Resumen

En esta investigación se analiza el estado de la conciencia medioambiental de la ciudadanía en una sociedad democrática. Más en particular se estudian las opiniones, valores y actitudes medioambientales de los españoles. Los autores han sistematizado la evidencia empírica disponible y la han interpretado a partir de un marco teórico original: la noción de ciudadanía ecológica, o disposición de los ciudadanos a contribuir, de alguna manera, a una sociedad sostenible. Con este fin, se establecen distinciones teóricas entre una serie de dimensiones de ciudadanía ecológica, susceptibles de medición empírica, y a continuación se procede a un análisis cuantitativo de los datos contenidos en los estudios de opinión realizados por el CIS desde mediados de los años noventa hasta hoy. La principal conclusión a que se llega es que la creciente asunción de valores medioambientales por parte de los ciudadanos españoles no encuentra correspondencia en el desarrollo de prácticas y estilos de vida sostenibles.

Consejo Editorial de la colección Opiniones y Actitudes

DIRECTOR

Ramón Ranos Torre, Presidente del CIS

CONSEJEROS

José Fernández Albertos, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals.

Marta Fraile Maldonado, Unidad de Políticas Comparadas-CSIC.

Juan Jesús González Rodríguez, Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Teresa Jurado Guerrero, Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Guillem Rico Camps, Universitat Pompeu Fabra. Barcelona.

Olga Salido Cortés, Universidad Nacional de Educación a Distancia.

SECRETARIAS

Mónica Méndez Lago, Directora del Departamento de Investigación. CIS

Paloma Aguilar Fernández, Directora del Departamento de Publicaciones y Fomento de la Investigación. CIS

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COLECCIÓN «OPINIONES Y ACTITUDES», NUM. 67

Primera edición, octubre de 2010

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Montalbán, 8 - 28014 MADRID

Tels.: 91 580 76 07 - 91 580 76 00

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© Manuel Arias Maldonado

© Rafael Vázquez García

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NIPO: 004-10-019-1 (papel); 004-10-020-0 (electrónico)

ISBN: 978-84-7476-492-5 (papel); 978-84-693-5070-6 (electrónico)

Fotocomposición: J. A. DISEÑO EDITORIAL, S.L. - www.jadiseno.es

Índice

NOTA PRELIMINAR

1. INTRODUCCIÓN: DEMOCRACIA, SOCIEDAD, MEDIO AMBIENTE

1.1. Sostenibilidad y democracia

1.2. Desarrollo sostenible y modernización ecológica

1.3. Democracia, ciudadanía y medio ambiente

1.4. Ciudadanía y conciencia medioambiental en España

2. LA CIUDADANÍA ECOLÓGICA

2.1. Ciudadanía ecológica, globalización y responsabilidad colectiva

2.2. La ciudadanía ecológica como ciudadanía de deberes y obligaciones

2.3. Ciudadanía ecológica y democracia liberal

2.4. La ciudadanía ecológica como virtud cívica

2.5. Dimensiones de ciudadanía ecológica

2.5.1. Valores y opiniones

2.5.2. Actitudes y comportamientos

2.6. Para definir al ciudadano ecológico

3. LA CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL EN ESPAÑA

3.1. Valores y opiniones

3.1.1. La concepción del medio ambiente

3.1.2. Percepción de los problemas medioambientales y de su relevancia pública

3.1.3. Información y medio ambiente

3.1.4. La consecución de la sostenibilidad: Estado, sociedad, mercado

3.2. Actitudes y comportamientos

3.2.1. Actitudes individuales, I: participación política y cívica

3.2.2. Actitudes individuales, II: esfera doméstica y consumo privado

4. CONCLUSIÓN: LA DEBILIDAD DE LA CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL EN ESPAÑA

BIBLIOGRAFÍA

DATOS Y FUENTES

ÍNDICE DE TABLAS Y CUADROS

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Nota preliminar

Este trabajo se enmarca dentro de los análisis que abordan el estado de la conciencia medioambiental de la ciudadanía en las sociedades democráticas. Son numerosas las investigaciones empíricas que, tanto a nivel nacional como internacional, se han ocupado de la percepción ciudadana de los problemas medioambientales. Sin embargo, a nuestro juicio, en el caso español era necesario un esfuerzo de sistematización comparada de la evidencia empírica disponible, acompañada de una interpretación de los datos capaz de evaluar si el estado de opinión, los valores y las actitudes medioambientales de los españoles suponen o no un punto de partida para la consecución de una sociedad sostenible. De ahí que nuestro trabajo emplee una noción de la teoría de la ciudadanía —la ciudadanía ecológica— como base para su marco teórico. Las actitudes y valores medioambientales constituyen indicadores de ciudadanía ecológica.

La gran ventaja que presenta este concepto es su relación directa con dos elementos centrales a las opiniones y actitudes medioambientales: por un lado, su aprendizaje en el ámbito privado; por otro, su énfasis en las obligaciones antes que en los derechos. Se trata de dos aspectos decisivos para determinar si las disposiciones de los ciudadanos hacia el medio ambiente pueden o no traducirse en un grado suficiente de compromiso cívico, a su vez expresado en un estilo de vida más sostenible. Nos parece que la relación entre ciudadanía ecológica y conciencia medioambiental arroja nueva luz sobre el estudio de las actitudes medioambientales de los españoles.

Nuestro trabajo tiene su origen en la consolidación de un equipo de investigación que, bajo la dirección de Ángel Valencia, había venido mostrando una comunicación intelectual y el cultivo de intereses comunes en el marco de trayectorias investigadoras complementarias. Manuel Arias Maldonado y Ángel Valencia habían trabajado conjuntamente en temas de teoría política verde y política medioambiental, en el curso de una colaboración mantenida desde hace varios años dentro del Área de Ciencia Política de la Universidad de Málaga. Por su parte, Rafael Vázquez García demostró su interés por el estudio de la cultura política desde la misma elaboración de su Tesis Doctoral en la Universidad de Granada. Esta sintonía personal y profesional fue la que nos llevó a presentar un proyecto de investigación titulado «Ciudadanía y conciencia medioambiental en la España democrática», obteniendo una de las «Ayudas a la Investigación Sociológica para el Año 2008», presentada en noviembre de 2008. La obra que el lector tiene en sus manos es una versión completamente corregida de la misma.

No queremos dejar pasar la ocasión de agradecer a Fernando Vallespín y Belén Barreiro, sucesivos Presidentes del CIS durante la gestación de esta obra, y a Paloma Aguilar, Directora de su Departamento de Publicaciones y Fomento de la Investigación, el apoyo brindado a la misma. Asimismo, quisiéramos encarecer el trabajo de los evaluadores anónimos del CIS, cuya atenta lectura de este trabajo ha contribuido sin duda a mejorarlo, así como la amabilidad y excelente labor de todos los que han participado en el proceso de su edición.

Málaga, enero de 2010

1. Introducción: democracia, sociedad, medio ambiente

Durante los últimos años, la vieja desconsideración hacia la importancia política del medio ambiente ha ido dejando paso al creciente reconocimiento global de una premisa elemental, pero de formidables consecuencias, a saber: la sociedad del futuro será sostenible o difícilmente será. Aunque los problemas medioambientales son inherentes a las relaciones humanas con el entorno, su complejidad y escala actuales —que reflejan las de la propia sociedad— constituyen un desafío nuevo, al que sólo parece poder responderse mediante una gradual transformación social en buena medida ya en marcha. Se trata de un proceso desigual y ambiguo, pero difícilmente reversible; basta pensar en el cambio climático para comprender que la dimensión ambiental de la política ha venido para quedarse. Ya no es posible definir el sistema social al margen de su relación con el medio, porque la recíproca dependencia de ambos demanda una organización reflexiva de sus relaciones mutuas. Esta reorganización de las relaciones socionaturales tiene por objeto la constitución de una sociedad sostenible.

Es verdad que, durante el último tercio del siglo XX, el medio ambiente era una preocupación apenas compartida por algunos sectores de la comunidad científica, la militancia ecologista y los expertos que tomaban decisiones en el ámbito de la política medioambiental. Sólo paulatinamente vino a forjarse durante ese tiempo la conciencia medioambiental contemporánea, de manera que el discurso y los problemas ecológicos empezaron a extenderse entre los ciudadanos de las democracias occidentales. Hoy este panorama ha cambiado sustancialmente: la unanimidad científica en torno a la gravedad del estado del medio ambiente es mucho más sólida; el ecologismo político ha experimentado un avance importante a través de la acción de los movimientos y de los partidos verdes; la política medioambiental se ha convertido en una política pública de mayor peso específico. Además, la globalización ha dado a algunos de los problemas medioambientales, como el cambio climático, una mayor visibilidad pública y social. En última instancia, el medio ambiente se ha convertido en un eje de la política contemporánea y la sociedad sostenible en un fin político cada vez menos discutido.

Sin embargo, la incipiente unanimidad en cuanto a los fines no puede ocultar la existencia de una notable discrepancia en cuanto a los medios. Ni existe una única definición de sostenibilidad, ni existe acuerdo acerca del camino que debe conducir a ella. Esta indeterminación es intrínseca al propio concepto, porque la afirmación de que las relaciones entre la sociedad y su medio ambiente deben ser sostenibles nada indica acerca del modo en que esa necesaria ordenación deba llevarse a cabo. Así, por ejemplo, la sostenibilidad no tiene por qué ir asociada necesariamente a la protección del mundo natural, pese a que suele pensarse lo contrario: a la sociedad podría bastarle con la conservación del capital natural necesario para su sostenimiento, sin atender a la supervivencia de las especies concretas[1]; y lo mismo sucede con la justicia social. Se trata, en fin, de un objetivo genérico pendiente de concreción; no hay, por tanto, una sola forma posible de sociedad sostenible, sino distintas posibilidades que deben ser elucidadas políticamente (cfr. Mitcham, 1997; Dobson, 1998; Arias Maldonado, 2004; Valencia Sáiz, 2007a). Democracia, sociedad y medio ambiente aparecen así inextricablemente ligadas.

Ahora bien, la cualidad política de la sostenibilidad no debe de ser identificada con su total politización. Es tal la dimensión del cambio social necesario para alcanzar la sostenibilidad, que resulta impensable que esta pueda decretarse estatalmente o ser el producto exclusivo de las iniciativas públicas dirigidas al efecto. Los debates desarrollados a finales de la década de los setenta en torno a la propuesta ecoautoritaria —suerte de mandarinato ecológico impuesto en aras de la supervivencia— demostraron que la sostenibilidad requiere de la cooperación social, no de una coerción en último término ineficaz. Además, semejante imposición sería contraria a los principios básicos del constitucionalismo liberal-democrático y, por ello mismo, contraproducente. La clásica tensión entre los fines del ecologismo y los medios de la democracia se ha resuelto en favor de estos (para una defensa del argumento autoritario, cfr. Ophuls, 1977; para su crítica desde el interior del movimiento verde, cfr. Porritt, 1997: 64-65; Saward, 1996 y Barry, 2002: 147).

1.1. Sostenibilidad y democracia

Puede así decirse que tanto los principios normativos como la racionalidad práctica aconsejan contemplar la búsqueda de la sostenibilidad como un proceso de reforma gradual de la sociedad contemporánea, antes que como el producto de su ruptura. De hecho, la tensión entre ambas posiciones define la búsqueda de identidad del ecologismo contemporáneo, toda vez que la vieja hegemonía del radicalismo ha dejado paso a una creciente aceptación del reformismo (cfr. Humphrey, 2002).

La sostenibilidad debe entenderse entonces como un proceso político, pero también como un proceso social; es, si se quiere, un proceso social orientado políticamente. Esta constatación no tiene un origen ideológico, sino que refleja una realidad insoslayable: la complejidad del sistema social y la subsiguiente complejidad de su relación con el sistema natural. Se deducen de aquí dos consecuencias de singular importancia.

A. Por un lado, no es razonable recurrir al viejo esquema que separa claramente a la sociedad del Estado para propugnar la transformación ecológica de aquella a cargo de este. ¿No se ha desarrollado el propio ecologismo en el ámbito de los movimientos sociales y ganado fuerza en la sociedad civil mediante un progresivo cambio cultural? (cfr. Inglehart, 1990). Estado y sociedad se encuentran ya profundamente interrelacionados, de un modo que no autoriza a señalar, simplemente, que la sociedad es capaz de transformar al Estado, o viceversa; más bien, se influyen y condicionan recíprocamente. La política de la sostenibilidad no debe ignorar esta circunstancia. Porque así como las políticas públicas son imprescindibles para su consecución, también lo son el libre desarrollo de los sectores científico y económico (capaces de producir y desarrollar las innovaciones necesarias para la sostenibilidad) y la cooperación voluntaria de los ciudadanos.

B. Por otro, tampoco es posible sostener la ficción de que la sostenibilidad pueda lograrse mediante el simple procedimiento de desmontar el sistema productivo e implantar una economía estacionaria basada en la vida comunitaria; esta vieja pretensión del ecologismo clásico también ha sido superada a causa del más elemental realismo. Naturaleza y sociedad no son esferas separadas, ni siquiera separables; han experimentado una larga co-evolución que hace difícil precisar dónde empieza la una y dónde acaba la otra (cfr. Arias Maldonado, 2008, cap. I). Es preferible hablar de medio ambiente —no de simple naturaleza— y evitar el utopismo de la autosuficiencia. Por esa misma razón, hay que entender la sostenibilidad como un proyecto colectivo de gran magnitud, que requerirá de la ciencia y la tecnología para su realización. Ya no se contempla a la sociedad sostenible como un diseño utópico de tinte primitivista o incluso ludita —tal como ha venido haciendo el ecologismo más radical—, sino como la paulatina transformación ecológica de la sociedad tardomoderna (sobre esto, cfr. Humphrey, 2004; Wissenburg y Levy, 2004; sobre el utopismo verde, cfr. De Geus, 1999).

Naturalmente, la aceptación de estas premisas no termina con el debate en torno a la sostenibilidad. La ambigüedad que caracteriza a este principio favorece la presentación de distintos modelos y la articulación de diferentes medios para su realización. No obstante, este debate ha avanzado paulatinamente en la dirección de un mayor pragmatismo, que ha atenuado las posiciones —favorables y contrarias— más radicales, al tiempo que dejaba en un segundo plano la fundamentación moral de las mismas: se trata de avanzar hacia la sostenibilidad, no de discutir sobre su andamiaje filosófico (cfr. Norton, 1991). Así, por una parte, los gobiernos han empezado a hacer suyas las preocupaciones ambientales, mientras que el sector productivo y los ciudadanos han desarrollado una mayor sensibilidad ambiental con reflejo —todavía muy desigual— en sus conductas. Por otra, el propio movimiento verde, principal impulsor desde la década de los sesenta de este cambio cultural, está renunciando a su viejo maximalismo para abrazar el reformismo. La ampliación de su base social está, sin duda, en el origen de esta moderación. Tal como ha señalado Neil Carter:

el centro de gravedad de la política verde se ha desplazado indudablemente desde un rechazo radical del industrialismo y una atención obstinada a los problemas ecológicos, hacia una aceptación reformista del capitalismo y la democracia liberal, basada en una amplia agenda de justicia social, en algunos aspectos más radical (Carter, 2007: 356).

Sucede que este rechazo de los clásicos fines radicales del ecologismo político afecta también a los medios a través de los cuales está llamada a realizarse la sociedad sostenible. Sobre todo, porque la aceptación de los rasgos básicos de la democracia liberal supone implícitamente el rechazo del dirigismo estatalista y la atribución de un papel decisivo a la sociedad civil y los agentes económicos, políticamente orientados por las políticas gubernamentales. La aceptación del pluralismo político implica así la aceptación del pluralismo social; por ende, se admite que la sostenibilidad debe basarse en una pluralidad de políticas e instrumentos públicos y privados. Dicho de otra manera, se combinan aquí las virtudes intervencionistas de la política pública con las virtudes liberales del desenvolvimiento espontáneo de la sociedad civil y los agentes económicos; ninguna parece poder funcionar sin la otra. Sin duda, los poderes públicos deben asumir la iniciativa política, pero más que forzar el cambio social, deben promoverlo, so pena de frustrarlo[2].

1.2. Desarrollo sostenible y modernización ecológica

Esta suerte de consenso pragmático tiene su reflejo en la consolidación de dos grandes modelos de política de sostenibilidad: el desarrollo sostenible y la modernización ecológica (sobre el desarrollo sostenible, cfr. Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, 1988; Lelé, 1991; Valencia Sáiz, 2007a; sobre la modernización ecológica, cfr. Young, 2000 y Mol, 2002). Es verdad que suelen presentarse como mutuamente excluyentes, lo que mostraría los límites del aludido pragmatismo; sin embargo, es más provechoso y razonable juzgarlos compatibles, como dos caras de una misma moneda.

A. El desarrollo sostenible apuesta por los mecanismos democráticos e institucionales como medio para lograr un cambio en el modelo económico, capaz de combinar la sostenibilidad ecológica con una mayor justicia social. Esta justicia medioambiental es simultáneamente intrageneracional, pues afecta al reparto de las cargas y los beneficios ambientales entre ciudadanos y países contemporáneos, e intergeneracional, por cuanto trata de asegurar un futuro viable a las generaciones futuras. Además de promover la participación local y ciudadana en la toma de decisiones ambientales —propósito que encontraría su reflejo en iniciativas como la Agenda 21 y en la integración de las organizaciones no gubernamentales y los movimientos sociales—, el desarrollo sostenible es promovido por la acción gubernamental y por distintas formas de cooperación internacional. Existen distintos subtipos de desarrollo sostenible, según se aparten en mayor o menor medida del modelo socioeconómico existente.

B. La modernización ecológica, en cambio, se basa en los mecanismos de mercado y la innovación tecnológica, como principales medios para lograr una transformación de la economía que la convierta en sostenible, arrastrando con ello al conjunto de la sociedad. Puede decirse que los objetivos explícitamente marcados por el anterior modelo son aquí perseguidos implícitamente, al considerarse aquellos el resultado probable de un desarrollo espontáneo del mercado y la sociedad civil, estimulados por la acción pública. Se trata de hacer compatibles el crecimiento económico y la sostenibilidad mediante una reforma de las instituciones económicas, sociales y políticas existentes. La economía, incluyendo el consumo, recibe más atención que la política: su ecologización virtuosa es la llave para la sostenibilidad. Pensemos aquí en el desarrollo del mercado de los productos bio, en el comercio justo, o en iniciativas a gran escala para el fomento de la investigación y la eficiencia, como el pionero plan de la Unión Europea para lograr en 2020 una sustancial reducción del consumo de energías contaminantes del continente.

Es apreciable en ambos modelos un abandono del viejo patrón reduccionista que contemplaba la política ambiental como una mera política regulatoria. Ahora que la sostenibilidad no puede entenderse como una política sectorial, los instrumentos para lograrla tampoco pueden seguir teniendo un carácter parcial. En ese sentido, ambos modelos de política sostenible —simplificados aquí para la mejor comprensión de sus implicaciones— demuestran haber abandonado ese paradigma, en beneficio de una concepción más abierta de la misma y en consonancia con el desarrollo de la complejidad social. Sin excluir la posibilidad de que entren en conflicto, desarrollo sostenible y modernización ecológica deben ser considerados modelos compatibles y no excluyentes, por cuanto exploran vías de momento complementarias para la realización de la sostenibilidad: Estado y mercado; regulación e innovación; ciudadano y consumidor.

En ambos casos, aunque con distintos acentos, se subraya la importancia de la participación de múltiples actores en la conformación y ejecución de la política ambiental; se intenta con ello dejar atrás la noción de una política ambiental vertical y estatalista, para abrazar la idea de una gobernanza medioambiental más horizontal e integradora (cfr. Focht, 2008 y Carter, 2007: 291 ss.). Supone esta, en esencia, una mayor apertura de la política medioambiental, de acuerdo con la cual los gobiernos colaboran en cada vez mayor medida con otros actores —incluyendo los agentes económicos, las ONGs y los ciudadanos— para alcanzar la sostenibilidad. Las razones son democráticas y funcionales: la toma de decisiones multilateral y la ejecución de acuerdos previamente negociados es más efectiva si son reconocidos e integrados todos los actores con un interés legítimo y no sólo el Estado. Se refleja así institucionalmente el hecho de que la política no la produce exclusivamente el Estado, de donde se sigue que no puede proceder en solitario a su gobierno: la gobernanza como gobierno de las sociedades complejas.

En principio, este concepto emergente tendría más que ver con el desarrollo sostenible, que adopta una perspectiva más institucionalista, que con la modernización ecológica, más orientada al mercado. Sin embargo, esta sería una forma simplista de entender el instrumento de coordinación en que la gobernanza medioambiental consiste; es más adecuado entender que incluye aquellos acuerdos o iniciativas de actores sociales o económicos donde el Estado no participa directamente, esto es, donde sólo lo hace proporcionando un marco legal general. Así sucede, por ejemplo, con la apertura democrática de la comunidad científica, en forma de una mayor transparencia y discusión pública de sus posiciones sobre asuntos de interés general, o la asunción de responsabilidades sociales y medioambientales por parte de las empresas (la todavía incipiente «responsabilidad social corporativa»), que a menudo las lleva a desarrollar iniciativas con redes sociales, ciudadanos u ONGs. Estas distintas organizaciones —empresas, movimientos sociales, redes ciudadanas, ONGs, fundaciones— pueden cooperar directamente con el Estado, pero también pueden influir sobre la política de sostenibilidad de otra manera[3]. A fin de cuentas, la gobernanza es una forma de coordinación entre actores y la intervención directa del Estado no siempre es necesaria. Esto significa que gobernanza y modernización ecológica son plenamente compatibles entre sí.

