho más los beneficios sociales de la participación aparece en Schlozman, Lehman, Verba y Brady. Une buena síntesis del debate se encuentra en Anduiza y Bosch (2004).

56   Al tratarse de una pregunta filtrada, las respuestas engloban del 59,6 por ciento del total de la muestra (N=1.462) al 60,4 por ciento (N=1.481).

57   Siguiendo con nuestras discusiones acerca de las diferencias temáticas respecto a los procesos políticos, ¿hay alguna asociación entre la participación relacionada específicamente con el aborto, la inmigración y la economía y las preferencias hacia la toma de decisiones sobre esos tres temas? Aunque no está incluido en la tabla, la temática de la participación no presenta una relación estadísticamente significativa con las preferencias sobre los procesos en ninguno de los tres temas (aborto, inmigración y economía). Tampoco el tipo de asociación sirve para explicar las preferencias hacia los procesos de toma de decisiones.

58   Véanse las preguntas 32a, 33a, 34a y 38a del cuestionario.

59   Hibbing y Theiss-Morse (2002) consideran que el consenso percibido es alto cuando uno cree que «la mayoría» de la gente está de acuerdo sobre cuál es el problema más importante que enfrenta el país. De acuerdo con estos análisis, también codificamos el consenso como «alto» cuando uno piensa que «la mayoría» comparte su ideología y sus opiniones sobre los tres temas.

60   Consenso ideológico (porcentajes): bajo 17, medio 20, alto 63; consenso sobre aborto: bajo 15, medio 16, alto 69; consenso sobre inmigración: bajo 19, medio 8, alto 73; consenso sobre economía: bajo 12, medio 12, alto 76.

61   La ideología está relacionada con la opinión sobre: el aborto, r = –0,35; la inmigración, r = –0,27; y la economía, r = 0,09, todas las correlaciones son significativas para p < 0,00.

62   Véanse las preguntas 14 y 31 del cuestionario, en el anexo.

63   Se pedía a los encuestados que indicaran si estaban muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con el siguiente ítem: «When people argue about political issues, you feel uneasy and uncomfortable».

64   Véase la pregunta 23d del cuestionario en el anexo.

65   N = 2.349; tasa de no respuesta del 4,3 por ciento.

66   Pregunta 35 del cuestionario, en el anexo (tasa de no respuesta del 1,3 por ciento o inferior para todos los indicadores).

67   Véase la pregunta 36 del cuestionario, en el anexo. Las tasas de no respuesta son del 7,1, 5,0 y 8,8 por ciento, respectivamente.

68   Es probable que, tal y como sucede en otras escalas, las elevadas concentraciones de respuestas en el punto medio del continuo (5) estén reflejando cierta indefinición.

69   En cuanto a los ítems para medir aversión en diversos ámbitos, las relaciones son más complejas. Las correlaciones entre la aversión en conversaciones, discusiones y a la hora de pedir consejo con la pregunta sobre si se siente incomodidad cuando la gente discute sobre política son de 0,12, 0,37 y 0,13 respectivamente. Por otro lado, quienes muestran más aversión a pedir consejo a personas de ideas diferentes también presentan actitudes desfavorables ante las conversaciones con ese tipo de gente y se incomodan con las discusiones (correlaciones de 0,12 y 0,24). Finalmente, la correlación más baja (0,09) se produce entre la aversión en conversaciones y discusiones, reflejando que se puede sentir mucha incomodidad cuando se discute acaloradamente, pero no tener problemas en conversar con personas de ideas diferentes.

70   Asimismo, eliminando uno o varios ítems, el análisis de fiabilidad sigue siendo insuficiente. Tampoco es posible construir una escala con las variables que miden aversión en conversaciones, discusiones y en el hecho de pedir consejo (el alfa de Cronbach en este caso es de 0,04).

71   Para profundizar nuestros análisis sobre las actitudes y comportamientos temáticamente específicos, y para extender las investigaciones sobre issue publics, analizamos también las relaciones entre las preferencias sobre procesos políticos y la frecuencia de las conversaciones con personas con ideas diferentes sobre los tres temas. En cuanto a la temática de las conversaciones, la frecuencia en que se conversa con gente de ideas distintas sobre el aborto, la inmigración y la economía no comporta preferencias diferentes hacia procesos más o menos participativos en cada uno de esos temas concretos.