1.3. Democracia, ciudadanía y medio ambiente

Sea como fuere, es evidente que el giro de la política medioambiental hacia una política de sostenibilidad implica la necesaria participación de los ciudadanos, por más que esta pueda adoptar distintas formas y grados. No hay sociedad sostenible sin ciudadanos ecológicos. Si bien se mira, esto no es más que un caso particular del más amplio caso general que relaciona la salud de una sociedad compleja con la capacidad de sus ciudadanos para actuar como tales, sin que esto implique necesariamente abrazar un modelo posliberal de democracia radical o participativa. Esta premisa se sostiene sobre la convicción de que una sociedad es verdaderamente democrática y pluralista si está constituida por ciudadanos que poseen una cierta tensión pública o compromiso con la vida de su comunidad. Tanto estos como las entidades colectivas de la sociedad civil donde los ciudadanos se agrupan por razones de moralidad o interés deben mantener una orientación hacia la esfera pública que nos permita hablar de una verdadera comunidad democrática. A fin de cuentas, la democracia no es un dispositivo técnico de toma de decisiones, sino un cuerpo de valores e instituciones.

Desde este punto de vista, la democracia sería una forma de vida, cuyo funcionamiento depende tanto de las instituciones públicas como de los ciudadanos que las sostienen. En nuestras sociedades complejas, las esferas pública y privada se solapan y entrecruzan constantemente, de manera que la vieja división entre Estado y sociedad civil no puede sostenerse sin más: la democracia es sociedad democrática. Esto significa que es necesario atender también a las distintas formas que adopta la participación ciudadana en la vida de su comunidad. Va de suyo que esto no equivale a retirar el título de ciudadanía a quienes no muestren esa tensión pública, máxime cuando se da la paradójica circunstancia de que la aceptación generalizada de la democracia va acompañada de muy bajos índices de interés y participación en ella (cfr. Dahl, 2000). De hecho, cuando hablamos de tensión pública no nos referimos al tipo de disposición que sería necesaria para poner en pie un modelo participativo de democracia, sino más cautelosamente al cultivo de una serie de actitudes que caracterizarían a un ciudadano activo en el marco de una democracia liberal-representativa.

Esta tensión u orientación hacia lo público se manifiesta a través de una serie de rasgos y actitudes: búsqueda de información política, disposición al debate, deseo de participación, etc. Ya veremos, sin embargo, que una de las particularidades del modo de vida sostenible es la importancia que poseen los comportamientos domésticos y privados, por ser esta la esfera donde deben florecer las virtudes ecológicas del ciudadano. Se trataría entonces de conductas privadas orientadas públicamente, porque el beneficio más amplio de la comunidad —cifrado en su sostenibilidad— sería el criterio rector de los comportamientos domésticos (cfr. Barry, 2002: 148). Naturalmente, el ciudadano es sólo uno de los actores de la política de sostenibilidad, y a menudo un actor que se limita a adoptar un rol pasivo ante decisiones provenientes de las administraciones públicas, las empresas o la comunidad científica; sin embargo, es un actor decisivo, sin cuyo concurso no puede concebirse siquiera el tránsito a la sostenibilidad.

Tal como veremos enseguida, este trabajo adoptará el concepto emergente de ciudadanía ecológica como guía para el estudio de la conciencia y las actitudes medioambientales de los ciudadanos españoles. No se trata de un concepto cerrado, porque todavía no está claro qué mínimos deben exigirse a un ciudadano para ser incluido dentro de esa categoría. Es evidente, sin embargo, que los ciudadanos pueden contribuir a la sostenibilidad de distintas formas, algunas de ellas consistentes en la simple expresión de valores verdes o en la omisión de comportamientos medioambientalmente dañinos; en el otro extremo del compromiso ciudadano se situarían la participación en movimientos sociales o campañas medioambientales.

De ahí que antes de proceder al análisis teórico de la ciudadanía ecológica y de desgranar ordenadamente los datos relativos a la conciencia ambiental de la ciudadanía española, sea conveniente identificar, a modo de bitácora inicial, tres tipos de disposición ciudadana hacia el medio ambiente. Estas tres categorías, que constituyen nuestra propia propuesta teórica, son las siguientes:

a) Adhesión moral. Expresión de un grado variable de conciencia medioambiental, sin que esta encuentre expresión directa en su estilo de vida o sus preferencias políticas. Quiere decirse que el ciudadano dice más que hace: más que cooperar activamente en la sostenibilidad, espera que se adopten las medidas que conduzcan a ella.

b) Cooperación voluntaria. Adopción de conductas sostenibles y medioambientalmente responsables en la vida doméstica y el ámbito privado, con un grado variable de intensidad. No se trata del cumplimiento de las leyes que obligan a todos, sino de acciones voluntarias que implican un cuidado del medio ambiente.

c) Participación activa. Desarrollo de un compromiso activo con la causa medioambiental, mediante distintas formas de participación política y cívica. Esta participación puede ser, a su vez: i) formal, esto es, desarrollarse a través de procedimientos institucionalizados, como los planes de participación local y otras experiencias participativas orientadas a la conservación o la sostenibilidad; ii) informal, que incluye la pertenencia a movimientos verdes que actúan políticamente fuera de los canales institucionales, pero también aquellas acciones de contenido político desligadas de toda militancia formal —como, por ejemplo, la compra de productos ecológicos o el boicot a determinadas marcas—; y iii) cívica, que comprende la acción no política del ciudadano en la sociedad civil y su implicación en actividades que trascienden la esfera privada y atienden a intereses públicos o con innegable repercusión pública: tejido asociativo y Tercer Sector.

Naturalmente, se trata de disposiciones compatibles entre sí, que admiten distintos grados de implicación en diferentes momentos de la vida del ciudadano, pero que, tomados en su conjunto, sirven para ofrecer un análisis de la conciencia ambiental de aquel. Nuestro análisis permitirá, además, evaluar en qué medida la sociedad española está preparada para el desafío de la sostenibilidad y, por tanto, comparativamente, en qué medida se ha modernizado.

Quiere con ello decirse que ni la política sostenible ni la gobernanza medioambiental llamada a conducirla son posibles en ausencia de sus condiciones sociales de posibilidad. La sociedad sostenible necesita de ciudadanos ecológicos. Ahora bien, no es menos cierto que los ciudadanos ecológicos pueden desenvolverse en una sociedad no sostenible; no existe una relación mecánica entre aquellos y esta. La explicación es tan sencilla como que nada garantiza la consecución de la sostenibilidad —sea cual sea la forma final que esta adopte— aun cuando un cierto número de ciudadanos la persigan activamente. Hay condiciones de sostenibilidad de orden estructural que los ciudadanos, por sí solos, no pueden proveer, por más que puedan presionar para su provisión estatal. No obstante, si todos los ciudadanos son ciudadanos ecológicos, la sociedad sostenible será mucho más probable que si únicamente una minoría de ciudadanos ejercen como tales.

1.4. Ciudadanía y conciencia medioambiental en España

Esta investigación tratará de actualizar e interpretar los datos existentes sobre la conciencia medioambiental española, situándola en un marco teórico capaz de darle un sentido; precisamente, el que proporciona la ciudadanía ecológica. Hemos descrito ya la estrecha relación existente entre la consecución de la sostenibilidad y la conciencia medioambiental de los ciudadanos. Pues bien, ¿está la ciudadanía española cerca o lejos de tal objetivo? Trataremos de responder a esta pregunta mediante el empleo de diversas variables concernientes a los valores y comportamiento ambiental de los españoles. No obstante, nuestra hipótesis provisional es la existencia en nuestro país de una ciudadanía ecológica débil, por cuanto a una creciente asunción de valores medioambientales no sigue un compromiso cívico suficiente que denote hábitos más sostenibles ni orientaciones políticas más cercanas al asociacionismo medioambiental ni al ecologismo político.

El marco teórico de la investigación lo proporciona así la noción de ciudadanía ecológica, a la vista de su capacidad para explicar la relación entre ciudadanía y medio ambiente que, por definición, se sitúa en el centro de una sociedad sostenible y del camino hacia ella. Porque la sostenibilidad no es un concepto abstracto, ni tan siquiera sólo un conjunto de valores que cristalizan en la conciencia ambiental de los ciudadanos, sino que debe encarnarse forzosamente en prácticas y hábitos que la realicen materialmente. La ciudadanía es así el eje de una cultura sostenible. Y en consecuencia, la expresión del grado de sostenibilidad de una sociedad viene dada por una conciencia ambiental que encuentra correspondencia en el comportamiento ciudadano, antes que por una mayor participación política o una extensión de derechos. Este es uno de los rasgos distintivos de la ciudadanía ecológica, en comparación con otros modelos de ciudadanía. Se entiende con ello que la conciencia medioambiental de los ciudadanos, así como los valores y las actitudes que la conforman, son indicadores de ciudadanía ecológica.

A partir de estas premisas, nuestra exploración se lleva a término en tres grandes pasos, combinando los aspectos teóricos con los empíricos. En primer lugar, presentaremos los fundamentos teóricos de nuestro trabajo. Es el concepto de ciudadanía ecológica, como modelo emergente de ciudadanía con características propias y rasgos específicos, el que debe ser elucidado. En segundo lugar, comprobaremos en qué medida los valores y las prácticas llamados a definir la ciudadanía ecológica están o no presentes en la ciudadanía española. Se analizan así los datos empíricos disponibles. En tercer lugar, finalmente, se presentan las conclusiones a las que es dable llegar a la vista de estos datos y de aquellos presupuestos teóricos.

2. La ciudadanía ecológica

Ya se ha señalado antes que, en el curso de las últimas cuatro décadas, la atención dispensada al medio ambiente ha dejado de ser patrimonio específico de la ecología para dar lugar a una amplísima y variada literatura dentro de las ciencias sociales: en el derecho, la geografía, la economía, la antropología, la sociología o la ciencia política. Así, se puede hablar de un auténtico giro hacia lo medioambiental en las ciencias sociales (cfr. Valencia Sáiz, 2007b: 279-282). En el ámbito específico de la ciencia política, este giro medioambiental se ha manifestado, sobre todo, en los campos de la teoría y la cultura políticas. Y este es también el punto de partida de la noción de ciudadanía ecológica, que constituye un desarrollo reciente dentro del esfuerzo de redefinición que la teoría política verde hace de los conceptos centrales a la tradición democrática occidental.

No olvidemos que, si el ecologismo político posee un fin último, es la consecución de una sociedad sostenible. Ya hemos señalado que hay muchas formas posibles de sostenibilidad. En última instancia, todo esto lleva a la cuestión siguiente: ¿cuál es el papel de la ciudadanía en la consecución de una sociedad sostenible? La palabra civismo nos remite al «comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública» —de acuerdo con la segunda acepción del Diccionario de la RAE (22ª edición)—. En este terreno, eso supone una toma de conciencia que conduce a buenas prácticas medioambientales. Desde luego, no podemos olvidar que para la política verde, como para cualquier otra, el buen funcionamiento de las instituciones y las normas emanadas por ellas es fundamental para su concepción de la democracia; así, el avance de los derechos y de las políticas medioambientales resulta también imprescindible. Sin embargo, la defensa del medio ambiente —como ocurre con las políticas sociales o con la garantía de los derechos individuales— no puede desarrollarse sin la colaboración activa de los ciudadanos, es decir, sin referencia a la virtud cívica de los mismos (cfr. Peña, 2003: 82).

Esto implica un trabajo en dos direcciones complementarias. Por un lado, una mayor participación política de la ciudadanía y, por otro, una actitud de los ciudadanos que subordine sus intereses particulares a los bienes compartidos (cfr. López de la Vieja, 2003: 275) y evite la célebre tragedia que afecta a los mismos en ausencia de cooperación social (Hardin, 1977). Igualmente, si construir la sociedad sostenible requiere buenos ciudadanos, la formación de los mismos a través de la educación ambiental se convierte en una parte importante de la educación ciudadana democrática (cfr. Mougan, 2003). De manera que si la relación entre ecologismo y civismo es fundamental para conseguir la sociedad sostenible, la idea de construir una ciudadanía verde parece plausible.

Durante los últimos años, la teoría política verde ha abierto una interesante línea de investigación en torno a la relación entre ciudadanía y medio ambiente, sobre la base de un concepto de ciudadanía propio y original, que en muchos aspectos rompe con las tradiciones liberal y republicana. El debate ha seguido una dirección ahora discernible: hubo autores que rechazaron la posibilidad de sostener una noción así (Isin y Wood, 1999); hubo frustrados intentos de fundamentación, sobre todo por depender demasiado de los planteamientos de T. H. Marshall y su hincapié en los derechos (Van Steenbergen, 1994b y Twine, 1994); algunas propuestas aisladas y originales (Smith, 1998); y finalmente, quienes han tratado de desarrollar el concepto y dotarlo de un estatuto epistemológico (Dobson, 2001, 2003, 2006a; Jelin, 2000; Smith y Pangsapa, 2008; Dobson y Valencia Sáiz, 2005; Dobson y Bell, 2006; Valencia Sáiz, 2009).

Estos últimos tratan de definir un espacio propio para la ciudadanía ecológica dentro de la teoría contemporánea de la ciudadanía. Para Alex Latta, esto no supone menos que la «llegada de una nueva era para este nuevo campo de investigación» (Latta, 2007b: 377). Y algo así parece producirse, a la vista de los intensos debates surgidos al respecto (Hayward, 2006a y 2006b; Dobson, 2006b) y del conjunto de trabajos recientes que reconocen esta nueva forma de ciudadanía profundizando en su análisis (Latta y Garside, 2005; Latta, 2007a y 2007b; Gabrielson, 2008; Melo-Escrihuela, 2008; Smith y Pangsapa, 2008).

En términos teóricos, la ciudadanía ecológica participa de una arquitectura conceptual similar a la de otros conceptos de ciudadanía. No obstante, representa un punto de ruptura significativo en, al menos, tres aspectos fundamentales: se trata de una noción basada no tanto en derechos como en obligaciones; en el ámbito de su ejercicio es tan importante la esfera de lo privado como la de lo público; y se dirige a un sujeto que va más allá del Estado-nación, siendo por ello una suerte de ciudadanía global o cosmopolita.

Estas premisas constituyen el marco de aparición de la noción de ciudadanía ecológica, inseparable, como tal, de la evolución experimentada por la teoría política del ecologismo, pero cuya utilidad potencial va más allá del mismo. Procederemos ahora a refinar este concepto.

2.1. Ciudadanía ecológica, globalización y responsabilidad colectiva

Durante los últimos años, hemos asistido a la irresistible ascensión de la ciudadanía en la teoría y la práctica políticas contemporáneas, principalmente a causa del cambio que experimenta el Estado-nación en las sociedades occidentales, debido a su vez a un conjunto de procesos de cambio social que vienen a reforzar la dimensión internacional de la política. La comunidad política no parece poder ya confinarse a los viejos límites del Estado-nación (cfr. Held, 2001). En consecuencia, si los poderosos efectos de la globalización transforman nuestra tradicional visión de la política y la democracia, debemos replantearnos la validez y el funcionamiento de nuestras instituciones políticas. Esto ha llevado a algunos autores a compartir la idea de definir un proyecto cosmopolita que incluye una visión de la democracia y la ciudadanía propias (cfr. Held, 1995; Archibugi et al., 1998; Linklater, 1998a, 1998b, 1998c; Held y McGrew, 2002).

Naturalmente, todo esto ha afectado a la política verde. Ya se ha señalado que la relación entre globalización y medio ambiente determina que los problemas medioambientales del presente se presenten como problemas globales; el cambio climático es la más clara, aunque no única, ejemplificación de esa tendencia. Es plausible por ello que las nociones de ciudadanía surgidas del pensamiento verde constituyen un desarrollo del concepto más amplio de ciudadanía global. Y ello, a causa tanto del carácter global de la degradación ecológica como de la estrategia internacional adoptada por algunos grupos medioambientales para llevar a cabo sus objetivos. A lo que habría que añadir una teoría de la ciudadanía verde que se expresa mediante conceptos como «ciudadanía de la tierra» (Steward, 1991). La noción de ciudadanía ecológica constituye un modelo de ciudadanía postcosmopolita que puede responder a esta nueva dimensión política del medio ambiente.

La política verde procede así a una reevaluación de la teoría de la ciudadanía, donde, como ha subrayado April Carter, el énfasis recae sobre unas obligaciones ciudadanas que se proyectan sobre las generaciones futuras, otras especies y el propio planeta (Carter, 2001: 94). Por consiguiente, el fundamento de este pensamiento es una ética del cuidado natural que no conoce fronteras nacionales. Desde un punto de vista normativo, la nueva dimensión de los bienes medioambientales parece demandar entonces una nueva noción de responsabilidad colectiva, que encuentra acomodo en el concepto de ciudadanía ecológica. Desde un punto de vista político, la globalización crea nuevos espacios para la acción ciudadana en relación con la problemática ecológica: cualquier acción local tiene una potencial influencia global.

Lo que estos análisis ponen de manifiesto es, por tanto, la relación entre la responsabilidad colectiva y la teoría de la ciudadanía (cfr. Delanty, 1997, 2000). Su punto de partida no es otro que la crítica a las definiciones meramente formales de esta, basadas exclusivamente en un modelo de derechos ciudadanos que ignora la cualidad multinivel del concepto de ciudadanía, que incluye cuatro dimensiones: derechos, responsabilidades, participación e identidad. Sin embargo, lo verdaderamente importante aquí es que el ecologismo pone el acento sobre las obligaciones o responsabilidades asociadas al estatuto de ciudadano. Es decir,

una noción de responsabilidad colectiva que se deriva de la idea de que si la naturaleza tiene derechos y el concepto de responsabilidad no se agota en las obligaciones del Estado, podemos sostener que tenemos obligaciones tanto hacia la naturaleza como hacia la sociedad (Delanty, 1997: 286).

Esta idea de ciudadanía tiene su fundamento en una concepción de la naturaleza como sujeto de derechos, de donde deben deducirse una serie de criterios que regulen la responsabilidad colectiva de los seres humanos frente a ella y garanticen su cumplimento más allá de las obligaciones públicas. La idea de responsabilidad colectiva no se agota en el Estado, sino que va más allá, reflejando así también la condición global de los problemas medioambientales y la acción transnacional del movimiento verde.

2.2. La ciudadanía ecológica como ciudadanía de deberes y obligaciones

Desde este punto de vista, entonces, la ciudadanía ecológica sería una nueva forma de ciudadanía, que surge como resultado de la interacción entre las dimensiones clásicas de la ciudadanía y ciertos rasgos surgidos de la evolución histórica de la misma. En este sentido se pronuncia Andrew Dobson, que no ha dejado de subrayar en sus trabajos la novedad que la ciudadanía ecológica supone respecto de la liberal (cfr. Dobson, 2001, 2003). A su juicio,

la ciudadanía ecológica tiene como efecto global la desestabilización de las nociones establecidas de la ciudadanía (...). Se refiere más a obligaciones que a los derechos; que dichas obligaciones están dirigidas principalmente a desconocidos, distantes tanto en el tiempo como en el espacio; y que implican las virtudes del cuidado y de la compasión puestas en marcha tanto en el ámbito de lo privado como de lo público (2001: 185).

Esto es, que si la ciudadanía ecológica rompe con las nociones tradicionales de ciudadanía es, principalmente, porque incide en las obligaciones, está dirigida a los desconocidos e implica virtudes de cuidado y de compasión que se ejercen —en el ámbito público y privado— en un contexto que trasciende al Estado-nación. Nos encontramos así con que el énfasis en los deberes y las obligaciones de índole moral hacia el mundo natural constituyen el rasgo más novedoso y prominente de la ciudadanía ecológica.

Semejante planteamiento, sin embargo, no carece de problemas. Derivan estos, sobre todo, del fundamento moral que se atribuye a los deberes del ciudadano ecológico. Si la ética del cuidado es la justificación última de la ciudadanía ecológica, ¿es exigible el cumplimiento de los deberes morales que se derivan de ella a quien no la profesa? En un contexto de pluralismo moral, no parece tratarse de la mejor base para la generalización de los deberes medioambientales. Y menos aún si se propone una concepción desterritorializada de la ciudadanía, porque no queda claro qué autoridad podría ser responsable de supervisar el cumplimiento de esos deberes. Los deberes o virtudes clásicos no son fácilmente transportables a una época de mayor individualismo moral y, por ello, tan pluralista como fragmentaria. Hay que evitar, por tanto, una fundamentación de la ciudadanía ecológica reñida con la realidad (cfr. Arias Maldonado, 2008: 234-248).

Ciertamente, el propio Andrew Dobson ha respondido a estas objeciones con el ulterior desarrollo de su noción de ciudadanía ecológica, considerándola como una forma de ciudadanía postcosmopolita. A su juicio, más que la moral, es la justicia aquella virtud sobre la que descansa la ciudadanía ecológica, siendo las virtudes del cuidado y la compasión secundarias respecto a ella, aunque instrumentales en su plasmación práctica. No obstante, Dobson ofrece un criterio adicional para la caracterización de la ciudadanía ecológica, a saber, su distinción frente a la noción de ciudadanía medioambiental. ¿Qué las diferencia? Mientras la ciudadanía medioambiental intenta extender el discurso y la práctica de los derechos en el contexto medioambiental, la ciudadanía ecológica no incide en el ámbito de la responsabilidad contractual: su ejercicio es más privado que público, su espacio teórico es el de las virtudes, y su dimensión es no territorial. Ambas nociones serían complementarias.