72   Sucede algo muy similar respecto a la frecuencia de las conversaciones. Por ejemplo, el 88,6 por ciento de quienes nunca hablan de temas políticos con gente de ideas contrarias puntúan alto en la escala de Hibbing y Theiss-Morse, mientras que también obtienen altas puntuaciones el 79,6 por ciento de quienes hablan a menudo. Finalmente, con los otros ítems que miden aversión ocurre el mismo fenómeno o ni tan solo conllevan diferencias: entre quienes muestran una aversión baja en conversaciones (puntúan entre 0 y 4 en una escala que va hasta 10), un 83,7 por ciento puntúa alto en el índice de apoyo a la democracia invisible; mientras que entre quienes muestran una aversión más alta (puntúan entre 6 y 10 en ese ítem), también un 83,7 por ciento obtiene valores más altos en el índice de estos autores.

73   Dentro de los ítems a partir de los cuales hemos construido el indicador de la satisfacción con la participación, las mayores correlaciones se dan entre las variables de aversión con la importancia del tema, los conflictos interpersonales surgidos, el sentirse mejor con uno mismo y el sentirse bien con otras personas. Las correlaciones son prácticamente inexistentes con la percepción de que no sirvió para nada la participación o la sensación de que se perdió el tiempo.

74   Véanse las preguntas 17 a 22 del cuestionario, en el anexo.

75   La escala original en el caso norteamericano es el intervalo (1-7) que se ha transformado aquí a la escala 0-10 del estudio español para permitir la comparación.

76   Para el caso español, todas las diferencias entre las mismas características de políticos y ciudadanía son estadísticamente significativas según t-test (para p < 0,01).

77   La realización de un análisis factorial con los datos del estudio CIS 2860 muestra la existencia de estas dos dimensiones (factores) para las valoraciones referidas tanto a políticos como a ciudadanía.

78   Las diferencias son significativas para p < 0,01 según pruebas t-test.

79   Las correlaciones entre las valoraciones sobre las distintas instituciones son muy altas, así como el nivel de fiabilidad de una escala por sumatorio (alfa de Cronbach=0,863).

80   Las correlaciones son similares si se toman las cuatro instituciones por separado, aunque como es de esperar algo superiores para «los partidos políticos».

81   Véase la pregunta 37 del cuestionario, en el anexo.

82   Existen bastantes estudios sobre cultura y actitudes políticas en España que muestran las pautas señaladas, por ejemplo, Montero y Torcal (1990); Montero y Morlino (1993); Morán y Benedicto (1995); Morán (1999) o Jaime (2003).

83   Esta baja relación entre la valoración de los políticos y la situación económica también puede deberse al momento en el que se realiza el estudio, marcado por una profunda crisis económica: con independencia del juicio sobre los políticos, la gran mayoría tiene una percepción negativa sobre la situación económica, de la que probablemente no solo hace responsables a los mismos.

84   Véase la pregunta 25 del cuestionario, en el anexo.

85   En el estudio de Hibbing y Theiss-Morse, el 60 por ciento de los norteamericanos cree que no se puede confiar en la gente y el 52 por ciento piensa que la mayoría se aprovecharía si tuviera la oportunidad de hacerlo (2002: 113). No relacionan estos indicadores con la valoración de la ciudadanía.

86   En parte, la ausencia de una relación estrecha entre confianza generalizada y valoración de la ciudadanía puede deberse a la formulación de la segunda. Al preguntarse en paralelo a la opinión sobre los políticos, puede haberse incentivado la comparación aunque no se haya pedido explícitamente.

87   La inclusión en los análisis de los índices de confianza institucional y generalizada (modelo 2), así como la valoración específica de políticos y ciudadanía (modelo 3), mejoran algo la capacidad explicativa de los modelos, sobre todo cuando se incluyen conjuntamente (alrededor de un 7 por ciento, modelo 3).

88   Mediante un análisis de diferencias de medias entre los cuatro grupos (prueba post-hoc Sidak), hemos comprobado que quienes desconfían de los políticos pero no de la ciudadanía se diferencian claramente de los otros tres, que están por encima de la media para la muestra en su conjunto. Hemos realizado el mismo análisis de varianza incluyendo los indicadores de confianza institucional y confianza generalizada, pero los resultados y las diferencias entre tipos son las mismas.

89   Un análisis más detallado del funcionamiento y la validez de este conjunto de indicadores aparece en Navarro (2011).