No está claro que esta distinción resuelva los problemas de fundamentación inherentes a la ciudadanía ecológica. Su dimensión moral sigue siendo un claro obstáculo para su universalización. Más bien parece que habrá de ser el cambio cultural, en la medida en que pueda generalizar una cierta ética del cuidado, el que permita su desarrollo. En cualquier modo, sobre todo a los efectos de esta investigación, parece razonable separar los aspectos legal y ético del comportamiento ciudadano, a fin de circunscribir la ciudadanía ecológica a las prácticas o actos de ciudadanía de índole moral —esto es, al cumplimiento de obligaciones libremente asumidas sobre la base de una ética del cuidado o, con un menor grado de exigencia, de una conciencia medioambiental sostenible.

Se trataría de distinguir, entonces, los deberes legales de los deberes morales hacia el medio ambiente. Hay una dimensión moral notable en la ciudadanía ecológica, que consiste en el cumplimiento de obligaciones éticas hacia el mundo natural, sobre la base del previo reconocimiento de su valor intrínseco. Entonces, ¿el ciudadano ecológico cumple normas medioambientales o atiende deberes morales? Posiblemente, ambas cosas. Pero si queremos dotar a la ciudadanía ecológica de un contenido específico, este no puede ser el mero cumplimiento de la ley. De ahí que sea importante distinguir entre aquello que un ciudadano hace porque es su deber legal y aquello que hace sin constricción ni recompensa como resultado de una obligación moral hacia el mundo natural libremente asumida. Dicho de otra manera, uno no puede elegir si contamina o no, pero sí elige si recicla, cuida su entorno, castiga en el supermercado a empresas contaminantes, o no hace nada de eso.

2.3. Ciudadanía ecológica y democracia liberal

Ya hemos visto que el debate sobre la ciudadanía ecológica forma parte de un acercamiento entre los principios del liberalismo y del ecologismo. En un principio, la teoría política verde perseguía trascender la democracia liberal, mediante la revisión de sus instituciones y principios. En esta línea de argumentación, la reconstrucción del concepto de ciudadanía liberal hacia una ciudadanía ecológica hace hincapié en las responsabilidades y obligaciones del ciudadano en el marco de la sociedad sostenible y respecto a los colectivos menos representados, así como en su papel socializador de ciudadanos ecológicamente conscientes. Se trataría, pues, de una ciudadanía activa que debe ir de la mano de una cierta ampliación de la participación política (cfr. Valencia Sáiz, 2000: 191).

No obstante, la aproximación de ecologismo y liberalismo ha resultado asimismo de una atemperación del radicalismo democrático verde. Probado que también la democracia liberal es capaz de acercarse al ecologismo, no es seguro que el ejercicio de la ciudadanía ecológica deba llevarse a cabo necesariamente en el marco de una democracia posliberal. Podría ser suficiente con la reforma de la democracia liberal y con el aprovechamiento ciudadano de los espacios de participación existentes, tanto a través de las instituciones como en el seno de la sociedad civil. En otras palabras, el ciudadano ecológico puede existir en el seno de una democracia liberal-representativa, si bien el florecimiento de aquel no puede dejar de producir cambios sustantivos en esta.

En síntesis, se viene hablando desde mediados de la década de los noventa de la ciudadanía ecológica como una noción que pretende contribuir a la formulación del proyecto ecologista desde una perspectiva que asume temas como las circunscripciones medioambientales, las generaciones futuras y la transformación de los conceptos de participación y representación políticas en el marco de construcción de un modelo democrático diferente. Así, la reflexión en torno a la ciudadanía dentro del debate entre ecologismo y democracia constituye un elemento fundamental de apoyo en la construcción de un modelo democrático verde o, alternativamente, en la ecologización de la democracia liberal.

La ciudadanía ecológica se entiende así también como parte de la respuesta a la escasa representación de los ciudadanos en materia medioambiental. Esta insuficiencia de los mecanismos verticales de gobierno ha sido un tema constante en la literatura ecologista y, si bien en el pasado ha servido exclusivamente para fundamentar la demanda de un modelo alternativo de democracia, constituye en la actualidad la base sobre la que apuntalar el empleo de instituciones y mecanismos de gobernanza horizontal, en el marco de una combinación de las dos estrategias citadas anteriormente: desarrollo sostenible y modernización ecológica. Es conveniente atender a los distintos aspectos de la crítica verde de los mecanismos verticales de representación y administración.

La subrepresentación sistemática de los asuntos ecológicos ha sido subrayada por la crítica verde a la democracia y el Estado liberales. Pero no se trata tan sólo de la subrepresentación de los intereses de las llamadas «circunscripciones medioambientales», sino que a ello hay que sumar la del bienestar medioambiental de la propia ciudadanía (Eckersley, 1996: 215). No se trata así de que la comunidad política deba o no expandirse, ni de que la naturaleza de los problemas medioambientales exija nuevos mecanismos institucionales, sino del hecho de que esos mismos problemas no están lo suficientemente presentes en el proceso político de toma de decisiones. Naturalmente, esos problemas son incluidos en ese proceso, pero este no tiene en cuenta su singularidad, diluyéndolos indiferenciadamente y relegándolos, por lo general, en favor de aquellos cuyo horizonte temporal y conspicuidad son mayores. La caracterización de las organizaciones medioambientales como organizaciones privadas de presión dentro del proceso de negociación política que tiene lugar entre el gobierno y las élites organizadas provoca el contrapeso de esos intereses con las reivindicaciones de otros grupos de presión, con el resultado de que el interés público a largo plazo en la protección medioambiental es intercambiado de modo sistemático con las demandas, más inmediatas, del capital y el trabajo (Eckersley, 1996: 215). El carácter público de los bienes medioambientales, y el interés general que en consecuencia deriva del mismo, es ignorado por el proceso político, que sufre las consecuencias del tráfico de poder.

Junto a esta subrepresentación de los intereses públicos medioambientales en el proceso político, encontramos otra manifestación de un inadecuado tratamiento de los mismos en el ineficaz funcionamiento administrativo del Estado liberal. El problema no es aquí tanto una subrepresentación de intereses como un tratamiento inadecuado de los problemas medioambientales derivado del desencuentro entre la racionalidad administrativa y un tipo de materia a cuya singular naturaleza aquella es incapaz de adaptarse. Las especiales características de los problemas ecológicos son ignoradas y subordinadas a la lógica uniformizadora de una racionalidad administrativa cuyo pathos de control y eficacia le impide mostrarse flexible y adaptativa (cfr. Dryzek, 1987, 1990, 1995; Torgerson, 1990; Paehlke y Torgerson, 1990). Todos ellos subrayan esa inadecuación de base entre la vieja racionalidad burocrática y administrativa y la nueva percepción y comprensión que demandan unos problemas, si no del todo nuevos a su vez, sí novedosamente descritos y manifestados con el auxilio de la ecología y el activismo verde. Sucede que la racionalidad ecológica de la administración depende de la capacidad de esta para adaptar su funcionamiento a la peculiar naturaleza de esta clase de problemas. En la práctica, sin embargo, la epistemología instrumental y analítica de la administración, aunque por lo general eficaz, presenta problemas cuando aborda problemas complejos como los medioambientales, porque el análisis y la descomposición de los mismos ha de ser inteligente y autónoma, no arbitraria y mecanizada (Dryzek, 1990: 99).

Esta infrarrepresentación sería la causa de una concepción de la representación política que circunscribe la comunidad política al ámbito del Estado-nación y que, por tanto, no representa debidamente ni los intereses medioambientales ni los intereses de los que no son ciudadanos nacionales de la misma; y por otro, porque tanto la representación como la participación políticas de los intereses ecológicos depende de la persuasión política que puedan ejercer los partidos políticos dentro de la competición electoral. Así pues, la incidencia de los intereses ecológicos y nuestra responsabilidad ante la naturaleza determina una dislocación de nuestras ideas de ciudadanía, participación y representación políticas. La idea es revisar estos conceptos y posibilitar reformas institucionales. Y la ciudadanía juega un papel clave en esta ampliación de la comunidad política y el bienestar ecológico, como sugiere Peter Christoff:

En parte, busca hacer presión para el reconocimiento de los seres humanos no ciudadanos (en un sentido territorial y jurídico) en la toma de decisiones. También promueve la incorporación y consideración fundamental de intereses de otras especies y de las generaciones futuras dentro del proceso democrático. Esto supone cambios que amplían los límites de la ciudadanía política existente más allá de las nociones de Estado-nación y comunidad nacional que han determinado la ciudadanía formal (1996: 161-162).

Sin embargo, en este punto, se trasluce una cierta ambigüedad: no está claro si este concepto implica una reorientación, una ruptura o incluso si es posible dentro del propio sistema liberal-capitalista. Estas tres posiciones compiten en el interior del movimiento ecologista y quizá tal ambigüedad sea un reflejo de esas divergencias estratégicas. En todo caso, la ciudadanía ecológica está llamada a reforzar los llamamientos verdes a una mayor participación cívica y política en el marco de una comunidad que reconoce las diferencias y asume sus responsabilidades morales y políticas con los colectivos infrarrepresentados.

En esta línea se sitúa el pensamiento de John Barry, para quien la ciudadanía está llamada a ser un elemento central del modelo democrático verde (cfr. Barry, 1996, 1999). A su juicio, la ciudadanía no es sólo una institución de inclusión, sino también de implicación, dentro de una visión normativa de la democracia que debe ir más allá de las reformas institucionales de nuestros sistemas democráticos para conocer experiencias de aplicación práctica (cfr. Barry y Proops, 2000). La ciudadanía se concibe entonces:

como una forma de aprendizaje social que gira alrededor de una visión de la democracia como proceso comunicativo. Esto es, un aprendizaje acompañado de prácticas como las experiencias participativas (...) que pueden ser contempladas como formas de aprendizaje y adaptación que transforman ecológicamente las condiciones socioeconómicas, además de reestructurar ecológicamente el Estado y la economía (Barry, 1999: 229).

Este modo de concebir la ciudadanía ecológica debería conducir hacia la internalización de los intereses de la comunidad natural, las futuras generaciones y los extranjeros. Para que esto sea posible, asimismo, las preferencias individuales deben ser el resultado de la deliberación democrática. Y eso significa que está asociada a un modelo democrático deliberativo compatible con el modelo representativo.

Ni la teoría ni la práctica de la democracia verde exigen así, finalmente, una democracia directa —esto es, se repara en el hecho de que los problemas de la democracia no se resuelven necesariamente con más democracia—. Al basarse en la responsabilidad individual de los ciudadanos hacia la sostenibilidad, la ciudadanía se entiende como una virtud cívica. Hablar de virtud cívica en este contexto significa considerar los intereses de todos y abrirse a la deliberación pública. El ciudadano tiene la obligación de aportar individualmente algo al fin colectivo de la sociedad sostenible.

Sin embargo, las obligaciones del ciudadano van más allá del sistema político y están más acá de la acción individual —circunstancia que se expresa en las actividades de reciclaje o ahorro de energía—. Se hace así necesario fomentar una cultura de la sustentabilidad —o una biocultura— que sea la base de las actitudes verdes. En última instancia, esta concepción de la ciudadanía verde como virtud cívica debe introducirse tanto en la conciencia como en la cultura política de los ciudadanos, dentro del marco de una democracia deliberativa capaz de conducir hacia la sostenibilidad.

2.4. La ciudadanía ecológica como virtud cívica

Es plausible considerar así que una de las principales tareas de articulación política y social de la ciudadanía ecológica corresponde al terreno de la educación cívica, o lo que es igual, al aprendizaje de los valores medioambientales —tanto en el sistema educativo como en los medios de comunicación y, sin duda, en el ámbito privado. La educación debe potenciar el fin último de la sociedad sostenible.

En esta dirección apunta Carlos Mougán (2003) cuando propone una teoría de la educación para una ciudadanía democrática y sitúa la virtud de la austeridad como una virtud compatible con la defensa de la sostenibilidad. A tal fin, sería conveniente dotar de más sustancia a la educación ambiental. Acaso tengamos así ciudadanos ecológicos si promovemos programas, contenidos y asignaturas que impulsen los valores medioambientales en todos los niveles del sistema educativo, y también si se lleva a cabo una labor de información y difusión de los problemas medioambientales a través de un uso inteligente de los medios de comunicación. Es verdad, no obstante, que quizá esto suponga confiar demasiado en la eficacia de las instituciones educativas, cuando la acción de estas no va acompañada de una ejemplaridad edificante fuera de las mismas.

Hay que tener presente que, aunque las buenas prácticas medioambientales se ejercen también en el ámbito de lo público, su locus privilegiado es el ámbito de lo privado. Las prácticas de reciclaje, el consumo racional de agua, la utilización del transporte público o el uso racional del coche privado son, en el fondo, cambios en los comportamientos y hábitos individuales que luego tienen una dimensión pública si son seguidos por una gran mayoría de ciudadanos. En todos los casos, el propósito es impulsar una mayor conciencia medioambiental y una educación cívica medioambiental que valore la construcción de una sociedad sostenible como un fin políticamente relevante.

La idea de ciudadanía ecológica constituye un tipo de ciudadanía ya sólida teóricamente; es el momento de crear fórmulas políticas que la conecten a la sociedad civil. La relación entre ciudadanía ecológica y educación cívica es un campo fundamental para fomentar el surgimiento de mejores ciudadanos, y un elemento decisivo para la consecución de una sociedad sostenible.

2.5. Dimensiones de ciudadanía ecológica

Sentadas las bases para la comprensión teórica de la ciudadanía ecológica, es preciso avanzar un paso más y dar a esta noción una concreta articulación práctica. Dicho de otro modo, se trata de señalar una serie de dimensiones de ciudadanía ecológica, susceptibles de medición empírica, a partir de las cuales dar un contenido pautado al continente teórico antedescrito. La fijación de estas dimensiones hace posible el paso de la noción abstracta de ciudadanía a su encarnación concreta en el ciudadano ecológico —o en la ausencia del mismo—. En consecuencia, estas dimensiones son indicadores de ciudadanía ecológica.

Diferenciaremos a continuación entre aquellas dimensiones que remiten a los valores y opiniones del ciudadano ecológico y aquellas otras que se refieren a las actitudes y comportamientos del mismo. Esta separación responde al hecho de que, por más que los valores expresados posean, por sí mismos, un valor indudable en la promoción del cambio social, no son por sí solos suficientes si no se traducen en prácticas capaces de realizar esos valores. La dimensión material de la relación socionatural supone que un completo cambio de valores no tendría consecuencia práctica alguna si no viniese acompañado de un condigno cambio en las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos.

Digamos que resulta inconcebible la existencia simultánea de un Estado verde y de una ciudadanía escéptica; o, con otras palabras, que una sociedad no puede ser sostenible a la fuerza; o no únicamente. Más aún, si la conciencia medioambiental de los ciudadanos se limita a su expresión verbal y a la atribución de responsabilidades al Estado y los agentes económicos, otorgando a aquel la tarea de imponer conductas sostenibles a estos y al conjunto de la sociedad, difícilmente podremos hablar de ciudadanos ecológicos. La virtud del ciudadano ecológico reside en la aceptación de su propio papel voluntario en la construcción de la sociedad sostenible; el acatamiento de las normas no es una virtud, sino un deber elemental.

2.5.1. Valores y opiniones

A. Concepción del medio ambiente

Aunque a menudo se da por supuesto aquello que sea objetivamente la naturaleza, o el significado que damos al sintagma medio ambiente, es necesario reparar en que no se trata de conceptos unívocos. Más al contrario, poseen una complejidad semántica que, si bien puede en ocasiones circunscribirse al debate teórico, no debe ignorarse cuando de estudiar la conciencia medioambiental ciudadana se trata: a fin de cuentas, los conceptos se encarnan en sujetos concretos y en sus acciones, que traducen en el plano de los comportamientos un juicio previo sobre la realidad. Naturalmente, una concepción moral no siempre encuentra coherencia en las acciones de quienes las sostienen; en materia medioambiental, este desajuste es frecuente. Sin embargo, el modo en que los ciudadanos conciben el entorno natural es indudablemente un primer índice de su conciencia medioambiental, un cierto grado de la cual es condición necesaria para la emergencia de una ciudadanía ecológica.

Así pues, cuando se habla de medio ambiente o de naturaleza, ¿en qué piensan los ciudadanos? ¿Cuál es el valor que otorgan al medio y, en consecuencia, qué función social le atribuyen? Porque no es lo mismo concebir el medio ambiente como una fuente de recursos materiales para la sociedad que hacerlo como el continente de un mundo natural que posee un valor qua mundo natural y merece, por tanto, una protección suficiente para asegurar su conservación.

Es evidente que dos percepciones tan distintas —extremos de un mismo continuo que admite posiciones intermedias— determinan la preferencia por distintos tipos de sostenibilidad: una sostenibilidad débil en el primer caso, donde el desarrollo prima sobre la conservación; y una sostenibilidad fuerte en el segundo, donde la conservación prima sobre el desarrollo (cfr. Neumayer, 1999). Asimismo, si el medio ambiente es percibido sobre todo como recurso, un ciudadano que dice preocuparse por el medio ambiente será más consciente de que la relación socionatural es frágil, pero no abrazará una consideración moral del mundo natural; y viceversa.

Pueden contraponerse aquí, de hecho, las visiones antropocéntrica y ecocéntrica de la naturaleza (cfr. Gagnon y Barton, 1994). Si la primera contempla a esta sobre todo en relación al hombre, la segunda propende a verla sobre todo en sus propios términos y como fuente de valor independiente. No es necesario desarrollar aquí in extenso una discusión que en la filosofía medioambiental ha alcanzado notables niveles de sofisticación (cfr. Light y Rolston, 2002). Sea como fuere, dado el avance experimentado en todo el mundo por los valores verdes durante las últimas décadas, es razonable esperar que la segunda de estas posiciones haya ido ganando terreno, paulatinamente, a la primera.

Ahora bien, conviene asimismo matizar que no existe necesariamente una relación negativa entre una concepción antropocéntrica de la naturaleza y la consecución de la sostenibilidad per se. Existen muchas variantes de sostenibilidad y es concebible que se desarrollen políticas sostenibles que no pongan un acento especial en la conservación del mundo natural. Sostenibilidad y conservación son cosas distintas, que conviene separar, por más que suelan ir de la mano en las concepciones más verdes de la primera. Esta circunstancia es objeto de constatación incluso por parte de un acendrado defensor de la posición ecocéntrica, como Andrew Dobson (cfr. Dobson, 1998).

B. Conciencia de los problemas medioambientales

Después de la concepción general del medio ambiente, e influida directamente por esta, viene la percepción ciudadana de lo que es un problema medioambiental y la prioridad que haya de otorgarse a su resolución. Es importante reparar en el hecho de que resulta inconveniente adoptar una postura objetivista a este respecto: la percepción de lo que es un problema medioambiental y de su importancia sociopolítica ha ido variando a lo largo del tiempo, en correspondencia con los cambios históricos en la conciencia ambiental de cada sociedad. De hecho, la propia noción de problema medioambiental tiene una corta historia, sobre todo en el sentido en que suele emplearse: un desajuste en la relación socionatural susceptible de ser abordado mediante distintos instrumentos de política pública o mecanismos de mercado.

Esto no refleja sino un principio básico de la política pública: que no todos los problemas sociales son, a su vez, problemas públicos; sólo aquellos reconocidos como tales. En el caso de los problemas medioambientales, puede afirmarse que un aspecto central del programa de los movimientos y partidos verdes ha sido la lucha por el reconocimiento del medio ambiente como problema político y la subsiguiente inclusión de los problemas ambientales en la agenda pública. Así pues, a la idea general del medio ambiente que poseen los ciudadanos se corresponde, en un nivel mayor de concreción, su percepción de los particulares problemas medioambientales. Y esto, a su vez, tiene un reflejo en la prioridad que el ciudadano otorga a su resolución.

¿Es un ciudadano consciente de la existencia de problemas medioambientales, sea cual sea su posterior preferencia para articular una política de sostenibilidad, y otorga suficiente relevancia pública a los mismos? Suele haber una relación directa entre estas dos variables: cuanto más cercano, en el tiempo o en el espacio, se percibe un problema, mayor es la prioridad otorgada a su resolución; por el contrario, un problema lejano será postergado más fácilmente. Ya veremos cómo la influencia de los medios de comunicación es decisiva para dar forma al mapa cognitivo del ciudadano en lo tocante al medio ambiente —entre otras cosas, porque muchos de los problemas medioambientales son invisibles socialmente y necesitamos de la mediación científica para aprehenderlos.

C. Información medioambiental

¿De dónde obtienen los ciudadanos la información que sustenta sus juicios sobre la situación del medio ambiente y su relación con el sistema social? Se trata de una dimensión crucial de la ciudadanía ecológica, porque esta será tanto mejor cuanto mayor sea el grado y la calidad de la información recibida por los ciudadanos. Ahora bien, no puede establecerse una correspondencia necesaria entre el grado de información y las actitudes verdes: aunque es verdad que estas florecen a partir de un determinado nivel de educación e información, una persona cultivada bien puede defender posiciones cercanas al antropocentrismo. Sí puede señalarse, en cambio, que un grado suficiente de información constituye una condición necesaria para la formación de ciudadanos ecológicos: sin aquella, no hay conciencia ambiental, y sin esta no se desarrollan valores verdes ni comportamientos sostenibles. De la misma manera, la información repercute directamente en la sofisticación de las soluciones propuestas por el ciudadano: cuanto menor sea aquella, más simplistas serán sus preferencias; y al revés.

Hay que tener presente que los valores y las actitudes ambientales de los ciudadanos no pueden surgir en el vacío, sino que deben provenir necesariamente de algún sitio. Desde luego, algunas preocupaciones ambientales guardan una relación directa con el entorno inmediato del ciudadano, como sucede con los problemas del entorno urbano. En la mayoría de los casos, sin embargo, los problemas medioambientales no son directamente aprehendidos por la ciudadanía, porque no pueden serlo: dependen de análisis científicos y estudios técnicos realizados por sistemas expertos, que el ciudadano no puede enjuiciar por sí mismo; este depende así de la mediación que llevan a cabo los medios de comunicación y, en menor medida, otras fuentes de información. Basta pensar en el cambio climático, cuya complejidad técnica impide toda aprehensión directa; su comprensión más allá de un nivel elemental demanda también del ciudadano un cierto esfuerzo y una cierta vocación de aprendizaje. Sin duda, se trata de otro aspecto en el que se manifiesta la condición activa de una ciudadanía ecológica de suficiente enjundia.

Tampoco basta, en sentido propio, con que el ciudadano se informe: es conveniente prestar atención al modo en que lo hace. Así, la diversidad y especialización de las fuentes de información daría al ciudadano un perfil verdaderamente ecológico, mientras que la escasez o unidimensionalidad de las mismas convertiría los valores verdes expresados por el ciudadano en valores más volátiles o expuestos a cambios en el tratamiento informativo del medio ambiente. Del mismo modo, conviene saber en qué medida los mismos ciudadanos se consideran mejor o peor informados, son conscientes de sus propios déficit cognitivos —por ejemplo, en relación a la complejidad de los problemas ambientales— y depositan mayor o menor confianza en sus fuentes informativas.

A su vez, estos datos no deberían leerse sin tener en cuenta aspectos relativos a los propios medios de comunicación y la calidad de la información que ofrecen; más aún, sin considerar los hábitos informativos de los ciudadanos, por desgracia alejados de los estándares deseables. Quiere decirse, en fin, que una mala información no ayuda a la formación de ciudadanos ecológicos, y que lamentablemente los ciudadanos tienden en exceso a informarse o a dejar de hacerlo por inercia —a partir de la información ambiental que puedan o no contener los medios de información de los que suelan nutrirse— y no por inclinación personal.

D. La preferencia medioambiental

¿En qué medida la preocupación expresada por los ciudadanos españoles hacia la problemática medioambiental tiene su reflejo en los valores y prácticas de esa misma ciudadanía? Responder a esta pregunta significa evaluar la dimensión performativa de la ciudadanía ecológica, que evidentemente admite distintos grados de concreción: desde la sola expresión de la propia conciencia ambiental hasta la participación directa en el activismo ambiental, pasando por el terreno intermedio de las prácticas sostenibles en la esfera cotidiana. Se trata, en fin, de despejar cualquier duda relativa a la existencia de una conciencia ambiental meramente retórica, a cuya manifestación verbal no sigue ninguna plasmación ulterior.

Ya se ha señalado que es común la divergencia entre el ser y el parecer del ciudadano ecológico, que responde a la distancia que media entre una demanda de soluciones ajenas y el coste de desarrollar un modo de vida sostenible propio. La definición de ciudadanía ecológica que parece consolidarse en la literatura parece demandar algo más que la simple afirmación —pública o privada— de conciencia ambiental: mientras aquella tiene a esta como presupuesto, esta puede, en puridad, vivir sin aquella, esto es, subsistir sin realizarse (cfr. Dobson, 2003; Dobson y Valencia Sáiz, 2005; Dobson y Bell, 2006). Es el caso si el ciudadano se limita a pedir soluciones a los poderes públicos o los agentes económicos, sin realizar cambios voluntarios en su estilo de vida individual.

En este sentido, la principal disyuntiva es la que enfrenta al Estado y al mercado —es decir, la regulación pública y la autorregulación privada—. Después de años de enfrentamiento casi irreconciliable entre ambas posturas, durante los que el ecologismo rechazaba de plano el empleo de mecanismos de mercado, la literatura especializada parece haber llegado a una conclusión distinta, coherente con el abandono de las posiciones más radicales dentro del ecologismo, a saber: la necesidad de emplear una pluralidad de instrumentos de política medioambiental para la consecución de la sostenibilidad (cfr. Carter, 2007: 321 y ss.).

La razón es sencilla. Por una parte, la compleja interdependencia de múltiples factores económicos, políticos, sociales y culturales impide que la sostenibilidad pueda alcanzarse exclusivamente a través de instrumentos de mercado: la sostenibilidad requiere planificación. Sin embargo, tal complejidad limita irremediablemente las posibilidades mismas de la sola planificación. La acción del Estado es así insuficiente en ausencia de la cooperación de los ciudadanos y del funcionamiento de los mecanismos de mercado: el conjunto de los instrumentos políticos debe ir encaminado a lograr ese difícil círculo virtuoso. Más que un proyecto estatal, la sostenibilidad es una formidable empresa social. Esta es la realidad que reconoce la gobernanza medioambiental —en sí misma, reflejo de prácticas y valores ya existentes.

Naturalmente, la decisión sobre qué instrumentos deban utilizarse en cada caso será una decisión política, pero eso no convierte a la política en la única fuente de transformación social: ciudadanos, empresas y movimientos sociales pueden actuar y actúan voluntariamente en una dirección sostenible. La acción voluntaria es el principal modo a través del cual pueden los individuos contribuir a la construcción de una sociedad más sostenible, cambiando su estilo de vida y actuando como ciudadanos ecológicos. Eso, es cierto, requiere de políticas públicas que incidan en la educación ambiental y pongan a disposición de los ciudadanos las infraestructuras necesarias para que su esfuerzo ambiental no sea baldío. Distinta es la participación democrática y cívica, que no puede en absoluto desarrollarse eficazmente sin cambios institucionales que den a los ciudadanos voz y voto en las decisiones ambientales; participación cívica que no está, por lo demás, exenta de dificultades (cfr. Foch, 2008). Sea como fuere, no se trata de roles incompatibles: el ciudadano puede actuar sosteniblemente y hacerlo también —o no— políticamente.

En consecuencia, puede responderse a la pregunta formulada anteriormente de varias maneras, según se preste atención a los valores o las prácticas ambientales de los ciudadanos. Y ello, se insiste, en el bien entendido de que manifestar una preferencia por la solución de los problemas ambientales sobre los demás no implica necesariamente el desarrollo de aquel conjunto de actitudes ecológicas que conforman, propiamente, el núcleo de una ciudadanía ecológica.

Hay que preguntarse así por la importancia que otorgan los ciudadanos a las políticas medioambientales y los cambios sociales necesarios para la realización de la sostenibilidad, así como por la preferencia que puedan otorgar a los mismos en relación a otras políticas públicas —como las económicas—. Porque una cosa es expresar una preferencia abstracta, desligada de toda concreción, por las políticas sostenibles, y otra distinta es tener que elegir entre valores acaso incompatibles, como puedan ser desarrollo económico y sostenibilidad. Más aún, distinto es que esa hipotética preferencia medioambiental se lleve además a la práctica y el ciudadano admita de facto transformaciones sustanciales o limitaciones significativas en su propio estilo de vida.

Tal como se ha señalado, la conciencia medioambiental es lo que se dice, pero la ciudadanía ecológica es también lo que se hace o deja de hacer. ¿Está el ciudadano que expresa valores verdes dispuesto a hacer sacrificios personales por el medio ambiente? Es verdad que aunque la sostenibilidad ya no parece demandar los dramáticos sacrificios anticipados por el ecologismo más radical, sí parece exigir algunos cambios significativos en los estilos de vida individuales. Es lo que Neil Carter, entre otros, ha llamado el paso de una sociedad de consumo a una sociedad de conservación —dilema quizá simplista que acierta, sin embargo, a plantear los términos en que se elucida la adhesión del ciudadano a formas más o menos activas de conciencia ambiental (cfr. Carter, 2007: 359).

2.5.2. Actitudes y comportamientos

A. Participación política y cívica

Sentada esta base, hay que preguntarse por las acciones de ciudadanía ecológica que efectivamente llevan a cabo los ciudadanos. Será ciudadano ecológico aquel que realice al menos algún tipo de acción en defensa del medio ambiente, ya posea esta contenido político o meramente cívico. En este primer apartado nos referimos a la política informal y a aquellas actitudes cívicas, ya sean domésticas o de consumo, que puedan poseer algún significado político en sentido amplio.

Pues bien, la primera y más tradicional de las dimensiones de la política informal es la participación directa en movimientos sociales y en el tejido asociativo en general. Hay que preguntarse aquí, entonces, si los ciudadanos se asocian con fines ambientales, se manifiestan públicamente, forman parte de movimientos ecologistas o incluso de comunidades de vida ecológica. Y si es posible, hay que precisar qué perfil sociológico tiene la persona comprometida, frente a quienes no se comprometen: normalmente, existe una correspondencia entre mayores niveles educativos y de renta, de un lado, y mayores niveles de conciencia ambiental y tendencia al activismo verde, de otro. Esta relación entre el estatus socioeducativo y la conciencia ambiental confirma el vínculo existente entre modernización y refinamiento ecológico de una sociedad.

Ninguna de estas dimensiones ambientales de una sociedad puede tratarse como unidad separada: todas contribuyen a explicar a las demás. Pues bien, ¿qué nivel de participación política y cívica en movimientos y causas medioambientales muestran los ciudadanos? ¿Salen a la calle, asumen un rol activo en la defensa del medio ambiente o en la demanda de políticas más sostenibles? Se trata, sin duda, de índices de ciudadanía ecológica, por constituir actividades voluntarias —por tanto, virtuosas— que hacen efectiva la conciencia ambiental en prácticas concretas; llevan, en fin, la conciencia a la realidad.

B. Acción doméstica y consumo privado

Si lo que antes hemos denominado preferencia medioambiental de los ciudadanos —o defensa de políticas sostenibles por encima de otras políticas públicas— no se manifiesta en su conducta pública, es de esperar que lo haga en su conducta privada. Tal como se ha señalado ya, es aquí donde están llamados a florecer los comportamientos voluntarios que traduzcan la conciencia ambiental del ciudadano en acciones de ciudadanía ecológica; y contrariamente, es también aquí donde esa conciencia ambiental puede revelarse como mera retórica o conformarse con la adopción de un enfoque pasivo, donde el rol del ciudadano se agota en el cumplimiento de la legalidad y en la demanda de soluciones públicas, o en todo caso ajenas, para afrontar el desafío de la sostenibilidad. Ya se ha insistido en que el orden privado y doméstico constituye el territorio natural de la ciudadanía ecológica, el lugar donde estaría llamada a florecer si los ciudadanos expresaran algo más que intenciones retóricas o valores sin traducción material. La vida cotidiana se convierte de este modo en una esfera que admite no sólo el disenso político, sino el empleo del propio estilo de vida como instrumento para la difusión de los valores ambientales y la realización de la sostenibilidad.

En consecuencia, es sobre todo aquí donde hay que distinguir, cuando nos referimos al ciudadano, entre el cumplimiento de leyes y el cumplimiento de deberes no legales —o sea, entre conductas jurídicamente exigibles y actos de cuidado del entorno o del mundo natural—. Quien cumple con la legalidad no lleva a término una especial labor de cuidado del medio ambiente, sino aquella ordinariamente exigible a todos los ciudadanos; en cambio, quien actúa virtuosamente desarrollando conductas sostenibles o realizando actos de cuidado no exigidos legalmente, actúa como un auténtico ciudadano ecológico.

Sucede que muchas de las prácticas cotidianas sostenibles (como el reciclaje de basura o la instalación de bombillas de bajo coste) son recomendaciones públicas, antes que deberes legales. No son así directamente sancionables, si bien en España tampoco son —como ocurre con la devolución de botellas de plástico y vidrio en países como Alemania— objeto de retribución dineraria. Por su parte, el ahorro de energía y agua tiene un efecto directo en la economía doméstica, al reducirse la factura, con lo que no puede considerarse únicamente un acto de altruismo ambiental. Nos movemos, en fin, en una zona saturada de grises. A pesar de esa ambigüedad, el criterio de la legalidad versus moralidad constituye una buena guía para evaluar la medida en la que el ciudadano es —o deja de ser— un ciudadano ecológico.

Dentro de la esfera privada del individuo se incluyen tanto el conjunto de actitudes cívicas relacionadas con el medio ambiente (que van desde el reciclaje al ahorro de energía, pasando por una actitud amistosa hacia los animales o el mundo natural en su conjunto) como la ecologización del consumo (vale decir, la opción por productos o servicios más benignos con el medio, con objeto de enviar un mensaje al mercado acerca de los valores de quien consume). Este último fenómeno, el llamado consumo ecológico, ha ganado relevancia en la última década y merece ser destacado —entre otras cosas, porque apunta directamente al papel de las empresas y los ciudadanos en la transición de una sociedad insostenible a una sociedad sostenible, en el marco de una economía transformada con arreglo a líneas ecológicas, antes que reemplazada por un modelo estacionario que el ecologismo más realista parece ya haber abandonado.

El consumo ecológico supone la aplicación de criterios medioambientales a la elección de bienes y servicios en el mercado. Esto significa que el mercado puede cumplir una función transformadora, si los consumidores así lo quieren: no en vano, los problemas medioambientales también tienen su origen en las innumerables elecciones cotidianas que llevan a cabo millones de individuos en todo el mundo. Desde este punto de vista, puede contemplarse al consumidor verde como a la potencial fuerza conductora de la sostenibilidad a través del mercado (cfr. Seyfang, 2005 y Jackson, 2006). La política medioambiental ha ignorado durante demasiado tiempo esta faceta de la ciudadanía ecológica, quizá por el viejo prejuicio anticapitalista del ecologismo político. En realidad, parece difícil concebir una sociedad sostenible en la pobreza; no son pocos los que, desde el interior del movimiento verde, llaman a una renovación de esta parte del discurso del ecologismo (cfr. Nordhaus y Shellenberg, 2007).

En ese sentido, algunas investigaciones empíricas han demostrado que cuando el ciudadano consume en bienes y servicios que admiten alternativas más ecológicas, el rol de ciudadano es tan importante como el de consumidor para la toma de decisiones; no son, en fin, dimensiones necesariamente excluyentes (cfr. Berglund y Matti, 2006). Hasta el momento, sin embargo, no deja de ser un fenómeno minoritario, en parte por el sobreprecio que suele acompañar a los productos ecológicos.

2.6. Para definir al ciudadano ecológico

A la luz de estos indicadores, ¿qué es, entonces, un ciudadano ecológico? En realidad, es difícil establecer un criterio único con arreglo al cual atribuir a un ciudadano esta adjetivación. Si lo hiciéramos así, correríamos el riesgo de convertir esta categoría en una camisa de fuerza, en un atributo demasiado rígido para juzgar las opiniones y los comportamientos de los ciudadanos, que no poseen la misma cualidad estática que los conceptos que empleamos para aprehenderlos. Se trata, más bien, de emplear estas dimensiones de ciudadanía ecológica como un criterio para la identificación de ciudadanos virtuosos, distinguiendo grados distintos de compromiso medioambiental.

Para ello, podemos recuperar las categorías utilizadas anteriormente con objeto de caracterizar las posibles disposiciones ciudadanas hacia el medio ambiente: adhesión moral, cooperación voluntaria y participación activa. Cada una de estas disposiciones expresa, de menor a mayor, un grado distinto de compromiso con el objetivo de la sostenibilidad. El compromiso es mayor o menor según si se expresa únicamente en el terreno de los valores y las opiniones (adhesión moral), o, por el contrario, a ello se suman acciones voluntarias en cuidado del medio ambiente (cooperación voluntaria), e incluso un compromiso activo con la causa medioambiental a través de la participación política o cívica (participación activa).

Merece la pena hacer notar dos cautelas. En primer lugar, que no será ciudadano ecológico quien cumpla las leyes medioambientales sólo porque tal es su obligación legal: esta es una acción básica de ciudadanía —el cumplimiento de la ley—, pero no de ciudadanía ecológica —a pesar de que esa ley pueda tener contenido medioambiental—. Si no se introduce este matiz, privaríamos a la ciudadanía ecológica de todo contenido específico.

En segundo lugar, hay que recordar una vez más que no existe una sola forma de sostenibilidad. Por ello, no podemos identificar al ciudadano ecológico con una sola versión de la misma; por ejemplo, aquella que preconiza la máxima protección posible de las formas naturales. Es concebible que un ciudadano defienda una forma de sostenibilidad que ponga la justicia social por delante de la conservación de especies, o una sostenibilidad basada en el progreso tecnológico. Lo que cuenta, por tanto, es que el ciudadano posea conciencia del problema y defienda alguna versión de la sostenibilidad, con independencia del juicio moral que esta pueda merecer desde el punto de vista del defensor de otra versión distinta.

A partir de estas premisas, proponemos la siguiente definición de ciudadano ecológico: aquel ciudadano que, con un grado variable de compromiso, susceptible de manifestarse en diferentes esferas —moral, doméstica, pública— de distintas maneras, muestra una disposición suficiente a coadyuvar en la realización de alguna forma de sociedad sostenible.

Sobre la base de esta definición y de los indicadores descritos, correspondientes a las distintas dimensiones de la ciudadanía ecológica, procederemos ahora a aplicar este marco teórico a los datos empíricos disponibles sobre las opiniones y conductas medioambientales de los ciudadanos españoles.

3. La conciencia medioambiental en España

Después de haber introducido teóricamente la relación de la ciudadanía con la sostenibilidad y de haber definido al ciudadano ecológico, mediante el señalamiento de una serie de dimensiones propias del mismo, procede ahora emplear el material empírico disponible —sujeto aquí a un proceso de selección y decantación— con el fin de elucidar cuál sea el estado de la conciencia medioambiental de los ciudadanos españoles y el modo en que la misma se manifiesta prácticamente. Reproduciremos aquí la distinción entre valores y opiniones, de un lado, y actitudes y comportamientos, de otro, al tiempo que interpretamos los datos empíricos disponibles a partir de las dimensiones de ciudadanía justificadas teóricamente en el capítulo anterior. Es así como la ciudadanía ecológica funciona como marco para la teorización de los datos empíricos existentes.

Desde el punto de vista metodológico, se ha procedido a un análisis cuantitativo de los datos obtenidos en los estudios de opinión llevados a cabo en el periodo de análisis de referencia (1996-2007). Por lo tanto, la táctica metodológica empleada para comprobar tanto la existencia de conexión entre las variables independientes escogidas y los patrones concretos de la conciencia medioambiental de los ciudadanos españoles como la naturaleza de la misma ha sido esencialmente cuantitativa.

La mayor parte del estudio se ha ocupado en llevar a cabo un análisis descriptivo de las principales dimensiones, así como variables concretas dentro de cada dimensión, que componen la naturaleza de la ciudadanía y la conciencia medioambiental. Se han analizado, por tanto, estas diferentes dimensiones con la intención de proyectar una evolución temporal cuando los datos disponibles —fundamentalmente los procedentes del CIS— lo han hecho posible, al tiempo que nos valíamos de otras fuentes estadísticas cuando era necesario, sobre todo en el caso de la dimensión participativa, tanto a nivel individual como colectivo.

Se ha recurrido al análisis bivariable a través de tablas de contingencia cuando resultaba necesario a fin de generar un perfil sociodemográfico de la conciencia medioambiental en España con las clásicas variables de género, edad, nivel de instrucción y hábitat.

De esta manera, el estudio ha sistematizado en una única base de datos todos aquellos estudios dispersos, referidos en mayor o menor medida a cuestiones medioambientales, que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha venido realizando desde la segunda mitad de la década de los noventa (concretamente desde 1996) hasta la actualidad (fundamentalmente hasta 2007). Los estudios del CIS utilizados han sido los siguientes:

2742: Barómetro, noviembre 2007

2682: Ecología y medio ambiente, junio 2007

2635: Barómetro, febrero 2006

2590: Ecología y medio ambiente (II)

2557: Opiniones de los españoles sobre el medio ambiente

2390: Medio ambiente (ISSP)

2322: Barómetro, marzo 1999

2270: Latinobarómetro 1997 (II)

2209: Ecología y medio ambiente (I)

Como podrá comprobarse, el análisis se ha concentrado en la evolución temporal observada desde mitad de la década de los noventa hasta nuestros días. Se han utilizado más de una decena de estudios procedentes del CIS, con submuestras lo suficientemente significativas para cada una de las comunidades autónomas. Asimismo, y como se ha destacado en algún momento del análisis, se ha considerado oportuno tomar en consideración, con un ánimo fundamentalmente comparatista, datos procedentes de otras fuentes —entre las que se cuentan la Encuesta Mundial de Valores y algunas breves referencias a resultados extraídos de la European Social Survey y de los Eurobarómetros especiales de la Comisión Europea acerca de las actitudes medioambientalistas de los ciudadanos de la Unión (Comisión Europea, 2005a, 2005, 2007).

En todo momento se ha utilizado la versión 15.0 del paquete de análisis estadístico cuantitativo SPSS.

Datos: dimensiones del análisis

Las dimensiones del análisis de la conciencia y práctica medioambiental de los españoles —indicadores a su vez de ciudadanía ecológica— son las siguientes[4]:

Concepción del medio ambiente.

Percepción de los problemas medioambientales y de su relevancia pública.

Información y medio ambiente.

La consecución de la sostenibilidad: Estado, sociedad, mercado.

Actitudes individuales, I: esfera doméstica y consumo privado.

Actitudes colectivas, II: participación política y cívica.

Datos: dificultades técnicas encontradas

En el análisis de cada una de las dimensiones hemos encontrado algunos problemas técnicos y metodológicos que pasamos a relatar de forma breve:

— Los estudios referidos a cuestiones medioambientales tienen una fecha muy tardía de inicio. Pese a la existencia de algunos estudios acerca del uso de la energía nuclear a finales de los años setenta y principios de los ochenta, no existen referencias a variables de conciencia medioambiental hasta la segunda mitad de los años noventa. Esto imposibilita llevar a cabo series temporales más extensas.

— No existen muchos puntos temporales para la comparación más o menos exhaustiva de la mayor parte de las variables. Tan sólo los estudios referidos a 1996 y 2005 ofrecen un panorama específico de variables relacionadas con el medio ambiente. Se echa en falta la existencia de uno o dos estudios en profundidad en el periodo intermedio, lo cual hubiese ayudado a destacar la verdadera naturaleza del cambio producido.

— En muchas ocasiones, las preguntas cambian sensiblemente y, sobre todo, lo hacen las categorías de respuesta. De esta forma, resulta muy arriesgado a veces, cuando no imposible, proceder a la comparación de variables. Nos encontramos, así pues, en algunas ocasiones, con un catálogo amplio pero muy disperso de preguntas puntuales pero sin continuidad. Esto es, la información para momentos temporales concretos es interesante pero no nos posibilita en la mayor parte de los casos realizar análisis sobre la evolución de la misma. Quiere decirse que existen muchas preguntas sobre una serie de variables muy aisladas, que aparecen en un estudio y no vuelven a aparecer posteriormente. Ello ha dificultado enormemente la producción de series temporales.

3.1. Valores y opiniones

3.1.1. La concepción del medio ambiente

Cuando a los españoles se les pregunta por su visión de la naturaleza y se les ofrece un abanico de posibilidades dentro del continuo antropocentrismo-ecocentrismo, se nos aparece un ciudadano español medio con una notable conciencia ecológica —por más que esa conciencia, como veremos, no se refleje después en su comportamiento.

Más concretamente, la naturaleza es percibida no como recurso, sino como un delicado equilibrio (7,1 en una escala de 10), mientras que se considera a los animales como seres que sienten igual o de manera parecida a los hombres, con el consiguiente rechazo de utilización con fines estéticos o de entretenimiento (71% de los españoles). Esto se refleja en una concepción intuitiva de la naturaleza sorprendentemente cercana a la concepción defendida por el ecologismo: es bella (6,2 en continuo de 10), pura (5,9), armónica (5,5) y como un conjunto de elementos interconectados (5,3). Se propende, por lo tanto, hacia una visión holista del mundo natural, antes que a su fragmentación cientifista y a su consideración como recurso. De ahí que la idea de que los animales y las plantas están para ser usados por el hombre no alcance el aprobado[5].

Sin embargo, por otra parte, cuando se interroga a los ciudadanos por el contenido del medio ambiente, nos topamos con una curiosa concepción omnicomprensiva, donde prácticamente todo puede tener cabida dentro de la categoría medio ambiente (tabla 1). Esto revela una visión algo confusa de lo que sea el medio ambiente, identificado aquí con el más vago entorno. En cualquier caso, algunos elementos como el espacio físico del monte, el mar o las zonas verdes urbanas, así como el agua que bebemos y el aire que respiramos, aparecen comunes a la mayoría de las percepciones.

Tabla 1. Definición de medio ambiente (%)

Pregunta: A continuación voy a leerle una lista de cosas. Querría saber, en su opinión, qué cosas, de las siguientes, constituyen el medio ambiente.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudio 2209, de mayo de 1996).

3.1.2. Percepción de los problemas medioambientales y de su relevancia pública

Después de la concepción general del medio ambiente, e influida directamente por esta, viene la percepción ciudadana de lo que sea un problema medioambiental y la prioridad que haya de otorgarse a su resolución.

En este sentido, no es una sorpresa que los ciudadanos españoles releguen los problemas relacionados con el medio ambiente a las últimas posiciones, cuando se les interroga acerca de los principales problemas que aquejan al país (tabla 2). Frente a problemas de gran calado social como el terrorismo, que supera con creces el 30% y en ocasiones ha llegado hasta más del 70% de los encuestados, o el desempleo, con una media del 50%, las cuestiones medioambientales nunca han superado un magro máximo histórico del 4%, con la notable excepción de nuestro punto de partida en 1996, cuando nos encontramos con un 23,6%[6]. En el 2006 es del 3%, para aumentar mínimamente hasta el 3,7% en el año 2007.

Tabla 2. Los problemas ecológicos en el conjunto de los problemas ciudadanos (%)

Pregunta: «Para empezar me gustaría que me dijera, de entre los siguientes, ¿cuáles son los tres problemas más importantes para Ud. en estos momentos?» (MULTIRRESPUESTA).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudios 2209, 2635 y 2742).

Sin embargo, esta cierta marginación de los problemas medioambientales en relación a otros problemas sociales parece compatible con la atribución de una notable urgencia a las medidas necesarias para su resolución (tabla 3). Esta paradójica circunstancia se pone de manifiesto en aquellos datos empíricos que se refieren a la prioridad que los ciudadanos otorgan al abordaje —público, se entiende— de los problemas ambientales. Así, en 1996 la conservación del medio ambiente es un problema inmediato y urgente para más del 72% de la población; un año después casi el 85% de los encuestados declaran que «es un problema urgente que debe enfrentarse hoy». De esta forma, si en 1996 el 20% de la población piensa que es un problema de cara al futuro, sólo un año después el porcentaje desciende al 7%, lo que podría suponer un claro aumento de la conciencia medioambiental. Sin embargo, en 1999, desciende drásticamente al 64% quienes otorgan una mayor urgencia a la solución de este tipo de problemas. En 2005, la situación vuelve a unos niveles muy parecidos a los de nueve años antes, con un 72,6% en la consideración de urgencia frente al 31% que sitúa la conservación del medio ambiente como un problema de futuro.

Tabla 3. Grado de inmediatez e importancia para solucionar los problemas medioambientales (%)

Pregunta: Para Ud. la conservación del medio ambiente es...

Las submuestras son considerablemente pequeñas, por lo que el margen de error aumenta notoriamente.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudios 2209, 2270, 2322 y 2590).

Puede así comprobarse qué distinto resulta juzgar los problemas medioambientales en conexión con otros problemas de la agenda social y política, en lugar de hacerlo aisladamente; es decir, que aunque pueda expresarse un alto grado de conciencia ambiental, esta debe contrastarse verdaderamente cuando los bienes ambientales entran en conflicto con otra clase de bienes sociales. Es, si se quiere, la diferencia entre expresar una preocupación moral y una preferencia política. Es en este punto donde el medio ambiente está lejos aún de constituirse en una verdadera prioridad social.

Tabla 4. Estado general del medio ambiente en España (%)

* Muy bueno + Bueno.

Pregunta: ¿Cómo calificaría el estado del medio ambiente en España?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudios 2209, 2322 y 2742).

Podría esperarse que esta afirmación del medio ambiente como problema inaplazable, o al menos difícilmente postergable, tuviera su expresión en el enjuiciamiento del estado del medio ambiente en España (tabla 4). A este respecto, nos encontramos con el mantenimiento de porcentajes muy similares desde finales de la década de los años noventa y hasta la actualidad. El estudio CIS 2209 de 1996 señala que casi la mitad de los encuestados (48,5%) califica la situación del medio ambiente en España como regular; hay que sumar a esta cifra el 24,6% que la califica de mala y el 6,8% de muy mala. Es decir, que más del 30% de la población tiene una percepción negativa del hábitat circundante, frente al 15,9 que piensa lo contrario. En 1999, los porcentajes son muy similares: ahora es el 28% quienes declaran negativa la situación, frente al 14% que afirman que el estado es bueno o muy bueno. En el X Latinobarómetro, en 2007, la situación no ha cambiado en exceso. Se mantiene el porcentaje de eco-optimistas en torno al 14%, si bien aumenta hasta el 36,4 el de quienes ven el entorno medioambiental de una manera mucho más negativa.

De este modo, puede observarse que a pesar de no ocupar un lugar destacado entre los problemas sociales más acuciantes, el medio ambiente es contemplado con preocupación por cerca del 80% de la población. Digamos que el medio ambiente no es el único problema de la sociedad española, ni el más urgente si se trata de establecer una jerarquía entre los mismos, pero sí que constituye una preocupación al alza y necesitada de solución, una situación que incide en la vida cotidiana de las personas y que tiene una materialización efectiva (tablas 5 y 6).

Tabla 5. Percepción ciudadana de los cambios producidos para la mejora del medio ambiente (%)

Pregunta: Vamos a hablar ahora de las modificaciones que se han producido en el entorno de su ciudad o pueblo. ¿Cree Ud. que en los últimos 10 años se han producido cambios que hayan mejorado el medio ambiente de su ciudad o pueblo?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudio 2209, mayo de1996).

Tabla 6. Percepción ciudadana del deterioro general del medio ambiente (%)

Pregunta: ¿Y, en los últimos 10 años, se han producido cambios que hayan deteriorado el medio ambiente de su ciudad o pueblo?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudios 2209 y 2590).

Ahora bien, sentada esta preocupación general, ¿cuáles son los problemas medioambientales concretos que citan los ciudadanos como más directamente relacionados con sus entornos vitales? Esta dimensión de la conciencia ambiental ciudadana es significativa, por cuanto permite deducir también cuál es el mapa cognitivo del ciudadano en relación con el medio ambiente: la preocupación es un reflejo de la percepción. Los estudios Ecología y medio ambiente (I) de 1996, y la réplica Ecología y medio ambiente (II) de 2005, nos permiten establecer una comparación diacrónica que distingue útilmente, además, entre distintos niveles territoriales (tabla 7):

a) Problemas medioambientales locales. Respecto del ámbito más inmediato —barrio, pueblo o ciudad— de los individuos, se les pregunta por los dos problemas ecológicos más importantes. La suciedad y la falta de limpieza en las calles aparecen en primer lugar (21,9%), seguida de la contaminación (18,2%) y el tráfico (entendido como un excesivo número de automóviles). Destaca, en cualquier caso, el importante número de encuestados que responden «No sabe» (24%). En el lado opuesto de los problemas menos relevantes se encuentran las centrales nucleares, la desertización y deforestación, la sequía o la falta de educación medioambiental. Nueve años después, la misma pregunta arroja resultados no demasiado diferentes. La suciedad, pese a perder algún peso específico, sigue estando en primer lugar, seguida de la contaminación atmosférica (16,5%), el tráfico (14,9%) y la falta de equipamientos para el cuidado medioambiental (14,1%). Por el contrario, mucha menor presencia tienen la ausencia de energías limpias, la contaminación lumínica, la desaparición de las especies o la construcción en espacios naturales.

b) Problemas medioambientales nacionales. En el ámbito del país en su conjunto, a la altura de 1996, ocupaban los primeros lugares la contaminación general (23,3%), los incendios (19,8%) y la contaminación industrial (12,1%). En los últimos, encontramos la falta de equipamientos (1,1%), las centrales nucleares (2,5%), la contaminación acústica (2,5%) o la ausencia de zonas verdes (2,6%). Vuelve a destacar el elevado porcentaje de encuestados que optan por el «No sabe». La repetición de la pregunta en 2005 vuelve a situar a la contaminación atmosférica general en el primer lugar (23,1%), seguida de la contaminación industrial (20%) y el tráfico con casi el 15%. En el otro extremo, de nuevo la contaminación lumínica, la falta de energías limpias, la pérdida de tierras de cultivo o la construcción de los espacios naturales, todos ellos por debajo del 1%.

Tabla 7. Estado del medio ambiente en España a distintos niveles (%)

Pregunta: ¿Y cuáles, según Ud., son los dos problemas más importantes, relacionados con el medio ambiente, en…?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudios 2209 y 2590).

c) Problemas medioambientales globales. A nivel mundial, también la contaminación ambiental aparece como el principal problema (21,4%), con la deforestación, la desaparición de zonas naturales y especies animales (13,7%) en segundo lugar y a considerable distancia; la falta de conciencia ecológica, cabe señalar, se sitúa al final. En esta ocasión, el porcentaje de «No sabe» es incluso superior al 30%. El estudio CIS 2590, nueve años más tarde, vuelve a situar a la contaminación atmosférica general en la primera posición, con casi el 23% de las respuestas, seguida del denominado «efecto invernadero» con un 19%. La pérdida de tierras de cultivo o la falta de energías limpias ocupan un lugar sin apenas relevancia, volviendo a destacar una vez más el alto grado de declaraciones de ignorancia —un «no saben» sobre el que más abajo volveremos.

Cuando se trata, en cambio, de establecer una jerarquización no tanto entre los problemas medioambientales y los demás problemas sociales, sino entre aquellos, de tal manera que la solución de algunos tenga preferencia sobre otros, se da una constante entre los ciudadanos españoles: el señalamiento de la escasez de agua como problema que demanda soluciones inmediatas (tabla 8.1). Nunca obtiene porcentajes por debajo del 70%. En segundo lugar, aparecen entrelazados entre 1996 y 2005, con porcentajes que oscilan entre el 65 y el 70%, la pérdida de tierras de cultivo y la desaparición de especies animales y vegetales. Más recientemente, en coincidencia con el cénit del boom inmobiliario español, la ocupación de espacios naturales por urbanizaciones se sitúa entre los primeros lugares desde 2005; por su parte, los incendios forestales de 1996 otorgan a los mismos el primer puesto en ese mismo año, con un 80,8% de las respuestas, que como vemos son muy sensibles a las emergencias y su reflejo en los medios de comunicación. Sin embargo, la erosión del suelo y la desertificación ha dejado de ser un problema de gran inmediatez en su percepción en 2005 si lo comparamos con 1996.

Tabla 8.1. Percepción de la importancia de determinados problemas medioambientales (grado de inmediatez en su alcance) (%)

Pregunta: En concreto, a Ud. le parece un problema inmediato, un problema de cara al futuro o no le parece un problema…

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudios 2209 y 2590).

Finalmente, podemos trazar una evolución de la preocupación ambiental media de los españoles desde 1996, con arreglo a una escala del 0 al 10, donde el 0 es nulo y el 10 total preocupación. Aquel año, la media era de 6,68 (con una desviación típica de 2,00); en el año 2005, aumenta a 6,84 (desviación de 1,80). Se ha producido así un ligero aumento, acompañado de un mayor consenso social, como demuestra el descenso en la dispersión de valoraciones.

Tabla 8.2. Percepción de la importancia de determinados problemas medioambientales (grado de importancia) (%)

Pregunta: Le voy a leer otra serie de problemas relacionados con el medio ambiente. Para cada uno de ellos quisiera que me dijera si, para Ud., personalmente, es un problema muy importante, bastante, poco o nada importante.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudios 2209 y 2590).

Antes de terminar con este apartado, es conveniente resaltar cómo la recurrente costumbre de los ciudadanos de responder «No sabe» a muchas de las preguntas sobre medio ambiente y sociedad apunta en la dirección de su escasa capacidad para ponderar los problemas medioambientales básicos, así como, consiguientemente, la importancia crucial de la información ambiental. Los ciudadanos establecen una identificación aparentemente intuitiva entre problemas ambientales y entorno cotidiano inmediato (contaminación atmosférica, industrial, tráfico), soslayando en cambio problemas de alcance más amplio, pero menor presencia en el contexto en que se desenvuelven sus vidas.

Naturalmente, esta falta de información ambiental sugiere un problema mayor: que el conjunto de las valoraciones que sobre el medio ambiente realizan los ciudadanos vienen lastradas por una llamativa ausencia de conocimiento y reflexión sobre el asunto. Este déficit informativo y aun cognitivo —en la medida en que el ciudadano propende a una visión sesgada e incompleta de la realidad, algo que no se refleja en sus juicios, sino en su descripción de la misma— no puede considerarse excepcional o exclusivo del medio ambiente, sino que más bien supone la manifestación en este ámbito de una general falta de atención ciudadana a las circunstancias y los detalles de la vida pública, mal endémico de la ciudadanía española que no podía dejar de reflejarse también en esta esfera.

3.1.3. Información y medio ambiente

Toca ahora preguntarse de dónde obtienen los ciudadanos la información que sustenta sus juicios sobre la situación del medio ambiente y su relación con el sistema social. Para el estudio de esta dimensión de la conciencia ambiental ciudadana hemos distinguido cuatro subdimensiones de análisis: grado de información sobre el medio ambiente, interés en el seguimiento de las noticias relacionadas con la cuestión, medio utilizado para obtener esa información, y fuente o plataforma más fiable para obtener la misma.

Tabla 9. Grado de información personal sobre el medio ambiente (%)

Pregunta: ¿Se considera Ud. muy informado, bastante, poco o nada informado acerca de los problemas del medio ambiente?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudios 2209 y 2590).

En cuanto a la primera cuestión, un 4% de los encuestados se declara muy informado en 1996, mientras que más del 35% se juzga bastante informado (tabla 9). Sin embargo, destaca casi el 50% que admite estar poco informado. Nueve años después, la cifra aumenta y ahora es más de la mitad de la población (54,5%) la que revela estar poco informada, lo que disminuye tanto el porcentaje de los muy informados (2,9%) como el de los bastante informados (32%). Aunque la escasez de estratos intermedios nos impide extraer conclusiones inequívocas, parece existir una tendencia a la baja en el grado de información medioambiental de los españoles —quizá porque el ciudadano toma conciencia de su déficit de información a medida que el medio ambiente se hace más presente en la agenda pública.

Gráfico 1. Grado de interés con el que sigue noticias relacionadas con el medio ambiente (%)

Pregunta: ¿Con qué interés sigue Ud. las noticias relacionadas con los problemas del medio ambiente: con mucho, bastante, poco o ningún interés?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudios 2209, 2590 y 2742).

Pese a ello, sí puede constatarse un ligero aumento del interés del ciudadano por informarse sobre estas cuestiones (gráfico 1). Nuestro estudio CIS de 1996 revelaba casi un 60% de encuestados muy o bastante interesados a la hora de seguir noticias medioambientales. Ligeramente superior es el porcentaje en 2005, en torno al 63%, disminuyendo al mismo tiempo el número de quienes muestran un escaso o nulo interés en estos asuntos. El salto cualitativo se produce en 2007, cuando aumenta hasta el 75,2% los que otorgan mucho o bastante interés al seguimiento de la información ecológica. La tendencia en el interés por estos asuntos resulta, por lo tanto, ser claramente creciente. Queda por responder la pregunta de por qué el ciudadano interesado en informarse no es, también, un ciudadano informado, ya que nada parece impedir su acceso a la información ambiental y puede pensarse, por consiguiente, que su deseo de información no es tan firme como declara.

En lo que se refiere a los medios más empleados para obtener la información ambiental, la televisión no admite comparaciones con ningún otro —de acuerdo con el patrón general de consumo de medios propio de los ciudadanos españoles (tabla 10)—. Si en 1996 más de siete de cada diez españoles escogieron este medio para seguir este tipo de noticias, en 2005 el porcentaje no es mucho menor, situándose cerca del 69%. Bien es cierto que los resultados no son directamente comparables, pues mientras que el estudio CIS de 1996 no admite opción de respuesta múltiple, en el de 2005 los porcentajes son acumulados con un máximo de tres respuestas. Es, en todo caso, cuestión de matiz: la televisión es la fuente principal de información —ambiental y no ambiental— de los españoles. La prensa sigue siendo el segundo de los medios más utilizados, mientras que la radio permanece en tercer lugar. Y también las campañas publicitarias de algunas compañías energéticas, consideradas como informativas por más que no aspiren a serlo; otra prueba de la poca sutileza de los ciudadanos españoles a la hora de entablar su relación con los media.

Tabla 10. Plataformas utilizadas para informarse sobre el medio ambiente (%)

Pregunta: SÓLO A QUIENES SIGUEN LAS NOTICIAS RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE CON MUCHO O POCO INTERÉS. ¿A través de qué medio principalmente se entera Ud. de este tipo de noticias? (UNA RESPUESTA).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudios 2209 y 2742).

Tabla 11. Plataformas informativas más fiables (%)

Pregunta: De las siguientes fuentes de información sobre el medio ambiente, ¿cuáles son las dos que considera más fiables? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudios 2209 y 2590).

Esto no deja de ser sorprendente, si se pone en relación con una cuestión distinta, a saber, el juicio sobre la fiabilidad de unos medios sobre otros a la hora de proporcionar información ambiental (tabla 11). A este respecto, las asociaciones ecologistas son consideradas como la fuente más fiable para obtener información medioambiental en 1996, con más del 60% de apoyo popular, si bien su caída en 2005 las sitúa en tercer lugar con tan sólo el 13%. El relevo es tomado por los medios de comunicación, que del 21,8% de 1996 pasan a un 85,3% en 2005. Las publicaciones e informaciones procedentes de los científicos pasan del reseñable 34% de 1996, al 13,8 de 2005, conservando en cualquier caso el segundo lugar.

En cuanto al perfil sociodemográfico —quién sigue estas noticias— nos encontramos con el solo criterio de la mayor educación como razón diferencial de los distintos acercamientos a la información; criterio, por lo demás, previsible: es razonable suponer que recibe más noticias ambientales quien más noticias recibe (tabla 12). No obstante, a la luz de los resultados puede establecerse un mínimo perfil, donde el hombre tiene una mayor implicación, donde las cohortes centrales de edad (30-45 y 45-60) parecen estar más involucradas, donde el nivel educativo —tal y como se ha comentado ya— parece importar y donde el tamaño del municipio, a partir de la barrera de los 50.000 habitantes, podría tener un efecto positivo sobre el interés en seguir el espectro de noticias medioambientales.

Puede así concluirse, en fin, que el ciudadano español se informa poco y mal acerca del medio ambiente, aunque manifiesta la intención de informarse más y mejor. Ya hemos subrayado la importancia decisiva que tiene una suficiente información ambiental por parte del ciudadano, por cuanto sin esta no queda claro cuál sea el fundamento del resto de los juicios que aquel emita sobre el medio ambiente y la política de sostenibilidad. Si subrayamos el vínculo entre ciudadanía y participación, sea cual sea la forma que esta adopte, bien puede decirse que un ciudadano desinformado no es un ciudadano, por la sencilla razón de que no puede serlo; al menos, no en el sentido aquí adoptado de persona con una cierta orientación hacia los asuntos públicos. Y todo indica que la mayoría de los ciudadanos carece de la información y el conocimiento necesarios para poner en práctica su conciencia medioambiental, de modo que esta deje de ser una mera declaración de intenciones, para producir algún impacto en el mundo real. Hasta el momento, sin embargo, el coste de oportunidad de semejante curso de acción parece mayor que su contrario.

Tabla 12. Perfil sociodemográfico del interés en el seguimiento de las noticias relacionadas con el medio ambiente (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudio 2209, mayo de 1996).

3.1.4. La consecución de la sostenibilidad: Estado, sociedad, mercado

En este y en los siguientes apartados trataremos de verificar a través del análisis de los datos disponibles una serie de realidades relacionadas con la predisposición y capacidad efectiva de los españoles a la hora de lograr un equilibrio entre la conservación del medioambiente y las exigencias del crecimiento económico. En este sentido, se atenderá, entre otras cuestiones, a la observación del grado de sacrificio que los ciudadanos están dispuestos a asumir y su relación con las responsabilidades concretas asumidas. Asimismo se aportarán evidencias acerca de la evolución de la cultura medioambiental española y el cuidado real del medioambiente.

A. La preferencia medioambiental

Hay que empezar por preguntarse cómo percibe el ciudadano español la aparente dicotomía entre conservación y desarrollo: si como términos incompatibles o eventualmente compatibles (tablas 13.1, 13.2 y 13.3). Y ello porque sólo allí donde se percibe un conflicto entre el medio ambiente y otras políticas sociales cabe hablar de una preferencia en favor de aquel. En este sentido, el 72% de los españoles coincidía en afirmar en 1996 que el desarrollo económico era perfectamente compatible con la conservación de la naturaleza. En 2004, sólo el 23,5% pensaba que el crecimiento económico es siempre perjudicial para el medio ambiente; en 2006, únicamente el 15% se mostraba de acuerdo con la idea de que «para garantizar el desarrollo económico, aunque nos duela, hay que deteriorar el medio ambiente». Se puede constatar así una apuesta ciudadana por la reconciliación del medio ambiente y el crecimiento económico, en línea con los ya descritos postulados de la modernización ecológica. No obstante, hay que mostrarse cautelosos al respecto de si esa toma de posición manifiesta un deseo o expresa un juicio meditado de valor.

Tabla 13.1. Economía vs. medio ambiente (In-compatibilidades I) (%)

Pregunta: ¿Con cuál de estas frases está más de acuerdo?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudio 2209, mayo de 1996).

Tabla 13.2. Economía vs. medio ambiente (In-compatibilidades II) (%)

Pregunta: ¿Con cuál de estas frases está más de acuerdo?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudios 2270 y 2322).

Ahora bien, el ciudadano español sí expresa una preferencia medioambiental para el caso en que esos dos valores —sostenibilidad y desarrollo— entren en conflicto. Existe así unanimidad a la hora de señalar que debería darse prioridad a la protección del medio ambiente, aunque ello signifique ralentizar el crecimiento económico. Ello es así para casi el 80% de la población encuestada en 1997, y para el 74% en 1999. Entre los sectores económicos más agresivos hacia el medio ambiente se encuentran —significativamente— la energía nuclear, así como la industria y el sector inmobiliario, mientras que otros son percibidos de una forma mucho más benévola: trasvases, embalses, agricultura o parques deportivos. Ahora bien, estos resultados deben ser puestos en cuarentena, hasta tanto no se disponga de datos acerca del modo en que la actual crisis económica pueda afectar a esta preferencia ambiental ciudadana, expresada, a fin de cuentas, en el curso de un ciclo de bonanza económica que se ha prolongado por espacio de unos quince años, facilitando una disposición a sacrificar el crecimiento económico antes abstracta que concreta. Esta misma cautela debe ser aplicada a la pregunta acerca del grado de sacrificio personal que el ciudadano declara estar dispuesto a hacer en beneficio del estado del medio ambiente.

Tabla 13.3. Economía vs. medio ambiente (In-compatibilidades III) (%)

Pregunta: Y respecto a las siguientes afirmaciones, ¿en qué medida está Ud. de acuerdo, o en desacuerdo, con cada una de ellas?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudio 2557, mayo de 2004).

Tabla 14. Disponibilidad personal al sacrificio por razón medioambiental (%)

Pregunta: Se dice que la protección al medio ambiente sólo se logrará cuando colaboren los ciudadanos, es decir, cuando cada uno haga un esfuerzo personal. Usando una escala de 1 a 10, en la que «1» quiere decir que no me sacrifico y «10» dispuesto a sacrificarme muchísimo, ¿en qué medida está Ud. dispuesto a sacrificarse personalmente?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudio 2557, marzo de 2004).

En relación a ello, el CIS ha venido haciendo una serie de preguntas acerca del grado de disponibilidad personal para sacrificarse en favor del medio ambiente. En 2004, en una escala del 1 al 10 (donde el 1 quiere decir no me sacrifico y el 10 estar dispuesto a sacrificarme muchísimo), los españoles se situaban en una puntuación media de 7,32 (tabla 14). Existe además, y como puede comprobarse más adelante en la tabla 16, un apoyo verbal importante a la práctica de cierto tipo de actos ecologistas, como participar en manifestaciones y actos de protesta para la defensa del medio ambiente o colaborar con grupos ecologistas para impedir el desarrollo de una actividad económica que perjudique el medio ambiente en su localidad o alrededores.

Tabla 15. Sacrificios concretos (%)

Pregunta: ¿Y Ud., personalmente, hasta qué punto estaría dispuesto a...?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudio 2557, marzo de 2004).

Y sucede que, si indagamos acerca de sacrificios concretos en defensa medioambiental, yendo del terreno de las declaraciones al terreno de los hechos, nos encontramos con una evidente contradicción entre la conciencia ambiental expresada y el estilo de vida adquirido con el estatus socioeconómico (tablas 15 y 16). Así, casi la mitad de la población se mostraba fuertemente contrariada en 2004 ante la idea de pagar precios más elevados para proteger el medio ambiente, mientras que poco más de un cuarto de la misma estaría dispuesto a hacerlo. Mayor es el porcentaje de quienes se negarían a pagar muchos más impuestos con la misma finalidad. Igualmente próximos al 50% son los que declaran no aceptar recortes en el nivel de vida con el ánimo de proteger el medio ambiente.

Con anterioridad, en el año 1996, las distintas medidas propuestas son aceptadas como posibles en su actividad por la mitad más o menos de la población, destacando ligeramente la disponibilidad para colaborar con grupos ecologistas.

Tabla 16. Grado de disponibilidad para mejorar el medio ambiente (%)

Pregunta: ¿Y Ud., personalmente, estaría dispuesto a…?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudio 2209, mayo de 1996).

No obstante, un reciente estudio del CIS de 2007 nos sugiere que, en relación con los hábitos de consumo y estilo de vida, la población se muestra mucho más concienciada en los últimos años, dentro de la corriente que ha venido denominándose como consumo responsable (tabla 17). Así, el 47,6% declara estar dispuesto con total seguridad a modificar sus hábitos con el objetivo de adaptarse al cambio climático y al calentamiento global, a lo que hay que sumar un 40% que probablemente lo haría. Estos últimos datos parecen responder a cierta percepción de crisis ambiental, que llevaría a la necesidad de realizar tales sacrificios, que por lo demás deben aún ser ratificados en la práctica. Es menos seguro que los ciudadanos aceptasen masivamente tales cambios en el estilo de vida con objeto de, por ejemplo, elegir un modelo conservacionista de sostenibilidad en lugar de otro más continuista con el actual modo de vida. Aquí es donde el debate público en torno a la sostenibilidad debe incidir, porque no se trata tanto de elegir entre supervivencia o extinción cuanto entre distintos modos de hacer sostenible la sociedad, eligiendo unos valores sobre otros.

De este modo, la pregunta acerca de la preferencia medioambiental de los ciudadanos españoles arroja unos resultados ambiguos. Si, por una parte, los ciudadanos desean que exista una compatibilidad entre sostenibilidad y desarrollo, por otra otorgan preferencia al medio ambiente sobre el crecimiento económico si es necesario elegir entre dos valores en conflicto, pero rechazan en su mayor parte ser los protagonistas de los sacrificios personales necesarios para realizar esa preferencia. Se trata de un patrón de respuestas más bien inconsistente, que parece reflejar una vez más un fuerte contraste entre las elecciones abstractas del ciudadano y las consecuencias concretas que se derivarían de las mismas. Quizá encontremos una explicación a esta aporía en la elección de las concretas políticas de sostenibilidad preferidas por el ciudadano.

Tabla 17. Modificación de hábitos de consumo (%)

Pregunta: Personalmente, ¿estaría Ud. dispuesto a modificar sus hábitos de consumo y/o estilo de vida para adaptarse al proceso de cambio climático y de calentamiento global?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudio 2742, noviembre de 2007).

B. Las políticas de sostenibilidad

No hay dudas, por lo tanto, cuando se trata de expresar la relevancia comparativa que se concede a la política medioambiental en relación a otras áreas de política pública: los ciudadanos expresan, cuando menos, un deseo de paridad que no sitúa a la política económica por encima de la ambiental. A su vez, esto es un reflejo de la importancia que ha adquirido el medio ambiente a ojos de los ciudadanos, a consecuencia del paulatino cambio en su percepción de la naturaleza y de la plena conciencia del vínculo entre medio ambiente y calidad de vida. Sin embargo, la expresión de esta preferencia abstracta no es suficiente: no nos dice cómo desean los ciudadanos que se materialice. Esto es, mediante qué herramientas, con qué medios y con preferencia a qué otros debe caminarse hacia la sociedad sostenible. ¿Cuáles son las políticas de sostenibilidad elegidas por los ciudadanos?

Pues bien, no es sorprendente que los ciudadanos españoles opten mayoritariamente por un enfoque top-down, vale decir, de imposición pública de normas restrictivas de las conductas privadas. Esto puede deberse bien a un realismo que reconoce la dificultad de alcanzar la sostenibilidad mediante cambios voluntarios de conducta, bien a una suerte de reflejo estatalista que externaliza las responsabilidades y las sitúa únicamente en manos del Estado. Se diría, en este sentido, que los ciudadanos españoles no acaban de reconocer el papel que deben jugar ellos mismos en la realización de la sostenibilidad, por medio de cambios voluntarios de conducta y estilo de vida que en muchas ocasiones el Estado, sencillamente, no puede imponer por elementales razones de respeto a las concepciones individuales del bien.

Hay que comenzar por señalar que, a pesar de la disponibilidad declarada de los ciudadanos españoles a proteger el medio ambiente con su propio sacrificio personal, es generalizado el escepticismo acerca de las mejoras que puedan lograrse mediante la sola acción individual. La ciudadanía ecológica no podría provocar un cambio estructural. Así, son mayoría quienes piensan que «no tiene sentido que yo personalmente haga todo lo que pueda por el medio ambiente, a menos que los demás hagan lo mismo». Ello queda patente tanto en el estudio CIS 2557 de 2004 como en el más reciente 2742 de 2007 (tabla 18). Es una suerte de dilema del prisionero, donde el ciudadano condiciona en gran medida su esfuerzo al esfuerzo condigno de todos los demás, por juzgar inútil aquel en ausencia de estos. La conducta ambientalmente virtuosa parece percibirse como un coste y no como un bien en sí mismo, porque parece adquirir un valor instrumental. Si el ciudadano se sacrifica, es que no ha asimilado aún los valores culturales que le permitirían percibir su cambio de estilo de vida como expresión de una mejor concepción particular del bien, antes que como un deber legal o una imposición estatal. Esta tensión entre deber y virtud está en el centro de la ciudadanía ecológica y de las políticas de sostenibilidad.

Tabla 18. Autopercepción de la capacidad de influir en el medio ambiente (%)

Pregunta: ¿En qué medida está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las afirmaciones siguientes?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudio 2742, noviembre de 2007).

Importante es reseñar que para más del 60% de los entrevistados existe la sensación de que los esfuerzos individuales resultan vanos si las empresas e industrias contaminantes no caminan en la misma dirección. Es interesante añadir aquí otra subdimensión al análisis, con el fin de determinar qué percepción tienen los españoles de sus propios conciudadanos a la hora de tratar problemas medioambientales. A este respecto, nos encontramos con que en 1996 la respuesta mayoritaria —seis de cada diez españoles— es que a los compatriotas «aunque les inspire respeto, no están suficientemente preocupados por los problemas del medio ambiente». En 2005 el porcentaje disminuye hasta el 48%, aumentando así la percepción de que los españoles sienten respeto por el medio ambiente. Sin embargo, crece en más de diez puntos la percepción negativa de los demás, para aproximarse al 30% el porcentaje de quienes creen que sus conciudadanos «tienen poco respeto por el medio ambiente». Esto se refleja en el escaso crédito que se concede a la preocupación ajena por el medio (tabla 19).

Tabla 19. Cultura de los españoles hacia el medio ambiente. Situación y causas (%)

Pregunta: Para empezar, vamos a hablar de la actitud de los españoles ante los problemas del medio ambiente, ¿cree Ud. que los españoles, en general...?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudios 2209 y 2590).

Tabla 20. Causas de la falta de cultura medioambiental (%)

Pregunta: SÓLO A QUIENES OPINAN QUE LOS ESPAÑOLES TIENEN MUY POCO RESPETO Y PREOCUPACIÓN POR LOS PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE. ¿Y cree Ud. que esto se debe a...?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudios 2209 y 2590).

Gráfico 2. Grupos sociopolíticos que más se preocupan por el medio ambiente (sólo para 1996) (%)

Pregunta: De los siguientes grupos e instituciones, ¿quiénes cree Ud. que tienen más respeto y preocupación por el medio ambiente?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudio 2209, mayo de 1996).

No obstante, y tal y como se recoge en la tabla 20, los ciudadanos se autovaloran como el grupo social más comprometido con la defensa del medio ambiente, a mucha distancia de los sindicatos y de los partidos políticos en último lugar.

Si indagamos en esta supuesta falta de cultura medioambiental, existe una clara coincidencia en afirmar que la falta de educación hacia estos temas está en el origen del escaso respeto al medio ambiente de muchos de los españoles; en segundo lugar, con porcentajes alrededor del 20%, se apunta a la escasa información como causante de esa situación. En tercer lugar, con porcentajes en torno al 10%, se señala la sensación de no encontrar cauces eficaces para posibilitar la participación. Son, en cualquier caso, factores externos; por tanto, y llamativamente, el ciudadano no parece atribuir ningún papel a la responsabilidad individual (tabla 20).

Tabla 21.1. Españoles vs. europeos ante el medio ambiente. Grado de respeto percibido (%)

Pregunta: ¿En términos generales, cree Ud. que el resto de los europeos siente más respeto y preocupación por el medio ambiente que los españoles?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudios 2209 y 2590).

Por otro lado, cuando se solicita un juicio comparativo con el resto de europeos, el ciudadano español es consciente de la distancia que separa nuestra pobre cultura medioambiental de la de países más avanzados (tablas 21.1 y 21.2). De este modo, más de la mitad de los españoles señalan que los comunitarios europeos sienten más respeto y preocupación por el medio ambiente que nosotros, si bien la brecha comienza a disminuir a la luz de los datos de 2005. Otra vez, las razones de la misma se imputan sobre todo, en opinión de los encuestados, a la educación que han recibido, así como a la cantidad de información disponible y, en alguna medida, a la diversidad de cauces participativos de los que disponen. También de nuevo es significativa la disposición pasiva que manifiesta el ciudadano español, como si la información no pudiera buscarse y los cauces de participación no pudieran conquistarse.

Tabla 21.2. Españoles vs. europeos ante el medio ambiente. Causas de la diferencia (%)

Pregunta: SÓLO A QUIENES AFIRMAN QUE EL RESTO DE LOS EUROPEOS SE PREOCUPAN MÁS POR EL MEDIO AMBIENTE QUE LOS ESPAÑOLES (1 en P2). ¿Y hasta qué punto: mucho, bastante, poco o nada, cree Ud. que esto es así...?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudios 2209 y 2590).

Una segunda subdimensión de las políticas de sostenibilidad tiene que ver con la percepción ciudadana del grado de responsabilidad de los distintos actores sociales y políticos a la hora de solucionar los problemas ecológicos (tabla 22). Queda claro, a la altura de 1996, que tanto los ayuntamientos como las autoridades políticas más cercanas a los ciudadanos, así como los propios ciudadanos, son quienes tienen la responsabilidad de hacer frente a este tipo de problemas. Así, el 31,8% piensa que debería ser el ayuntamiento, el 32,6% los ciudadanos, y el 30,9% que ambos. Nueve años más tarde, la opción conjunta aparece como mayoritaria (32,4%) mientras que la responsabilidad atribuida en exclusiva al ayuntamiento se mantiene en niveles no muy diferentes o sólo algo más baja (27,6%) y disminuye muy ostensiblemente la responsabilidad ciudadana (17,7%). Los Estudios 2209 y 2590 muestran, en cualquier caso, una clara apuesta por señalar tanto a gobiernos (a todos los niveles, si bien principalmente a nivel local) como a ciudadanos como los principales responsables del tratamiento del hábitat que nos rodea (72,6% en 1996 y 74,7% en 2005). Esta conciencia del propio papel del ciudadano en la consecución de la sostenibilidad reviste formidable importancia, por razones que se han expuesto ya con anterioridad, si bien, como veremos enseguida, entra en contradicción con otras posiciones ciudadanas.

Por otro lado, los ciudadanos poseen también juicios acerca de la efectiva actuación de los distintos niveles de gobierno en el tratamiento de los problemas medioambientales (tabla 22). Cuanto más lejano es el nivel administrativo, menor es la ejecutoria percibida del mismo. Así, en 2005 los ayuntamientos y los ciudadanos son percibidos como los más implicados en el respeto y la conservación del medio ambiente, seguidos a notoria distancia por el gobierno estatal y los gobiernos autonómicos. Esto puede responder a la intuición del ciudadano y a la influencia que el entorno cotidiano tiene en la formación de los juicios ambientales, pero no acaba de compadecerse con las competencias atribuidas a esas distintas administraciones públicas.

Tabla 22. Asunción de responsabilidades (qué nivel de gobierno y qué actores) (%)

Pregunta: De los siguientes grupos e instituciones, ¿quiénes cree Ud. que tienen más respeto y preocupación por el medio ambiente?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudios 2209 y 2590).

¿Debe el Estado, entonces, intervenir en favor del medio ambiente? Para los españoles, no hay duda: así es. De acuerdo con el Estudio 2557 de 2004, los españoles son claramente favorables al intervencionismo gubernamental a la hora de hacer frente a los problemas causados por el deterioro medioambiental. Así, casi el 80% piensa que los gobiernos deberían promulgar leyes que obligasen a los ciudadanos a respetar el medio ambiente, incluso si ello pudiera interferir con el derecho que tienen a decidir por sí mismos. Postura similar, incluso más firme aún, se da en relación a las empresas, que deberían acatar la legislación gubernamental por encima de sus propios intereses para casi el 90% de los españoles[7]. En cualquier caso, y a la vista de los dos estudios señalados del CIS (2209 y 2590) en los que estamos apoyando gran parte del análisis, tanto ya en 1996 como en 2005, los ciudadanos plantean que la responsabilidad de protección medioambiental no debería recaer única y exclusivamente en los gobiernos, sino que dicha acción protectora debería abrazar a la sociedad civil en su conjunto, además de a los españoles individualmente considerados.

Tabla 23. Responsabilidades colectivas compartidas (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudios 2209 y 2590).

Pregunta: De las frases siguientes, ¿con cuál está Ud. más de acuerdo?

Esta situación se acerca más al paradigma de la gobernanza medioambiental que emerge como paradigma político para la sostenibilidad en las sociedades avanzadas, donde el rol impulsor del Estado coexiste con una responsabilidad compartida en la toma de decisiones y su ejecución con otros actores públicos y privados. No obstante, creemos que ni la sociedad ni la economía españolas parecen ser aún lo bastante modernas para abrazar este enfoque de la política de sostenibilidad. Se trata, por lo demás, de la clásica aspiración regulativa, o de imposición de conductas, antes que su promoción indirecta o que la asunción individual de las mismas, como parte de una concepción verde del bien.

Entre las medidas más aplaudidas para proteger el medio ambiente se encuentran, a nivel general, el establecimiento de límites más severos a los niveles de contaminación de vehículos e industrias, así como el fomento de una mayor sensibilización ambiental a través de campañas de información. En el ámbito del transporte, existe un fuerte consenso para apoyar un transporte público y menos contaminante, así como para limitar la emisión de gases contaminantes de los vehículos nuevos. En el sector industrial, las medidas que cuentan con mayor amparo público son limitar la emisión de las industrias más contaminantes, aplicar a la industria el principio de que «quien contamina paga», así como exigir siempre formas de producción más limpias. En el sector energético el consenso está en evitar siempre que se pueda el uso de energía nuclear y del petróleo, así como favorecer el uso de otras menos contaminantes.

Se trata, predominantemente, de un enfoque regulativo basado en la sanción. Más del 90% de la población se mostraba de acuerdo en 1996 en que debieran tomarse medidas sancionadoras contundentes con las industrias y actividades económicas que no respeten las normas vigentes y perjudiquen el medio ambiente. El porcentaje sólo es algo menor respecto a otro tipo de actividades económicas, como la construcción de carreteras o urbanizaciones que puedan perjudicar el medio ambiente, situándose por encima del 73%. Esta cuadratura del círculo —ecologización y protección— es tan deseable como difícil de conseguir. Sin embargo, parece claro que el ciudadano no se muestra favorable a la remoción del modelo productivo ni a suspender la economía de mercado: es más reformista que rupturista y propende hacia una versión débil —y no fuerte— de la sostenibilidad.

Por otro lado, cabe destacar que se abre paso entre los ciudadanos la idea de que sólo mediante la coordinación internacional es posible solucionar los problemas medioambientales. Nada menos que el 91,4% está de acuerdo, o totalmente de acuerdo, en que deberían establecerse acuerdos internacionales sobre los problemas del medio ambiente, de forma que España y otros países estuvieran obligados a cumplirlos. Sin duda, la notoriedad del Protocolo de Kioto ha contribuido a popularizar esta razonable perspectiva; más discutible es la idea subyacente de que la mera existencia de un acuerdo internacional es garantía de su cumplimiento, como el propio Kioto pone de manifiesto.

Finalmente, en cuanto a los resultados obtenidos en la protección del medio ambiente y la búsqueda de la sostenibilidad en nuestro país, los ciudadanos españoles manifiestan una suerte de optimismo cauto, o confiado pesimismo (gráfico 3). En 1996, casi el 44% de los españoles declaraban que la situación del medio ambiente había mejorado algo, frente a un 16% que declaraban que había mejorado bastante. Este porcentaje conjunto es nítidamente superior al de quienes piensan que ha empeorado algo, bastante o mucho, que no llega ni tan siquiera al 15%. En 2005, nueve años después, la situación sigue la misma línea, si bien con cierta tendencia hacia el pesimismo. Los optimistas suman el 50%, frente al 22% que ahora piensa lo contrario.

Gráfico 3. Evolución histórica de la conservación y protección del medio ambiente en España (%)

Pregunta: En su opinión, en España, durante los últimos diez años, la conservación y protección del medio ambiente...

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudios 2209 y 2590).

Una de las causas de esta percepción pudiera estar en el escaso compromiso que los ciudadanos creen notar en el gasto de las administraciones públicas para la mejora medioambiental (tabla 24). En 1996, el 57,7% de la población pensaba que gastaban menos de lo que deberían en este sector; en 2005 el porcentaje ha aumentado hasta el 61,3%.

Tabla 24. Gastos de las administraciones públicas en la protección medioambiental (%)

Pregunta: Y, teniendo en cuenta que los recursos del Estado proceden de los impuestos, ¿cree Ud. que las administraciones públicas gastan lo suficiente, gastan más de lo que deberían o gastan menos de lo que deberían para proteger y conservar el medio ambiente?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudios 2209 y 2590).

3.2. Actitudes y comportamientos

3.2.1. Actitudes individuales, I: participación política y cívica

Sentada esta base, hay que preguntarse por las acciones de ciudadanía ecológica que efectivamente llevan a cabo los ciudadanos españoles. Se dirige ahora la atención a la política informal y a aquellas actitudes cívicas, ya sean domésticas o de consumo, que puedan poseer un significado político en sentido amplio.

Pues bien, la primera y más tradicional de las dimensiones de la política informal es la participación directa en movimientos sociales y en el tejido asociativo en general. ¿Qué nivel de participación política y cívica en movimientos y causas medioambientales muestran los ciudadanos españoles?

En relación con el activismo colectivo de tipo voluntario, existe, para empezar, un muy escaso conocimiento acerca de las asociaciones que trabajan sobre el particular. Tan sólo se da un reconocimiento público de Greenpeace (34,1%) y en mucha menor medida de ADENA (11,6%). Destaca, por tanto, el enorme porcentaje de «no recuerda» (54,5%)[8]. Naturalmente, a este desconocimiento se corresponde una condigna falta de militancia en asociaciones ecologistas, que no hace más que replicar en este ámbito la escasa disposición de los españoles al asociacionismo político (tabla 25). Todo ello está en consonancia con la muy escasa tasa de participación. En 2004 tan sólo un 3,8% de la población pertenecía a algún grupo o asociación cuyo objetivo era proteger el medio ambiente.

Tabla 25. Militancia en asociaciones ecologistas

* Porcentaje de miembros que pertenecen a una asociación conservacionista, medioambientalista o ecologista.

** Porcentaje de miembros activos e inactivos en una organización medioambiental.

*** Porcentaje de miembros que pertenecen a una asociación conservacionista, medioambientalista o de defensa de los derechos animales.

**** Porcentaje de miembros en una asociación medioambiental, pacifista o de derechos de los animales.

Fuente: Encuesta Mundial de Valores, 1990-1995-2000. Encuesta Social Europea, 2002-2003.

En cuanto a las prácticas colectivas, si bien tienden a identificarse con la militancia ecologista a través de asociaciones voluntarias o a la espontánea participación en manifestaciones de protesta, no se agotan en este somero catálogo de iniciativas. Existen otras posibilidades, desde la contribución económica a la financiación de campañas para la conservación de la naturaleza a la firma para la protección medioambiental. De hecho, según datos del CIS para 2004, la firma sigue siendo la práctica colectiva más ejercida (18,1%), seguida de la participación en actos de protesta (14,9%). Las donaciones a grupos ecologistas no llegan al 10% de encuestados, en una lista que cierra la pertenencia a grupos o asociaciones en defensa del medio ambiente con menos del 4% de ciudadanos involucrados (tabla 26).

Tabla 26. Activismo ecológico colectivo (%)

Pregunta: En los últimos cinco años…

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudio 2557, marzo de 2004).

Es posible afirmar así que el ciudadano español ni aprovecha los cauces participativos existentes —como la Agenda 21, por ejemplo— ni asume un papel activo en la defensa del medio ambiente. No obstante, sabe que tales cauces existen (gráfico 4).

Esta renuencia participativa, indicativa de una falta de tensión pública endémica en el ciudadano español, está en consonancia con la demanda de soluciones públicas para la sostenibilidad, de tal manera que el ciudadano se muestra dispuesto a cooperar con las autoridades en la realización de la misma, pero no tanto a participar políticamente en su definición democrática. Naturalmente, hay otras formas de participar en la política de sostenibilidad que serán analizadas en la siguiente dimensión empírica. Sin embargo, la participación política y cívica es una parte de la ciudadanía ecológica a la que el ciudadano español da por completo la espalda —reproduciendo una pauta de conducta que afecta a muchas otras causas cívicas en nuestro país como la ausencia de acción vecinal o la falta de control independiente del poder público, de tal manera que difícilmente puede considerarse el medio ambiente como una excepción a esta apatía participativa—. Y en este sentido, una hipotética ciudadanía ecológica española nacería ya severamente amputada de una de sus dimensiones, y precisamente, habría que añadir, de una que remite directamente a la virtud ciudadana y no a la obligación legal.

Gráfico 4. Mecanismos para denunciar el deterioro del medio ambiente

Pregunta: En el caso de que Ud. quisiera denunciar algún hecho o accidente relacionado con el medio ambiente, ¿a cuál de las siguientes instituciones acudiría?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudio 2209, mayo de 1996).

3.2.2. Actitudes individuales, II: esfera doméstica y consumo privado

Dentro de la esfera privada del individuo, a los efectos de nuestra investigación, se incluyen tanto el conjunto de actitudes cívicas relacionadas con el medio ambiente (que van desde el reciclaje al ahorro de energía, pasando por una actitud amistosa hacia los animales o el mundo natural en su conjunto) como la ecologización del consumo (vale decir, la opción por productos o servicios más benignos con el medio, con objeto de enviar un mensaje al mercado acerca de los valores de quien consume).

Así pues, ¿cómo actúan los españoles, en su esfera doméstica y privada, en relación con el medio ambiente? Son muchas las posibilidades que ofrece la vida diaria para el desarrollo, a título individual, de la conciencia medioambiental. Desde las actividades cotidianas realizadas a título personal en la esfera doméstica o privada —como el reciclaje de materiales, el ahorro energético en el hogar, el uso de transporte colectivo o la compra de productos respetuosos con el medio ambiente— a las que se desarrollan en el ámbito público —tales como el uso de papeleras o de contenedores para envases específicos, la participación en la limpieza de playas y bosques o la mera utilización del transporte público.

Es aquí, además, donde la comparación con el resto de países europeos tiene mayor sentido. Si bien existe un consenso prácticamente absoluto entre los países europeos a la hora de considerar que los gobiernos deben tomar en consideración el medio ambiente a la hora de diseñar sus políticas públicas, bien distinto es el panorama cuando analizamos los esfuerzos personales que tienen lugar en cada uno de los países.

Es entonces cuando salen a la luz las enormes diferencias entre los distintos estados, lo que demuestra una clara asimetría respecto al compromiso frente a los valores ecologistas y, de alguna manera, frente a los postmaterialistas que engloban a los anteriores. Así, en Luxemburgo y en Eslovenia, más del 70% de la población realiza algún tipo de acción para la defensa medioambiental. Porcentajes también bastante altos encontramos en Malta, Bélgica y Francia, por encima del 60%. Sin embargo, la ciudadanía de otros muchos países está mucho menos concienciada y participa en mucha menor medida de estos valores. Así, nos encontramos con el caso de Italia o de Polonia, con solo el 23% de la población habituada al ejercicio de algún tipo de sacrificio en pro de la defensa del medio ambiente, o los porcentajes no mucho más altos de Portugal, Chipre o Grecia. En España, el 40% de ciudadanos que declaran realizar este tipo de esfuerzos no es suficiente para alcanzar la media europea, situada en torno a tres puntos por encima (tabla 27).

Tabla 27. Conductas individuales proambientales. Europa (%)

Nota: N entre paréntesis.

Fuente: Special Eurobarometer 217. The Attitudes of European Citizens Towards Environment. Abril 2005.

Datos recientes, procedentes también de los eurobarómetros, destacan diferencias importantes entre países a la hora de actuar a favor del medio ambiente a través de actividades cotidianas privadas —como el ahorro de energía, la compra de productos ecológicos, el uso de formas menos contaminantes de desplazamiento o el reciclaje de desechos—. Así, el número de acciones cívicas, resultante de la división del número total de actividades entre la población de un país, marca una importante diferenciación entre el 3,7 de Luxemburgo o el 3,3 de Finlandia o Suecia, y el 1,5 de Bulgaria en compañía del 1,7 de Rumania y Lituania. España se mantiene en poco más del 2, por debajo en cualquier caso de la media de los 27, situada en 2,6. En todas estas actividades permanecemos por debajo de la media europea (tabla 28).

Tabla 28. Prácticas medioambientales individuales en la Unión Europea (%)

(N): Véase la tabla 27.

Fuente: Eurobarómetro especial 295. Marzo 2008.

En cuanto a las prácticas individuales públicas, llevadas a cabo fundamentalmente en la calle, hay que señalar que, a la altura de 1996, algunas actitudes de respeto ecológico estaban ya notoriamente extendidas; otras, no tanto. Entre las primeras, utilizar papeleras públicas para arrojar papeles (76,7% de forma habitual) o contenedores para depositar ciertos desechos (65,6% de forma habitual). Son costumbres, después de todo, que siempre han pertenecido al catálogo de la buena educación. Menos presentes están otras prácticas, como utilizar el transporte público, comprar productos ecológicos o participar en acciones en defensa del medio ambiente. Entre los pocos que realizan esta última actividad destaca la plantación de árboles y la limpieza de bosques y playas.

La evolución posterior no ha mejorado demasiado la situación, si bien podemos observar un ligero aumento en las prácticas públicas generales —aunque disminuye el uso del transporte público—. En 2005 tenemos, por vez primera, datos sobre actividades como el uso de puntos limpios para depositar electrodomésticos inservibles (con un 48% de uso habitual) o el uso de la bicicleta o el desplazamiento a pie (con un 46% de actividad cotidiana, cifra que aumenta hasta el 50% en la última medición del CIS de 2007). Las cifras más negativas destacan la escasa implicación en la limpieza voluntaria de playas y/o bosques, la falta de conciencia cívica para denunciar actos que atenten contra el medio ambiente o el uso continuado del automóvil en detrimento del transporte público colectivo (tabla 29).

Tabla 29. Activismo ecológico individual público (prácticas generales y desplazamientos) (%)

Pregunta: ¿Podría decirme, a continuación, si Ud., habitualmente, algunas veces o nunca...?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudios 2209, 2590, 2635 y 2742).

Datos pormenorizados del CIS para 1996 conectan con el panorama desarrollado anteriormente. Así, entre el conjunto de prácticas ecológicas individuales de aplicación pública, tan sólo la plantación de árboles recoge cierta adhesión ciudadana, con un cauto 28%, mientras que el resto de actividades, tal y como puede observarse a continuación, destacan por una muy escasa implicación (tabla 30).

Tabla 30. Prácticas ecológicas individuales públicas (%)

Pregunta: SÓLO A QUIENES HAN REALIZADO ALGUNA ACTUACIÓN O ACTIVIDAD A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE, EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS ¿Recuerda Ud., en este momento, cuál?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudio 2209, mayo de 1996).

En cuanto a las prácticas individuales exclusivamente privadas, desarrolladas fundamentalmente en el hogar, destaca como actividad el ahorro del agua. Porcentaje inferior es el de quienes usan bombillas de bajo consumo, si bien en este caso la predisposición a hacerlo en quienes no lo hacen es bastante elevada, por encima del 40%. Además, en este nuevo escenario de valores ecologistas presumiblemente en ascenso, es reveladora la ausencia de oposición a las conductas ecológicas, al menos en abstracto (tabla 31).

Tabla 31. Conductas individuales proambientales (%)

(N= 1.305).

Nota: Los casos de NS/NC aparecen excluidos en la fuente original.

Fuente: IESA. EBA, 2004.

De forma más exhaustiva, y a la luz de los estudios del CIS desde 1996, podemos afirmar que, junto a la economización en el uso del agua, se ha convertido en una práctica cotidiana más o menos aceptada la utilización de bombillas de bajo consumo y otros sistemas de ahorro de energía doméstica, como lo demuestra el ascenso producido en los últimos dos o tres años. En cualquier caso, la actividad doméstica más extendida según datos de 2007 es la separación de basuras, que ha aumentado más de 20 puntos en los últimos diez años. También es mayoritaria la desconexión de electrodomésticos que no se utilizan y, en el plano de la contaminación acústica, existe cierto consenso —no está claro qué práctica— en cuanto a la necesidad de evitar ruidos.

En cuanto al consumo responsable, los datos suministrados por el CIS son escasos, pero recientes. Antes de 2007 sólo contamos con datos relativos a la compra de productos ecológicos, cuya acción habitual se sitúa en niveles algo superiores al 20% de la población en 1996, y en el 12,8% en 2005. Es una compra esporádica y sin ánimo de continuidad: en torno al 40% en ambas mediciones. Sobresale también el hecho de que más del 30% en 1996, y casi el 38% en 2005, nunca hubiesen comprado productos ecológicos o no contaminantes. El estudio CIS de 2007 presenta otro tipo de actuaciones: así, el 16,3% adquiere habitualmente productos con envases que luego puede reutilizar, mientras que la compra habitual de electrodomésticos de bajo consumo es de más del 33%. Además, el estudio nos informa de un moderado uso del carro propio o bolsas personales a la hora de ir a comprar y de una muy escasa implicación en cuanto a la compra de ropas o prendas que incorporen materiales reciclables (tabla 32).

Tabla 32. Activismo ecológico individual privado (prácticas domésticas generales y hábitos de compra responsable) (%)

Pregunta: ¿Podría decirme si Ud., habitualmente, algunas veces o nunca...?

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudios 2209, 2590, 2635 y 2742).

Sin embargo, lo relevante es identificar el margen de diferencia entre la disposición al consumo responsable y la práctica real del mismo. Recientes datos, procedentes del Eurobarómetro, nos informan con precisión acerca de la amplitud de este segmento de diferenciación. Si bien para todos los países existe una importante brecha, no inferior a los 45 puntos de diferencia, entre la disposición al consumo responsable y la materialización de esta pretensión, en algunos como Chipre la asimetría alcanza los 77 puntos. La media europea se sitúa en 58 puntos, mientras que España presenta un desajuste moderado de sólo 53 puntos, con Dinamarca, Suecia y Austria a la cabeza de los países menos contradictorios (tabla 33).

Tabla 33. Disposición al consumo ecológico, compra efectuada y diferencia (%)

(N) entre paréntesis.

Fuente: Special Eurobarometer 295. Attitudes of European Citizens Towards the Environment. 2008.

En cuanto al perfil sociodemográfico del consumo responsable (tabla 34) encontramos, por lo general, una ligera mayor implicación del hombre, a excepción de la compra de productos ecológicos, donde los porcentajes son muy similares, siendo la acción de llevar el propio carro de la compra a los establecimientos aquella donde las mujeres aventajan a los varones en más de 13 puntos. En cuanto a la edad, la franja más joven destaca en la compra de productos mínimamente envasados y de ropa de segunda mano. Aquellos entrevistados entre 45 y 60 años se sitúan a la cabeza en la adquisición de productos con envases reciclables; también en la compra de ropa usada y el uso de su propia bolsa o carro de la compra. Lo más notable tal vez sea que mientras que la cohorte de edad que supera los 60 años no destaca en ninguna de las dimensiones del consumo responsable, es la franja comprendida entre 30 y 45 años la más activa en la mayor parte de actuaciones, desde la propia compra de productos ecológicos, productos con envases reutilizables y aquellos mínimamente envasados a la compra de ropa con materiales reciclables.

Tabla 34. Perfil sociodemográfico del consumo responsable (%)

(N=2.490).

Nota: Excluidos los casos de NS/NC. Interesa explicitar el porcentaje de individuos que actúan de forma positiva en cada modalidad. Los porcentajes obtenidos nos resultan suficientemente significativos como para no tener que explicitar el porcentaje en contrario ni la proporción de NS/NC, lo que por otra parte haría más compleja la presentación de datos en la tabla.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudio 2590, febrero de 2005).

Por su parte, el perfil sociodemográfico del activismo individual, tanto en su dimensión pública como privada, nos señala cierta tendencia a una mayor implicación en el caso de los hombres. En relación a la edad, la franja entre 45 y 60 es la que se muestra más activa en la mayor parte de las actividades, con la excepción del uso de papeleras, las acciones generales a favor del medio ambiente y la utilización de puntos limpios, donde sobresale mínimamente la cohorte 30-45. En cuanto al nivel de instrucción, no existe un patrón fijo de comportamiento, si bien es cierto que con la enseñanza universitaria aumentan la mitad de las acciones de nuestro repertorio. Tampoco el hábitat ofrece un modelo claro de comportamiento medioambiental, si bien es igualmente cierto que los municipios entre 400.000 y un millón de habitantes destacan en cuatro de las diez actividades ecológicas.

Tabla 35. Perfil sociodemográfico del activismo individual (%)

Nota: Excluidos los casos de NS/NC. Interesa explicitar el porcentaje de individuos que actúan de forma positiva en cada modalidad. Los porcentajes obtenidos nos resultan suficientemente significativos como para no tener que explicitar el porcentaje en contrario ni la proporción de NS/NC, lo que por otra parte haría más compleja la presentación de datos en la tabla.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudio 2590, febrero de 2005).

Desde este punto de vista, por lo tanto, la ciudadanía española destaca por su escaso grado de modernización, que se refleja en el tipo de conductas favorables al medio ambiente que cita en el catálogo de sus actividades cotidianas. Es notoria, en este sentido, la escasa importancia que posee el consumo ecológico y la consiguiente minoridad del mercado de bienes del mismo signo. Existen algunas prácticas de orden principalmente familiar, relacionadas con el ahorro de energía, que apuntan en la buena dirección, si bien son todavía escasos los ciudadanos que las observan. En su mayor parte, las prácticas de ciudadanía de los españoles pueden incluirse dentro del conjunto de sus deberes legales, antes que en la esfera de las acciones virtuosas en favor de la sostenibilidad, todavía desgraciadamente inusuales. Tal como señalaremos a continuación, el ciudadano español propende a la adhesión moral a la causa medioambiental, combinada con una cierta tendencia a la cooperación voluntaria en el ámbito doméstico y familiar, pero también con una escasísima disposición hacia la participación activa en causas medioambientales.

4. Conclusión: la debilidad de la conciencia medioambiental en España

Podría concluirse que la conciencia medioambiental de los españoles se caracteriza por su debilidad. De hecho, si consideramos al ciudadano ecológico como aquel en quien concurren no sólo el cumplimiento de las obligaciones legales ambientales, sino también un cierto número de virtudes morales y disposiciones prácticas hacia el entorno, puede afirmarse que el ciudadano ecológico español —todavía— no existe. Y esta ausencia constituye un evidente obstáculo para la transición de la sociedad española hacia la sostenibilidad.

Es cierto que la conciencia ambiental ha ido aumentando paulatinamente, en paralelo con el proceso de modernización relativa de nuestra sociedad. Pero también lo es que esa conciencia tiende a expresarse retóricamente —en forma de valores y opiniones ambientales— antes que actitudinalmente —mediante prácticas sostenibles—. Es decir, el ciudadano expresa valores ambientales, pero no los realiza en la práctica. Y esto, a la luz de la importancia que las esferas privada y doméstica poseen para la consecución de la sostenibilidad, debe ser motivo de preocupación. Sobre todo, porque permite poner en cuestión la verdadera solidez del compromiso ambiental del ciudadano español. Dicho de otro modo, que los valores no vayan acompañados de actitudes debe considerarse un índice de la debilidad de los primeros.

Semejante brecha entre conciencia y práctica ambiental no tiene que resultar sorprendente; se deduce con claridad de los datos empíricos que acabamos de presentar. Resumiremos ahora el tenor principal de estos y procederemos con ello también a su interpretación.

Ya hemos visto que el ciudadano español no está lo bastante informado sobre los problemas medioambientales, por más que los perciba de manera general como asuntos importantes o prioritarios. Es verdad que su concepción del mundo natural está más cerca de la visión ecocéntrica que de la antropocéntrica; aquel no es tanto un recurso como una entidad moralmente considerable. Sin embargo, tanto la inmediatez de los problemas ambientales más citados por los ciudadanos (urbanos y locales en su mayoría) como la pobreza de las fuentes de información a las que recurren (sobre todo la televisión) ponen en cuestión el fundamento de la mayor parte de los juicios ciudadanos al respecto, o, al menos, la coherencia de los mismos. El ciudadano español expresa una preocupación a la vez genérica y esencialmente moral sobre el estado del medio ambiente, pero que se diría más intuitiva —o recibida— que meditada.

De este modo, el ciudadano español expresa una preferencia ambiental, que otorga prioridad a la política ambiental sobre otras políticas estatales, pero parece esperar que esa preferencia se materialice exclusivamente en actuaciones administrativas, por cuanto no la traduce en su propia vida. Ni en sus preferencias públicas ni en sus comportamientos privados encuentra expresión esa preferencia. Por el contrario, el ciudadano espera que sea el Estado —con preferencia sobre el mercado y las costumbres espontáneamente generadas en la sociedad civil— quien conduzca a la sociedad en su conjunto hasta la sostenibilidad. Se trata de una visión unidimensional del proceso político y del funcionamiento mismo de la sociedad, en contradicción con las exigencias de un principio de sostenibilidad que demanda, por el contrario, un enfoque multidimensional y la participación de todos los actores sociales en un marco de gobernanza medioambiental.

Sea como fuere, este déficit de información y sofisticación analítica encaja con los datos más generales de información política y niveles de lectura en la sociedad española. Si entendemos la preocupación por el medio ambiente como un signo de modernización, los datos que presenta esta investigación pueden leerse como una advertencia acerca de los límites alcanzados por el proceso de aggiornamiento de nuestro país. Más allá de la complaciente visión que la sociedad española suele arrojar sobre sí misma, lo cierto es que padece notables déficit en aquellos indicadores que más directamente se relacionan con la conciencia ambiental: niveles educativos, educación cívica, asociacionismo. No es de extrañar que la conciencia ambiental y las prácticas sostenibles sean tan débiles; la sorpresa habría sido su emergencia en ausencia de las condiciones objetivas que suelen hacerla posible.

En todo caso, recuperando las categorías señaladas al principio de este trabajo, podemos establecer una distinción entre tres tipos de disposiciones ciudadanas hacia el medio ambiente, que nos ayudan a trazar el retrato del ciudadano ecológico español y a sintetizar los resultados de esta investigación: la adhesión moral, la cooperación voluntaria y la participación activa. Recordemos que se ha definido al ciudadano ecológico como aquel ciudadano que, con un grado variable de compromiso, susceptible de manifestarse en diferentes esferas —moral, doméstica, pública— de distintas maneras, muestra una disposición suficiente a coadyuvar en la realización de alguna forma de sociedad sostenible.

Pues bien, si la adhesión moral expresa un grado variable de conciencia ambiental, tenga esta o no expresión ulterior en el estilo de vida o las preferencias políticas de los ciudadanos, la cooperación voluntaria supone la adopción de conductas sostenibles en la vida privada que van más allá de lo que la ley exige, mientras que la participación activa implica el desarrollo de un compromiso con la causa medioambiental, mediante distintas formas de participación política y cívica.

Puede afirmarse que el objetivo de la sostenibilidad demanda, cuando menos, ciudadanos con suficiente adhesión moral y un grado razonable de cooperación voluntaria. Sería excesivo incluir la participación activa como un componente necesario de la misma, porque, a fin de cuentas, la movilización ambiental no puede ocupar a toda la sociedad. Hablamos de una sostenibilidad realista, no de una sociedad movilizada permanentemente en torno a ella.

Sucede que los ciudadanos españoles se caracterizan por un notable grado de adhesión moral —tal como se expresa en los trabajos de campo— que no encuentra correspondencia en su cooperación voluntaria ni en su participación política y cívica. En otras palabras, la proclamación de valores ambientales no tiene el debido reflejo en la vida de quienes los declaran. Es verdad que la sociedad española se caracteriza por su intrínseca debilidad cívica, pero cabría esperar una mayor semejanza entre los niveles de adhesión moral y los niveles de cooperación voluntaria, que son, a fin de cuentas, los que miden la virtud ecológica de la población. Es conveniente insistir sobre esto.

El rasgo dominante del concepto de ciudadanía ecológica es su énfasis en las responsabilidades y los deberes antes que en los derechos. Se trata, además, de deberes sin reciprocidad posible, por tener como objeto a un mundo natural que no puede respondernos. Dejando aquí a un lado las discusiones teóricas sobre el particular, hay que tomar en consideración el hecho de que no es lo mismo tener una obligación hacia el medio ambiente que forma parte de la legalidad vigente que asumir libremente una responsabilidad hacia el mismo por razón de las propias convicciones morales, que cristalizan en una virtud ecológica. Porque, ¿es un ciudadano virtuoso aquel que cumple con la ley? Más bien, se diría que es un ciudadano respetuoso con las normas; el título de ciudadano virtuoso deberá recaer en aquellos ciudadanos que desarrollan virtudes cívicas que van algo más allá de lo que dicta la ley —salvo que queramos atribuir especial mérito a hacer aquello que la ley nos exige.

De esta manera, el respeto al medio ambiente puede considerarse una virtud cívica, que tiene la peculiaridad señalada de no admitir reciprocidad: quien asume una ética de cuidado ambiental no puede esperar recompensa ni respuesta por parte del mundo natural. De ahí que parezca aconsejable distinguir entre el cumplimiento de las normas y el desarrollo voluntario de virtudes ambientales. De hecho, la obligación de cumplir normas ambientales puede tener como sujeto último al medio ambiente, pero no se contrae con este, sino con el Estado: es un deber legal, no moral. Será ciudadano ecológico, por lo tanto, quien asume al menos algún deber hacia el mundo natural que rebasa sus obligaciones legales.

Desde este punto de vista, el ciudadano español no puede considerarse un ciudadano ecológico: la virtud no es su fuerte. Tampoco, por cierto, en aquellos ámbitos en los que esa virtud no requiere de cuidados ambientales específicos, sino que puede encontrar acomodo en disposiciones privadas ligadas a hábitos de consumo —por ejemplo, el consumo ecológico—. La ausencia de consumidores conscientes, que emplean sus decisiones económicas para enviar mensajes al mercado, sería llamativa si no fuese previsible. A su vez, en el terreno intermedio de las prácticas domésticas no obligatorias, como el reciclaje o el ahorro de energía, nos encontramos con una adhesión creciente, pero también escasa, indicativa de la obsolescencia de la mayor parte de las costumbres domésticas españolas. Esto expresa, principalmente, un alto grado de irreflexividad, en el sentido de no tomarse en consideración la relación existente entre nuestra forma de vida y la más amplia organización de la sociedad; expresa, en fin, desinformación.

En este sentido, ya que no se puede esperar mucho, al menos por el momento, del ciudadano español como ciudadano ecológico, parece razonable pensar que la política pública más inteligente será una combinación de educación y punición: exigir la cooperación y fomentar la virtud. Más exactamente, habrá de exigirse la cooperación del ciudadano para que cumpla con los requisitos mínimos de una política de sostenibilidad, que deberán ser a su vez fijados en el debate y la toma de decisiones pública; y dejar al albur de su virtud el cumplimiento de máximos para la misma. Naturalmente, lo primero no puede hacerse sino a través de la ley y —sobre todo— de su efectiva aplicación; lo segundo, a través de la educación y del lento proceso autoinducido de cambio cultural de la sociedad.

Desde luego, España no se caracteriza por la ausencia de legislación, ni en materia medioambiental ni en ninguna otra; sí destaca, en cambio, por la lenidad de su cumplimiento y por la tibieza de las autoridades a la hora de exigirlo. Cuando hablamos de una política punitiva, no hablamos sino del efectivo cumplimiento de la legalidad vigente, que las autoridades deben procurar; nada más, pero también nada menos. No se debe renunciar a una pedagogía de la multa que puede ser especialmente eficaz para sancionar incumplimientos habitualmente percibidos por los ciudadanos como gratuitos, entre los que la violación de normas ambientales ocupa un lugar destacado. Simultáneamente, la educación pública debe procurar la inclusión y el reforzamiento del medio ambiente entre sus contenidos, si bien a nadie puede escapársele que esa inflexión educativa no sirve de nada si el más amplio contexto familiar y social no confirma —en lugar de desmentir— lo que se diga en el aula.

De hecho, en última instancia, el cuidado por el medio ambiente y el desarrollo de las virtudes ciudadanas asociadas a él están íntimamente ligadas a la modernización de una sociedad: cuanto mayores son los niveles de educación y bienestar, mayor es la conciencia ambiental y más frecuente la virtud ecológica. Mientras no se hayan resuelto aspectos más elementales de la relación con el entorno —como la suciedad en las ciudades o los niveles de ruido— es difícil pensar en un mayor refinamiento ambiental de la ciudadanía y la sociedad españolas. Sencillamente, problemas como los mencionados no son visibles para la mayoría de la población; menos aún los relacionados con el mundo natural entendido como sujeto moral.

Sin duda, el desafío de la sostenibilidad es el desafío de la modernización. Ahora mismo, la sociedad española no está preparada para abordarlo; la conciencia ambiental es débil y sólo generosamente puede hablarse de una incipiente ciudadanía ecológica. Es difícil pensar que, en las actuales condiciones, sea posible poner en marcha una gestión de la sostenibilidad basada en la gobernanza medioambiental, o asunción compartida de responsabilidad en la toma de decisiones y su ejecución. Sólo el abandono de la autocomplacencia y el reconocimiento de las propias taras puede conducir al ciudadano español a la mayoría de edad ambiental; y sólo la acción combinada del Estado, los agentes económicos y los ciudadanos puede hacer realidad una sostenibilidad no por lejana, en fin, menos urgente.

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Datos y fuentes

CIS 2209

Ámbito:

Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.

Universo:

Población española de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 2.500 entrevistas.

Realizada: 2.488 entrevistas.

Afijación:

Proporcional.

Ponderación:

No procede.

Puntos de muestreo:

162 municipios y 46 provincias.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios), y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los estratos se han formado por el cruce de las 17 regiones autonómicas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menos o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000; más de 1.000.000 de habitantes. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de ±2 para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización:

Del 6 al 10 de marzo de 1996.

CIS 2270

LATINOBARÓMETRO II, 1997

Ámbito:

Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.

Universo:

Población española de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 2.500 entrevistas.

Realizada: 2.476 entrevistas.

Afijación:

Proporcional.

Ponderación:

No procede.

Puntos de muestreo:

168 municipios y 44 provincias.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de ±2 para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización:

Del 5 al 14 de diciembre de 1997.

CIS 2322

BARÓMETRO DE MARZO

Ámbito:

Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.

Universo:

Población española de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 2.500 entrevistas.

Realizada: 2.499 entrevistas.

Afijación:

Proporcional.

Ponderación:

No procede.

Puntos de muestreo:

168 municipios y 47 provincias.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de ±2 para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización:

Del 24 al 28 de marzo de 1999.

CIS 2390

MEDIO AMBIENTE (International Social Survey Programme)

Ámbito:

Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.

Universo:

Población española de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 1.500 entrevistas.

Realizada: 958 entrevistas.

Afijación:

Proporcional.

Ponderación:

Según tamaño de la vivienda, como parte del diseño de la muestra.

Post-estratificación por edad y género (ver cuadro 1 al final del documento).

Puntos de muestreo:

141 municipios y 46 provincias.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) según la composición y tamaño de la vivienda seleccionada (Tablas de Kish). Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de ±2,58 para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización:

Del 1 al 15 de junio de 2000.

CIS 2557

OPINIONES DE LOS ESPAÑOLES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Ámbito:

Nacional.

Universo:

Población española de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 2.500 entrevistas.

Realizada: 2.499 entrevistas.

Afijación:

Proporcional.

Ponderación:

No procede.

Puntos de muestreo:

168 municipios y 47 provincias.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error real es de ±2,0% para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización:

Del 28 de febrero al 7 de marzo de 2004.

CIS 2590

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Ámbito:

Nacional.

Universo:

Población española de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 2.500 entrevistas.

Realizada: 2.490 entrevistas.

Afijación:

Proporcional.

Ponderación:

No procede.

Puntos de muestreo:

167 municipios y 47 provincias.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error real es de ±2,0% para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización:

Del 26 de enero al 6 de febrero de 2005.

CIS 2635

BARÓMETRO DE FEBRERO

Ámbito:

Nacional.

Universo:

Población española de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 2.500 entrevistas.

Realizada: 2.472 entrevistas.

Afijación:

Proporcional.

Ponderación:

No procede.

Puntos de muestreo:

228 municipios y 47 provincias.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error real es de ±2,0% para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización:

Del 20 de febrero al 2 de marzo de 2006.

CIS 2682

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (III)

Convenio:

Ministerio de Medio Ambiente.

Ámbito:

Nacional.

Universo:

Población española de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 2.500 entrevistas.

Realizada: 2.485 entrevistas.

Afijación:

Proporcional.

Ponderación:

No procede.

Puntos de muestreo:

237 municipios y 48 provincias.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error real es de ±2,0% para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización:

Del 28 de marzo al 9 de abril de 2007.

CIS 2742

BARÓMETRO DE NOVIEMBRE

Ámbito:

Nacional.

Universo:

Población española de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 2.500 entrevistas.

Realizada: 2.462 entrevistas.

Afijación:

Proporcional.

Ponderación:

No procede.

Puntos de muestreo:

236 municipios y 47 provincias.

Procedimiento de muestreo:

Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.

Error muestral:

Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error real es de ±2,01% para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Fecha de realización:

Del 23 al 30 de noviembre de 2007.

Índice de tablas y cuadros

1. Definición de medio ambiente (%)

2. Los problemas ecológicos en el conjunto de los problemas ciudadanos (%)

3. Grado de inmediatez e importancia para solucionar los problemas medioambientales (%)

4. Estado general del medio ambiente en España (%)

5. Percepción ciudadana de los cambios producidos para la mejora del medio ambiente (%)

6. Percepción ciudadana del deterioro general del medio ambiente (%)

7. Estado del medio ambiente en España a distintos niveles (%)

8.1. Percepción de la importancia de determinados problemas medioambientales (grado de inmediatez en su alcance) (%)

8.2. Percepción de la importancia de determinados problemas medioambientales (grado de importancia) (%)

9. Grado de información personal sobre el medio ambiente (%)

10. Plataformas utilizadas para informarse sobre el medio ambiente (%)

11. Plataformas informativas más fiables (%)

12. Perfil sociodemográfico del interés en el seguimiento de las noticias relacionadas con el medio ambiente (%)

13.1. Economía vs. medio ambiente (In-compatibilidades I) (%)

13.2. Economía vs. medio ambiente (In-compatibilidades II) (%)

13.3. Economía vs. medio ambiente (In-compatibilidades III) (%)

14. Disponibilidad personal al sacrificio por razón medioambiental (%)

15. Sacrificios concretos (%)

16. Grado de disponibilidad para mejorar el medio ambiente (%)

17. Modificación de hábitos de consumo (%)

18. Autopercepción de la capacidad de influir en el medio ambiente (%)

19. Cultura de los españoles hacia el medio ambiente. Situación y causas (%)

20. Causas de la falta de cultura medioambiental (%)

21.1. Españoles vs. europeos ante el medio ambiente. Grado de respeto perci-bido (%)

21.2. Españoles vs. europeos ante el medio ambiente. Causas de la diferencia (%)

22. Asunción de responsabilidades (qué nivel de gobierno y qué actores) (%)

23. Responsabilidades colectivas compartidas (%)

24. Gastos de las administraciones públicas en la protección medioambiental (%)

25. Militancia en asociaciones ecologistas

26. Activismo ecológico colectivo (%)

27. Conductas individuales proambientales. Europa (%)

28. Prácticas medioambientales individuales en la Unión Europea (%)

29. Activismo ecológico individual público (prácticas generales y desplazamientos) (%)

30. Prácticas ecológicas individuales públicas (%)

31. Conductas individuales proambientales (%)

32. Activismo ecológico individual privado (prácticas domésticas generales y hábitos de compra responsable) (%)

33. Disposición al consumo ecológico, compra efectuada y diferencia (%)

34. Perfil sociodemográfico del consumo responsable (%)

35. Perfil sociodemográfico del activismo individual (%)

Índice de gráficos

1. Grado de interés con el que sigue noticias relacionadas con el medio ambiente

2. Grupos sociopolíticos que más se preocupan por el medio ambiente (sólo para 1996)

3. Evolución histórica de la conservación y protección del medio ambiente en España

4. Mecanismos para denunciar el deterioro del medio ambiente

[1] Se entiende por capital natural al conjunto de elementos del mundo natural que son empleados o son potencialmente empleables en el sistema económico y social humano, por oposición al capital hecho por el hombre y al capital cultivado, es decir, el total de animales domesticados y plantas cultivadas por el hombre, así como sus derivados (Holland, 1999). En principio, el capital natural tendría como rasgo prominente la irreversibilidad de su destrucción. Sin embargo, parece más razonable diferenciar entre un capital natural crítico, constituido por las reservas ecológicas esenciales para la supervivencia humana (como los ciclos bioquímicos), un capital natural irreversible, del que forman parte elementos del mundo natural no regenerables, pero sin los que la sociedad puede quizá pervivir, y las llamadas unidades de significado, o elementos del mundo natural que poseen valor simbólico o representativo, pero nada más (sobre esto, cfr. Arias Maldonado, 2008: 163-164).

[2] Basta pensar en el cambio climático. La cooperación internacional ha culminado en una serie de acuerdos, que fijan objetivos de reducción de emisiones de gases contaminantes. Sin embargo, los gobiernos pueden esforzarse en estimular el cambio de modelo económico y en incentivar la investigación y aplicación tecnológica necesaria para hacerlo posible; no pueden, en cambio, decretar esa transformación, porque esta depende de múltiples factores que no pueden controlarse sin riesgo de provocar un daño aún mayor a escala global.

[3] Entre ellas, introducir temas en la agenda política, la movilización política, el lobbying y la creación de leyes internacionales, la investigación científica, la recolección de datos y su presentación al público, la gestión medioambiental y la acción directa. Igualmente, las organizaciones de base y las ONGs proporcionan servicios y ejecutan funciones que los gobiernos son incapaces de prestar, como restauración medioambiental, gestión y entrenamiento de proyectos, etc., sobre todo en los países en desarrollo, además de tomar creciente parte en los procesos multilaterales de toma de decisiones internacional (cfr. Elliot, 2004).

[4] Para un análisis exhaustivo de cada una de las dimensiones, véase el apartado 2.5.

[5] Excepcionalmente, estos datos no provienen del CIS, sino de la Fundación BBVA (2006), que proporciona los únicos disponibles al respecto.

[6] Este elevado porcentaje se debe a la peculiaridad en las opciones de respuesta para esta pregunta en el año 1996, donde únicamente se ofrecen seis problemas concretos más una opción de otros (carestía de la vida, inseguridad ciudadana, deterioro del medio ambiente, terrorismo, desempleo y droga), frente al mucho más extenso listado de problemas de los otros dos estudios de la tabla.

[7] Véase el Estudio CIS 2557 (2004).

[8] Datos extraídos del estudio CIS 2209 (1996).